Ayudas directas a empresasEl Gobierno transferirá los 7.000 millones a las CCAA en un máximo de 40 días, aunque llegarán más tarde a las empresas

El Gobierno ha aprobado este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario el Real Decreto-ley de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial, un plan que contiene hasta 11.000 millones, de los cuales 7.000 se constituyen en ayudas directas a empresas, como reclamaban los colectivos de autónomos, las patronales, los sindicatos y Unidas Podemos.

Según han explicado las ministras de Hacienda y Economía, María Jesús Montero y Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Ejecutivo se ha impuesto un plazo de unos 40 días para formalizar la orden de traspaso a las comunidades autónomas, que serán las encargadas de repartir los fondos, en base a los criterios establecidos en el plan React-UE y en la Agencia Tributaria.

Sin embargo, desde el Gobierno no han querido poner una fecha concreta a la recepción de las ayudas por parte de las empresas, aunque sí que han avanzado que las comunidades formalizarían este reparto "en un breve periodo de tiempo", ya que ya disponen de mecanismos de transferencias de ayudas directas al tejido productivo de cada territorio.

"El trabajo que hemos estado realizando ha tenido en cuenta la agilidad de las ayudas. El real decreto prevé que estos recursos se trasferirán las comunidades autónomas en un plazo muy reducido para que estén disponibles cuanto antes", ha avanzado en un primer momento Calviño.

En concreto, ha precisado posteriormente Montero, "en el plazo de un mes y 10 días debe estar formalizada la orden de reparto del fondo a las comunidades". La titular de Hacienda ha explicado que se tienen que establecer una serie de mecanismos y trámites, como la firma de convenios con los territorios o la recogida de los  "datos de la elegibilidad de las empresas" (sobre todo la caída de ingresos, que será el elemento principal para establecer el criterio de reparto); estos datos serán recabados por la Agencia Tributaria, y posteriormente los compartirá con las autonomías. "En un plazo de un mes y 10 días el Gobierno estará en condiciones de transferir los fondos", ha insistido.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos ha explicado que los fondos están destinados a empresas especialmente afectadas por la pandemia, como la hostelería, la restauración, el comercio al por mayor y minorista, sectores auxiliares del transporte o relacionados con la cultura. Para acceder a estas ayudas, los negocios tendrán que haber sufrido pérdidas de, al menos, un 30% en el nivel de sus ingresos en 2020, y deberán destinar el dinero para pagar gastos fijos y deudas.

2.000 a Canarias y Baleares, 5.000 al resto de comunidades

Además de criterios económicos, también se establecerán algunos requisitos territoriales, lo que se traduce en que las comunidades más golpeadas por la pandemia (por circunstancias estructurales de su tejido productivo) serán las que reciban más dinero. En esta línea, de los 7.000 millones de euros en ayudas directas, 2.000 millones están reservados a Baleares y Canarias, por ser las regiones más afectadas, mientras que los 5.000 millones restantes irán al resto de comunidades autónomas.

La cuantía de la ayuda variará en función del tipo de empresa, de manera que los autónomos que cotizan en el régimen de estimación objetiva en el IPRF podrán optar a una cantidad fija de 3.000 euros, mientras que el resto de autónomos y empresas podrán solicitar un rango de entre 4.000 y 200.000 euros, el importe máximo al que se podrá optar.

El importe de las ayudas ascenderá a un máximo del 40% de la caída de ingresos sufrida por la pandemia para micropymes y autónomos, y a un máximo del 20% en el caso del resto de empresas. Además, los negocios que sean beneficiarios de estos fondos deberán cumplir con una serie de criterios en los próximos años (muy parecidos a los que se impusieron en otros mecanismos como los ERTE), entre los que se encuentran un compromiso de mantenimiento de la actividad, la prohibición de reparto de los dividendos y aumento salarial de los directivos, o no estar en un paraíso fiscal, entre otras condiciones.

"Se trata de anticiparnos a importantes problemas de solvencia empresarial. Tratamos de aliviar la caída de ingresos de las empresas que pongan en peligro su supervivencia, de empresas viables que pongan en peligro la recuperación", ha defendido la ministra de Economía. Sin embargo, tanto colectivos como su socio de Gobierno, Unidas Podemos, han alertado de que el decreto ya llega "tarde", y han advertido de que muchos negocios tendrán que echar el cierre debido a este retraso.