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Una campaña antimilitarista busca accionistas de bancos para denunciar en las juntas el dinero a la industria militar

La plataforma Banca Armada realiza su llamamiento anual para acudir a las asambleas de las principales entidades, a las que acusa de financiar proyectos armamentísticos. Los bancos aludidos defienden que sus operaciones tienen líneas rojas.

Desfile de las Fuerzas Armadas
Imagen de archivo de un desfile por el Día de las Fuerzas Armadas en Sevilla. EFE

Las organizaciones antimilitaristas que forman parte de la iniciativa Banca Armada ya se han puesto manos a la obra. Los promotores de esta campaña, dirigida a denunciar la financiación de proyectos militares por parte de los grandes bancos españoles, ha lanzado un llamamiento dirigido a aquellos accionistas que estén dispuestos a darles voz en las juntas de accionistas que se celebrarán durante los próximos meses.

"Este es un mensaje especialmente dirigido a las personas accionistas críticas de alguno de los grandes bancos convencionales del Estado español: BBVA, Banco Santander, CaixaBank, Banco Sabadell y Bankia". Así comienza el texto difundido por Banca Armada para recoger apoyos de cara a la campaña de este año, en el marco de la cual –tal como ya ha realizado en ocasiones anteriores– buscará llevar la denuncia antimilitarista al corazón de los bancos.

"Para ello, necesitamos que personas con acciones de estos bancos, pero críticas con sus prácticas nos cedan estas acciones para que podamos hablar en su nombre y explicar su colaboración con el negocio de la guerra", continúa el llamamiento. El objetivo, añaden, es dar a a conocer ante el resto de accionistas y medios de comunicación "algunas de las consecuencias que implican sus inversiones en la industria de armamento y contribuir a la concienciación de toda la sociedad".

"Es un espacio al que podemos acudir, ofrecer datos e interpelar directamente a los accionistas en torno a las inversiones de armamento o financiación a empresas de ese ámbito", destaca a Público Eduardo Aragón, portavoz de la campaña Banca Armada, quien subraya que esta iniciativa suele encontrar respaldo entre distintos accionistas críticos. "Parece mentira, pero con un número relativamente bajo puedes intervenir. Tenemos accionistas bastante fieles que año a año nos van cediendo acciones", apuntó.

Este año, la campaña tendrá una novedad: sus promotores lanzarán un modelo de carta de queja formal "para que los clientes, ya sean accionistas o no, puedan de alguna manera interpelar al banco", indicó Aragón. 

El portavoz de Banca Armada señala que cada vez que se plantean esas críticas hacia la financiación de la industria armamentística por parte de los grandes bancos españoles, desde dichas entidades "ofrecen respuestas ya preparadas que a veces ni siquiera tienen sentido con la pregunta que hemos planteado".  "Otras veces pasan de puntilla o nos responden con algo anodino que no resuelve el problema ni muestra mucha preocupación por la cuestión", añade.

En su último informe, esta plataforma antimilitarista sostiene que "el total de la financiación de la industria armamentista por parte de las entidades financieras que operan en España alcanzó la cifra de 11.969 millones de euros en el período 2014-2019", de los cuales más de 7.000 millones "provienen de cinco grandes entidades españolas". "Las supuestas políticas propias de inversiones en el sector de defensa no parecen cumplir su objetivo de reducir sus vinculaciones con las armas, sino que más bien al contrario las reafirman e impulsa", añadía el documento.

La cesión de acciones a Banca Armada para que sus miembros puedan tomar parte en las juntas de los distintos bancos implica un sencillo trámite. "Para cedernos tu voto, nos tienes que enviar la delegación de voto original firmada 10 días antes de la junta de accionistas de tu banco como fecha límite.  El tarjetón de delegación de voto firmado nos deberás enviar sin llenar el nombre de la persona que asistirá, ya que aún tenemos que confirmar los miembros de la campaña Banca armada que estarán presentes en cada una de las juntas de accionistas", explican los impulsores de la campaña. Este año, intentarán presentarse por primera vez en la junta de accionistas de Mutua Madrileña.

Las "líneas rojas" de los bancos

Tras conocerse esta iniciativa que afecta a las principales entidades del país, fuentes de la Asociación Española de la Banca señalaron a Público que no tenían información al respecto. Por su parte, desde BBVA se remitieron al documento Marco Mediomabiental y Social, en el que se indica que este banco no presta servicios financieros a productores de "armas controvertidas", así como a "empresas involucradas en la producción o comercialización de armas nucleares o componentes de armas nucleares en países no firmantes o que incumplen el Tratado de No Proliferación", entre otros.

En esa línea, Banco Santander también hizo llegar a este periódico sus bases en el sector de Defensa, donde se establece que no se realizará operación alguna con "empresas que fabrican, comercializan o distribuyen" minas antipersonas, municiones en racimo, armas químicas o biológicas, armas nucleares o "munición que contenga uranio empobrecido".

Por su parte, fuentes de Banco Sabadell señalaron que la política aprobada por el Consejo de Administración, que está "alineada con las directrices del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Unión Europea", no permite "invertir ni financiar operaciones relacionadas con armas controvertidas" o que estén "destinadas a países sujetos a embargo de armas (según relación de Naciones Unidas) o relacionadas con el sector armamentístico que el banco desestime por criterios propios". 

Mientras tanto, fuentes de Bankia subrayaron que su Política de Admisión de Operaciones de Crédito deja claro que "no se financiarán nuevas operaciones ni proyectos vinculados a empresas a las que se haya demostrado la violación de los derechos humanos y de lo que la entidad tenga conocimiento". Del mismo modo, desde CaixaBank indicaron que esta entidad no financia "la producción de material controvertido, ni tampoco la venta de material no controvertido a países donde hay un alto riesgo de violación de los derechos humanos". "Desde la entidad siempre se verifica que efectivamente nuestra financiación no se dedica a esas actividades. En caso de que no fuera así, la financiación se deniega", remarcaron.

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