Brutalidad policial contra protestas obreras y malos tratos en las cárceles, la sombra que planea sobre Marlaska

Una pistola apuntando a la cabeza. Un número no determinado de porras impactando contra el cuerpo. Las rodillas clavadas seis horas contra el suelo. Todo ello con poca comprensión del castellano. Y todo ello a cargo de varios policías. Q. M. describió así su detención por parte de la Policía Nacional en junio de 2020 en Valencia. Según consta en un informe del Consejo de Europa, no fue el único que prestó un testimonio de ese calibre. Las miradas, una vez más, se dirigieron hacia el ministro Fernando Grande-Marlaska.

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) recogió el caso de Q. M. y el de otros ciudadanos que alegaron haber sufrido torturas o tratos degradantes en manos de cuerpos policiales en 2020, con Interior bajo la jefatura de Marlaska. De hecho, el CPT se vio en la obligación de pedirle al ministro que transmitiese a los policías "un mensaje contundente de que los malos tratos a las personas detenidas son ilegales, poco profesionales y serán objeto de las sanciones correspondientes".

"Durante el mandato de Marlaska se están produciendo una serie de vulneraciones de derechos fundamentales que no son investigados por parte de la Administración. De hecho, el CPT en su última visita evidenció muchísimos casos concretos de graves vulneraciones de ese tipo", señalaron a Público desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). 

"Los cuerpos policiales están descontrolados", afirma por su parte Jorge del Cura, miembro del Centro de Documentación contra la Tortura. En tal sentido, advierte que esta situación, que viene desde etapas anteriores a Marlaska, se ha mantenido bajo la gestión del actual ministro. "Ahora estamos viendo la derechización de los sindicatos y asociaciones de esos cuerpos", sostiene.

Durante las últimas semanas, las reiteradas cargas y redadas policiales contra las protestas obreras en Cádiz ha contribuido a aumentar la sombra de vulneraciones y brutalidad policial que persigue al ministro. A ello se añaden otros casos también recientes, como el despliegue policial del pasado lunes 13 en Sevilla contra una movilización que pedía la contratación de pediatras en el centro de salud del barrio de Amate. 

"El gran despliegue de agentes y la actuación de los mismos ante el grupo de vecinos y vecinas, entre los que se encontraban personas de avanzada edad y menores, muestran el peor lado represor de las fuerzas del orden", denunció APDHA, al tiempo que exigió que "se depuren responsabilidades entre los mandos policiales".

La asociación andaluza condenó además la "actuación despótica y desproporcionada de las fuerzas de seguridad, que se repite de manera alarmante con los sectores más afectados por la crisis".

Hace algo más de un año, Interior admitió que las cargas policiales desmedidas no suelen traducirse en procedimientos contra los funcionarios. En una respuesta enviada en septiembre de 2020 al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, el ministerio señalaba que "en cuanto al número de expedientes abiertos por el uso indebido material de defensa personal y pelotas de goma, cabe decir que introducidos los parámetros y variables de búsqueda de las cuestiones solicitadas en las bases de datos, no constan datos al respecto".

A día de hoy, el ministerio sigue adelante con los planes para dotar a los policías con porras extensibles y pistolas eléctricas. Inicialmente se prevé la distribución de las primeras 300 táser –un tipo de arma sobre el que existen graves denuncias por parte de organismos de derechos humanos– y alrededor de 15.000 bastones extensibles.

Ley Mordaza

La APDHA puso también el foco en otro asunto que ha acompañado a Marlaska a lo largo de su gestión: la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como ley Mordaza, cuya reforma es exigida por los organismos de derechos humanos.

En efecto, se trata de otro escenario conflictivo. Actualmente, las principales asociaciones de policías y guardias civiles –entre las que se encuentran las organizaciones más radicales de esos cuerpos– presionan a Marlaska y al Gobierno para que dicha norma se mantenga tal como está. PP, Vox y Ciudadanos apoyan las demandas de esos grupos policiales.  

Según consta en otra reciente respuesta de Interior al diputado Iñarritu, desde que Marlaska está al frente de ese ministerio se registraron más de 100 expedientes vía ley Mordaza por la difusión de imágenes de actuaciones policiales. 

"Puñetazos, patadas y golpes"

Las cosas no mejoran en el interior de los centros de reclusión. Según constató el CPT en septiembre de 2020 tras recorrer siete cárceles y dos psiquiátricos penitenciarios, "en todas las prisiones visitadas los presos se refirieron a varios funcionarios que buscaban provocar conflictos o que utilizaban cualquier pretexto para demostrar su poder sobre los reclusos, incluso mediante malos tratos físicos y abusos verbales".

La delegación europea "recibió un gran numero de alegaciones consistentes y creíbles de malos tratos físicos recientes por parte del personal, sobre todo en los módulos ordinarios denominados conflictivos que se consideraba que acogían a los presos más difíciles y en los módulos de régimen cerrado y departamentos especiales".

Asimismo, "los reclusos que cometieron actos de autolesión, algunos de los cuales padecían una enfermedad mental, también alegaron que fueron maltratados como castigo por haberse autolesionado".

"En la mayoría de los casos, los supuestos malos tratos consistían en bofetadas en la cabeza y en la parte superior del cuerpo por parte de funcionarios que llevaban guantes. Sin embargo, en cada una de las prisiones visitadas se recibieron varias denuncias mucho más graves de puñetazos, patadas y golpes con porras", describió el CPT.

De acuerdo a lo detectado por los expertos europeos, "algunas de las alegaciones estaban respaldadas por lesiones observadas por la delegación o anotadas en los historiales médicos. Sin embargo, la notificación y el registro de las lesiones fue, en general, totalmente ineficaz en las prisiones visitadas".

"Esperaban a Marlaska"

La sombra que persigue a Marlaska se remonta también a su etapa como juez de instrucción en la Audiencia Nacional. "Pese a la cantidad de personas que denunciaron torturas, principalmente detenidos por pertenencia o colaboración con ETA, en ningún caso dedujo testimonio para una investigación", afirma Del Cura.

De las 11 condenas dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra España por no investigar debidamente las denuncias de torturas, siete corresponden a detenidos que estuvieron a disposición de Marlaska, quien a día de hoy es recordado por los abogados de presos vascos por su negativa a atender las denuncias de tortura que formulaban los detenidos.

"Cuando empezaron a llegar las sentencias de Estrasburgo y el juez Baltasar Garzón hizo una especie de protocolo bastante light sobre malos tratos a personas incomunicadas, hubo un momento en el que el ahora ministro del Interior era el único de los seis magistrados de la Audiencia Nacional que no aplicaba ese protocolo. De hecho, la Guardia Civil y la Policía Nacional, cuando hacían detenciones incomunicadas, esperaban a que estuviera Marlaska de guardia", señala el portavoz del Centro de Documentación sobre la Tortura.