MADRID.- La Audiencia Nacional ha decidido no admitir a trámite una querella contra los responsables de la sobretasación de pisos y las hipotecas de alto riesgo de Caja Madrid entre los años 2003 y 2009, durante la etapa de presidencia de Miguel Blesa.

La decisión, adoptada por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, obliga al juez José de la Mata a cerrar la querella que admitió a trámite el pasado 30 de marzo. Esta querella fue presentada por dos accionistas, en consonancia con la decisión adoptada por una asamblea del 15-M (el grupo de trabajo autodenominado Tribunal Ciudadano de Justicia y que investiga las estafas que existen detrás de la crisis económica).

En concreto, la querella fue admitida a trámite contra Miguel Blesa y una veintena de altos cargos de Caja Madrid por los supuestos delitos de estafa, administración desleal, falsedad y asociación ilícita.

La Sección Tercera rechaza el auto de admisión del juez central de instrucción número 5, quien entendió que había que investigar las conductas de estos directivos porque habrían permitido el falseamiento y ocultación de las cuentas de Caja Madrid, mediante la práctica de sobrevalorar inmuebles en la concesión de préstamos hipotecarios.

Esta práctica se habría llevado a cabo por Tasaciones Madrid, S.A., la tasadora que habría sobrevalorado “de forma sistemática” los precios de los inmuebles para conceder préstamos por encima del 100% del valor hipotecado.

El magistrado José de la Mata admitió a trámite la querella contra el entonces presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, el director general, Ildefonso Sánchez Barcoj, y los responsables de la Dirección General de la Unidad Financiera y la Gerencia de Riesgos de la Caja.

La Sala entiende que no es posible hablar de una mala práctica generalizada, dado que se presentaron cien casos, y considera que la diferencia entre el precio de compraventa y el valor de tasación pudo obedecer en muchos casos a que se escrituró un precio inferior al real. Además, en el proceso de la fijación del precio no interviene la entidad financiera,

La Audiencia Nacional admite que en algunas operaciones pudieron existir tasaciones "de baja calidad", pero dichas valoraciones fueron posteriores a que comenzaran a caer los precios del mercado de la vivienda. "Lo que es difícil de probar se convierte en un delito imposible", explica el auto, máxime cuando la certificación de la tasación tiene una validez de tres meses, lo que implica el reconocimiento de la evolución constante del precio dela vivienda.

Los jueces consideran que Caja Madrid no "engañó" a los que compraron cédulas hipotecarias referenciadas a los préstamos, que obtuvieron el retorno previsto de su inversión. Asimismo, no se ha demostrado que la caja tuviera una "normativa expresa y detallada de orden interno" sobre las tasaciones, sino que aplicaba políticas de riesgo.

Documento auténtico, aunque pueda ser 'inveraz'

El auto reconoce que las tasaciones eran documentos auténticos, por lo que "la mendacidad en el valor de tasación, si hubiera existido, no convertiría el documento en inauténtico, sino simplemente inveraz" o erróneo.

También rechaza que se haya producido un delito de malversación de caudales públicos: los directivos de Caja Madrid no eran servidores público, explica el auto, ni tampoco los caudales que gestionaban.

'Bankia no es sucesora directa de Caja Madrid'

Es de resaltar que Caja Madrid tuvo que ser rescatada con dinero público en el año 2010.

A este respecto, la Sala entiende que Bankia  "no es sucesora directa de Caja Madrid", puesto que entró a formar parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en el año 2010, después de que ocurrieran los hechos denunciados "y antes de la intervención del FROP sobre Bankia".

El juez José de la Mata había requerido a Bankia la documentación de los órganos de gobierno de Caja Madrid, ya que recibió el negocio financiero de la entidad rescatada.

La Fiscalía Anticorrupción se opuso a la admisión a trámite de la querella al entender que  la sobrevaloración de las tasaciones fue "una práctica generalizada" por todas las entidades y descartar que hubiera existido delito alguno.