Los Servicios Jurídicos del Estado presentaron ayer ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo dos demandas de ilegalización, una contra Acción Nacionalista Vasca (ANV) y otra contra el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV). En opinión del Gobierno, ETA-Batasuna 'controla asfixiantemente' a PCTV y ha sumido 'en una situación de total abdución' a ANV.

Con párrafos idénticos en ambos escritos de 83 y 79 páginas, la Abogacía del Estado insiste en que tanto ANV, como PCTV 'puntualmente', son los 'partidos de la izquierda abertzale, del complejo Batasuna, ilegalizado (en marzo de 2003) por su apoyo al terrorismo de ETA, la candidatura de ETA, en suma'. De hecho, Batasuna se felicitó públicamente de los nueve diputados autonómicos conseguidos por PCTV y de los concejales logrados por ANV.

Explica que aunque la negativa a condenar un atentado no es prueba suficiente para ilegalizar a un partido, su negación sí es un contraindicio. Como ejemplo pone a Zutik que ha desmentido públicamente cualquier relación con el terrorismo de ETA, lo que no han hecho ni ANV ni PCTV (EHAK en euskera).

ETA-Batasuna 'ha fagocitado a ambos partidos, apropiándose de su estructura y utilizándolos en las elecciones autonómicas de 2005 y en las municipales de 2007'.

Financiar a criminales

Además comparten con la formación ilegalizada en 2003 un sistema de financiación conjunta, que ha hecho que el abogado del Estado inste como medida cautelar la paralización de toda la financiación pública que ambos partidos reciban, porque si no, las sumas 'serían empleadas en la financiación de las actividades de una organización criminal'.

En el caso de PCTV la relación es bastante clara: cede su local a la cúpula de Batasuna y tiene contratadas a 48 personas procedentes de este partido, entre ellas, su responsable de prensa Juan José Petrikorena, quien da instrucciones precisas a los dirigentes del partido cuestionado ahora y se permite hasta recriminar una intervención radiofónica de su portavoz sin su visto bueno.

'Puede concluirse -dice la demanda- que no existe diferencia alguna entre PCTV y Batasuna, pues es PCTV quien la está sosteniendo financiera y económicamente y, por ende, a ETA'.

Por supuesto, también solicita la suspensión cautelar de actividades de ANV y PCTV y, en particular, de su derecho a presentar candidaturas o a proclamarlas. 'El interés general exige que su actividad cese en el menor tiempo posible, porque viene apoyando decididamente la actuación de una organización terrorista, ofreciendo amparo político y social a los actos criminales cometidos por ésta'.

Según la Abogacía del Estado, 'ETA no ha sabido o no ha podido salirse de su guión habitual: ante la ilegalización de sus partidos y ante la prohibición legal de crear otros que los continúen, ha intentado una estrategia compleja', que supone 'un burdo fraude'.

Para ello los representantes de ANV tratan de resaltar 'la apariencia de un partido entroncado en la matriz independentista, laica y republicana de los años 30, para arrojar, a modo de tinta de calamar, dudas sobre su real sustancia actual', mientras que 'el silencio absoluto de todos los miembros de PCTV fuera del Parlamento vasco ha constituido la regla básica de acción. El PCTV no existe más allá de su sumisa presencia parlamentaria en nombre de Batasuna'.