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El Gobierno justifica la venta de armas al régimen saudí durante los ataques contra Yemen

En una respuesta enviada al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, el Ejecutivo asegura que el comercio de material militar con la monarquía absolutista de Salmán bin Abdulaziz no vulnera ningún tipo de normativa internacional.

Ataque en Yemen
Imagen de archivo de un ataque militar en Yemen. REUTERS

Los bombardeos en Yemen no entran dentro de los supuestos que podrían interrumpir el millonario comercio de armamento con Arabia Saudí, autor principal de dichos lanzamientos de misiles contra la población civil. Así lo indica el Gobierno, que vuelve a cerrar filas con las decisiones adoptadas por la junta interministerial encargada de conceder las autorizaciones para la venta de material militar al régimen de Salmán bin Abdulaziz.

En una respuesta enviada al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, el Ejecutivo rechaza cualquier modificación en su política de venta de armas a dicho país, al tiempo que defiende lo realizado hasta ahora. Según datos oficiales, España figura entre los principales vendedores de armamento a Arabia Saudí, un negocio que mueve miles de millones de euros y que se incrementó tras el inicio de la campaña militar contra Yemen.

En tal sentido, Iñarritu cursó una serie de preguntas escritas al Gobierno para tratar de establecer, entre otras cosas, las razones del aumento de licencias concedidas para la exportación de armamento a Arabia Saudí en 2019, cuando se autorizaron 22 operaciones frente a las 4 permitidas en 2018.

Del mismo modo, el diputado de EH Bildu preguntó al Ejecutivo por qué no revocó "ninguna de las autorizaciones de bombas, munición y piezas de repuesto para aviones de reabastecimiento de vuelo concedidas bajo el Gobierno del PP, pese al riesgo sustancial de que la coalición saudí podría utilizarlos en los bombardeos en Yemen, muchos de los cuales violan el derecho internacional humanitario y decenas de los que podrían considerarse crímenes de guerra".

También intentó establecer "qué organismo se encarga del seguimiento de las decenas de presuntos crímenes de guerra cometidos por la coalición saudí en los más de 21.000 ataques aéreos realizados sobre Yemen en estos cinco años y medio de conflicto", y si "acaso estos ataques no son ‘indicios racionales’ para que España suspenda estas exportaciones" en aplicación de la ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso vigente a día de hoy.

En su respuesta, el Gobierno alega que "los países de la Liga Árabe que forman parte de la coalición contra los rebeldes en Yemen no están sometidos a embargo alguno por parte de la Organización de las Naciones Unidas
 ONU) o la Unión Europea en la exportación de armamento o de material policial y antidisturbios".

Del mismo modo, sostiene que "las autoridades españolas están firmemente comprometidas con la normativa nacional e internacional que tiene por objeto el control efectivo del comercio exterior de material de defensa y productos o tecnologías de doble uso, cumplen estrictamente esta legislación, siguen las recomendaciones de la ONU y anteponen el respeto y la preservación de los derechos humanos por encima de cualquier otro interés".

El Gobierno defiende que su "reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso" cuenta desde 2019 con "un instrumento de verificación ex post de algunos envíos de productos sensibles a destinos de especial preocupación". En esa línea, sostiene que "si se tuviese conocimiento o existiese riesgo de uso indebido de los materiales exportados" se podría "suspender o revocar una autorización
previamente concedida".

Denuncia en La Haya

La posición del Ejecutivo en este asunto choca con lo manifestado en reiteradas ocasiones por distintas organizaciones de derechos humanos, entre las que se encuentran Amnistía Internacional (AI) o el Centro Delàs de Estudios por la Paz, que a través de distintos informes han advertido sobre la necesidad de que España deje de vender armamento a Arabia Saudí.  

A finales de 2019, AI y el Centro Delàs impulsaron junto a otras organizaciones europeas una demanda ante la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional para que se investiguen responsabilidades empresariales y políticas en España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido respecto a la venta de armamento a Arabia Saudí en plenos ataques contra Yemen.

  

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