La opacidad en la venta de armas y el elevado gasto de Defensa, focos del movimiento antimilitarista

Un negocio sobre el que reina el hermetismo. Una industria en crecimiento. Unos cuantos millones de euros que salen de las arcas públicas para dirigirse al terreno militar. Esos tres puntos han estado sobre la mesa en la octava edición de las Jornadas Antimilitaristas y de Memoria Histórica organizadas por el centro Gernika Gogoratuz, que ha contado con las experiencias y aportaciones de varios activistas e investigadores.

Durante dos días y de modo completamente online, las distintas conferencias han cubierto los principales focos sobre los que hoy trabaja el movimiento antimilitarista "en España y también a nivel mundial", subrayó a Público una de las ponentes, la investigadora del Centro Delàs de Estudios por la Paz Tica Font. 

Precisamente, su intervención ha girado en torno a la campaña impulsada este otoño por la Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ) junto a otras 50 organizaciones de la sociedad civil para pedir al Gobierno que "destine los más de 13.000 millones de euros previstos para armamento a inversión eco-social".

Con ese documento sobre su escritorio, Font destaca que "actualmente, tanto a nivel español como mundial, el antimilitarismo está centrado en reivindicar la disminución del presupuesto de Defensa en favor del presupuesto social". Esta petición se enmarca ahora en la crisis del coronavirus, lo que ha provocado nuevos reclamos en torno a la necesidad de redirigir las partidas relacionadas con gastos militares a políticas de carácter social. En ese contexto, la investigadora del Centro Delàs señaló que "la ayuda a la industria militar para el desarrollo de nuevos armamentos en 2021 alcanzará los 861 millones de euros".

Hermetismo oficial

Las jornadas de Gernika Gogoratuz también han servido para debatir sobre otro punto de la lucha antimilitarista actual: la opacidad que rodea al negocio de la venta de armas a países extranjeros. Debido a una resolución adoptada por el Gobierno de Felipe González en 1987, a día de hoy las actas de la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMMDU), organismo encargado de analizar las solicitudes de exportación de armamento, tienen carácter confidencial.

Este asunto ha sido llevado a los tribunales españoles por Greenpeace, que mediante una querella formulada por la vía contenciosa-administrativa ha denunciado la falta de transparencia que rodea al negocio armamentístico. La demanda ha sido admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Asimismo, a finales del año pasado varias organizaciones presentaron una demanda en el Tribunal Penal Internacional contra los gobiernos que han permitido la venta de armas a Arabia Saudí pese al riesgo de su utilización en la guerra de Yemen.  

En ese ámbito, distintas organizaciones que trabajan a favor del desarme denuncian también los permisos otorgados por el Ejecutivo español a la naviera pública saudí Bahri, cuyos barcos se encargan de transportar armamento que posteriormente es utilizado en los ataques contra Yemen. 

En reiteradas ocasiones, el Ejecutivo se ha negado a proporcionar información sobre qué tipo de cargas realizan estos buques en los puertos españoles, donde además se han detectado maniobras de ocultación por parte de los barcos saudíes. 

Este tema fue expuesto durante las jornadas de Gernika Gogoratuz por Joseba Sanz, militante de la plataforma La Guerra Empieza Aquí de Ongi Etorri Errefuxiatuak (Bienvenidos Refugiados). En concreto, narró la experiencia vivida por ese colectivo en el puerto de Bilbao, donde hubo diferentes movilizaciones y actos de denuncia contra la presencia de los buques de Bahri. 

Robots asesinos

Asimismo, el encuentro de Gernika Gogoratuz también dio a conocer la campaña global contra las armas letales autónomas que lleva a cabo "Stop Killer Robots" ("Stop Robots Asesinos"). En esa línea, el investigador catalán Joaquín Rodríguez presentó la iniciativa desarrollada en distintas universidades europeas para tratar de impedir que las entidades educativas colaboren con la producción de ese tipo de armamento. 

"Con estas jornadas buscamos mantener un espacio de reflexión y análisis sobre la agenda de paz y las luchas antimilitaristas", afirmaba a Público en el tramo final de las jornadas el presidente de Gernika Gogoratuz, Jokin Alberdi. "Desde los movimientos sociales tenemos la labor de denunciar la agenda militarista y securitaria", afirmó tras repasar el contenido de los dos días de conferencias. En las oficinas de esa organización ya piensan en la novena edición.