De la caja B a la comisión 'Kitchen': la corrupción del PP vuelve al Congreso

Los casos de corrupción del PP volverán a ser una vez más objeto de una comisión de investigación parlamentaria. Este jueves el Pleno de la Cámara Baja debate la creación de una comisión para investigar "la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de Gobierno del Partido Popular".

El PSOE y Unidas Podemos son los dos grupos que registraron la petición para crear este órgano, que ha sido bautizado como la comisión de la operación Kitchen, en referencia a a la denominación que recibió el operativo supuestamente desplegado desde el Ministerio del Interior para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas.

En la exposición de motivos, las dos formaciones proponentes explican que el levantamiento del secreto de sumario de la investigación "ha sacado a la luz hechos muy graves de utilización ilegal y partidista" de los recursos de Interior entre los años 2013 y 2015, por lo que consideran necesario que el Parlamento esclarezca las responsabilidades políticas de algunos de los altos cargos que en ese momento formaban parte de la cúpula del PP o de la estructura del Gobierno.

La mayoría de las formaciones de la Cámara, incluido Ciudadanos, han manifestado su apoyo para que la iniciativa salga adelante. Durante las últimas semanas, a medida que se han ido desvelando elementos de la investigación, el Parlamento ha sido el escenario de debates e intervenciones parlamentarias que se han centrado en señalar los supuestos casos de corrupción que estarían cercando al PP en uno de sus momentos políticos de mayor debilidad.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha dedicado buena parte de sus ruedas de prensa relativas a la Junta de Portavoces a denunciar la existencia de estos escándalos, acusando al PP de tener "una cultura de depredación de las instituciones" y de protagonizar casos de corrupción "en 20 de sus 30 años de historia".

Por todo ello, está previsto que este jueves se apruebe la creación de la comisión de investigación. Si esto sucede, los grupos comenzarán una negociación para establecer la dinámica de trabajos que seguirá el órgano y para designar una Mesa y una presidencia, que dirigirá su actividad. En la iniciativa registrada está previsto que la comisión tenga una duración de tres meses, un tiempo que se podría prorrogar si así lo decide el Pleno del Congreso.

Aunque todavía no se ha constituido, desde hace semanas las formaciones de la Cámara apuntan hacia algunos de los ex altos cargos que podrían comparecer en el órgano; de hecho, en la petición de creación de la comisión ya se mencionan algunos de estos nombres. En concreto, el PSOE y Unidas Podemos recuerdan que el informe de la Fiscalía recoge "contundentes indicios de la presunta puesta en marcha de una trama parapolicial dirigida por el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el que fuera su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el antiguo máximo responsable de la Policía, Eugenio Pino".

Unidas Podemos quiere que comparezca Pablo Casado

Además, añaden que algunas de las "pruebas" aportadas en el informe apuntan a que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy podría tener conocimiento de la trama, así como la ex secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, por su "interés personal" a raíz de la presunta existencia de documentación "comprometedora para ella misma".

Este martes, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, aseguró que, a su juicio, la comparecencia de Rajoy es ineludible, y apuntó hacia la posibilidad de que también compareciera el actual líder del PP, Pablo Casado. "Fue elegido presidente del PP con los votos de María Dolores de Cospedal y pactó la ejecutiva con ella", alegó el portavoz.

La comisión sobre la operación Kitchen no sería el primer órgano del Congreso monográfico sobre los escándalos de corrupción de los conservadores. Hace dos legislaturas, la Cámara mantuvo abierta durante casi dos años una comisión de investigación sobre la "presunta financiación irregular del PP", un espacio dedicado a investigar la supuesta existencia de la denominada caja B del partido por el que pasaron nombres como el de José María Aznar, el considerado cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, o el extesorero de la formación Luis Bárcenas.

La comisión sobre la supuesta financiación ilegal se cerró sin conclusiones. Sí que tuvo conclusiones la del uso partidista del Ministerio del Interior

En esta comisión también compareció Cospedal, y estuvo a punto de ser citado Mariano Rajoy tras la moción de censura que forzó su salida del Gobierno, pero el PSOE, el propio PP y el Grupo Mixto rechazaron que compareciese. A pesar de que los trabajos de la comisión duraron casi dos años, el adelanto electoral de abril de 2019 y el desacuerdo entre los grupos provocó un cierre en falso del órgano, que no sacó adelante unas conclusiones sobre la supuesta financiación irregular de los conservadores.

La que sí pudo sacar adelante unas conclusiones fue la comisión, también protagonizada por el PP, sobre el "uso partidista del Ministerio del Interior, bajo el mandato del ministro Fernández Díaz, de medios y recursos del Departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos". De hecho, el contenido de esta investigación parlamentaria se asemeja en algunos aspectos a los hechos que investigaría la comisión de la operación Kitchen, que también apunta hacia un uso partidista del Ministerio del Interior, en este caso para "anular pruebas inculpatorias del partido".

En septiembre de 2017 el Congreso concluyó que el Ministerio de Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz empleó fondos y recursos públicos, así como funcionarios del Estado para fabricar investigaciones fraudulentas contra sus adversarios políticos entre los años 2012 y 2017. El dictamen de la comisión fue aprobado en sesión plenaria por 172 votos a favor (Unidos Podemos, PSOE, ERC, PDeCAT, PNV y EH Bildu) y la abstención de Ciudadanos.