El repunte de la inflación en el mes de febrero ha encendido las alarmas en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. La titular de este departamento y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha trasladado a la parte socialista del Gobierno su preocupación por estos datos y ha alertado de que si no se toman medidas adicionales para rebajar el precio de los alimentos el IPC se mantendrá en torno al 5,6% y no podrá recuperar su tendencia descendente.

Según fuentes del ministerio, los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) vuelven a mostrar un nuevo encarecimiento de los alimentos y ponen de relieve que la rebaja del IVA en ciertos productos desplegada desde enero "ha supuesto un fracaso".

Por este motivo, los de Belarra insisten al PSOE en que estudien y se abran a negociar e incorporar de manera inmediata medidas que se han puesto sobre la mesa por parte de Podemos para contener el precio de la cesta de la compra. En concreto, la formación morada ha remitido a los socialistas dos fórmulas que apuntan a la rebaja de los precios, aunque no han recibido ninguna respuesta por parte de los de Pedro Sánchez, al menos hasta el momento.

Al principio, tras constatar que la rebaja del IVA no abarataba los precios en los supermercados, el Ministerio de Derechos Sociales propuso intervenir el mercado para limitar los precios, como el Gobierno ya hizo con los test de covid y las mascarillas durante los peores momentos de la pandemia. El objetivo era el de situar los precios en niveles que había en febrero de 2022, antes de que Rusia invadiera Ucrania y provocara una guerra a las puertas de Europa.

Tras no recibir respuesta del PSOE, los de Belarra optaron por una medida menos 'intervencionista': bonificar en un 14% el precio de algunos alimentos, de manera que el Estado se hiciera cargo de parte del coste de la cesta de la compra y aliviara así la carga económica de las familias más vulnerables. Esta fórmula está basada en el mecanismo de bonificación que se desplegó para los carburantes durante buena parte del pasado año.

Además, también propusieron que la Agencia de Información y Control Alimentarios monitorice los precios con carácter semanal, con especial atención a las grandes superficies, e imponga multas si las empresas aumentan sus márgenes de beneficio; en caso de infracción reiterada, la consideración pasaría a ser similar a la de un delito fiscal.

"La intervención en el mercado con medidas como el tope al gas o la limitación de la revalorización de los alquileres, que inicialmente tampoco obtuvieron respuesta por parte del PSOE, han sido determinantes para que España sea uno de los países con menor inflación de la UE", recuerdan desde Derechos Sociales. Por este motivo, piden a los socialistas que "reconsideren su posición y se avengan a adoptar cuanto antes medidas para aliviar la situación de los hogares, especialmente de aquellos con rentas bajas, que son los que destinan una mayor parte de su renta a la alimentación".