Carrera en el Constitucional para resolver los recursos contra las leyes clave del Gobierno de coalición

La especial circunstancia en el Tribunal Constitucional (TC), tras la reciente renovación del tercio de magistrados propuestos por el Congreso, en relación a la corta duración de la nueva presidencia, que caducará en junio de 2022 cuando abandonará el tribunal su actual presidente, el magistrado conservador Pedro González-Trevijano por llevar ya nueve años en el TC, convertirá este periodo, dominado por una mayoría conservadora, en una especie de carrera por dictaminar sobre los recursos del PP y Vox contra las leyes y decretos leyes del Gobierno de coalición, según prevén fuentes del TC.

La mayoría conservadora del TC acabará previsiblemente en siete meses, porque en junio de 2022 se deben renovar otros cuatro magistrados: dos propuestos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y otros dos nombrados por el Gobierno. Con estas dos últimas incorporaciones se invertirá el equilibrio de fuerzas en el máximo tribunal de garantías, pasando de la composición actual de siete magistrados conservadores frente a cinco progresistas a justamente la inversa.

Por eso hay prisa en resolver las cuestiones de impugnación planteadas por los partidos de derecha respecto a las leyes clave de esta legislatura, según indican fuentes del TC a este diario. La agenda está en manos de la presidencia conservadora de González-Trevijano, que tiene potestad para establecer el orden del día de las reuniones del Pleno y distribuir los asuntos entre las dos Salas del Constitucional. Estas fuentes vaticinan un "acelerón" hasta el próximo mes de junio para que queden resueltos los recursos más polémicos, como son los relativos a las leyes sobre aborto, educación y eutanasia. 

Hasta ahora, el TC ha ido avalando las políticas más emblemáticas del anterior gobierno del PP, como la Ley Mordaza y la relativa a la prisión permanente revisible. También ha apuntalado el delito de ultraje a la bandera. Por el contrario, en la relativo a la producción legislativa del Gobierno de coalición ha declarado inconstitucionales tres decretos relativos a la gestión de la pandemia, tumbando los dos estados de alarma y el cierre del Congreso de los Diputados durante las primeras semanas del confinamiento. 

La continua batalla judicial que libran PP y Vox contra las políticas del Gobierno de coalición tiene en el Constitucional un recurso clave. Los meses que quedan hasta la próxima renovación del TC serán esenciales para que las leyes más trascendentales del actual Gobierno reciban el aval o el rechazo el máximo órgano constitucional. No sólo leyes, está en juego la subida del impuesto de Patrimonio contemplada en los presupuestos de 2021 y que recurrió el PP; el decreto ley antidesahucios; y el reparto de los fondos europeos para paliar la pandemia. 

Carambola del destino: el aborto va a parar a Arnaldo

Los nuevos magistrados del TC --Inmaculada Montalbán, Concepción Espejel, Ramón Sáez y Enrique Arnaldo--, han recibido los asuntos pendientes de los cuatro magistrados que acaban de salir del tribunal: Andrés Ollero, Encarnación Roca, Juan José González Rivas y Fernando Valdés, que había renunciado al cargo en 2020 al verse implicado en un presunto maltrato machista. El criterio seguido ha sido la edad tanto de los salientes como de los nuevos magistrados. Así, el polémico Enrique Arnaldo, propuesto por el PP, será el ponente de la sentencia sobre el recurso del mismo PP a la llamada ley de plazos actual en relación al derecho de aborto; un asunto heredado de Andrés Ollero, segundo con más edad entre los cesantes, idéntica circunstancia que representa Enrique Arnaldo entre los que acaban de entrar. 

Si Ollero es ultracatólico, puede que Arnaldo no se quede atrás. Al menos así lo parece a la vista de la opinión mostrada públicamente en varios artículos. En uno de ellos tildó de "ocurrencia" la posibilidad de que las jóvenes de 16 años puedan abortar sin consentimiento familiar, tal cual contempla la actual ley. 

El PP recurrió ante el Constitucional esta ley en 2010, cuando fue aprobada durante el gobierno de Rodríguez Zapatero. El tribunal de garantías no contempla plazos ni debe dar explicaciones ante retrasos en sus deliberaciones, aunque sean de más de diez años. Fuentes del tribunal indican que este recurso será uno de los primeros que se estudien en este breve mandato de González-Trevijano. La lupa estará puesta en la ponencia de Arnaldo, aunque es difícil aventurar sorpresas en cuanto a su postura.

Educación concertada y segregada

La llamada Ley Celaá de Educación contempla la prohibición de que colegios que segregan por sexos reciban ayudas y conciertos públicos. La ley, que entró en vigor en enero de 2021, elimina al castellano como lengua vehicular y prohíbe la cesión de suelo público para la construcción de colegios concertados. Estos son los principales argumentos que han llevado al PP y a Vox a recurrirla ante el TC. De las ponencias sobre esas impugnaciones se encargarán dos magistrados del bloque conservador: Ricardo Enríquez y Antonio Narváez.  La sentencia estaría ya lista desde antes de la reciente renovación del TC y parece que la mayoría de los magistrados se inclinan por declarar inconstitucionales algunos preceptos de la ley.

Eutanasia, un derecho en peligro

Otros dos recursos pesan sobre la Ley Orgánica 3/2021 que regula la Eutanasia, uno del PP y otro de Vox. Del primero se encargará el magistrado Cándido Conde Pumpido, del bloque progresista, y del segundo, Ramón Sáez, también considerado progresista. Los dos partidos derechistas han centrado su batalla ideológica en esta ley que permite morir con dignidad a las personas con enfermedades terminales. 

Sin consenso respecto al 'procés'

Tras la elección, el pasado 19 de noviembre, de González-Trevijano como presidente y de Juan Antonio Xiol como vicepresidente, el TC abre un periodo de búsqueda de consensos, según explican fuentes del tribunal, tras la división interna que lleva evidenciando desde hace unos dos años. Sentencias muy importantes han quedado aprobadas por escasísima diferencia, como ocurrió con el primer estado de alarma, que fue declarado inconstitucional por seis votos a cinco. Según explican esas fuentes, los asuntos que lleguen al Pleno serán previamente consultados entre los magistrados para intentar recabar para los proyectos de sentencia el máximo consenso antes de ser deliberados. 

Sin embargo, la cuestión que no va a reunir el ansiado consenso es el recurso que presentó el presidente de ERC, Oriol Junqueras, contra la sentencia del 'procés', en vista de los votos discrepantes de los progresistas María Luis Balaguer y Juan Antonio Xiol en los anteriores recursos de los líderes independentistas por considerar falta de proporcionalidad en la condena impuesta por el Supremo.

Diputados que podrían perder su escaño

Otro asunto importante pendiente de deliberación es el relativo a los recursos del PP, Ciudadanos y Vox contra el acuerdo de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, relativo a las fórmulas de acatamiento utilizadas por algunos diputados durante la sesión constitutiva del Congreso en la anterior legislatura, el 21 de mayo de 2019, y también respecto a la presente legislatura.

En diciembre de 2019, 29 diputados de ERC, Bildu, Junts, CUP y Unidas Podemos recurrieron a fórmulas poco ortodoxas a la hora de tomar posesión de su escaño. Por ejemplo, los independentistas prometieron la Constitución "por la libertad de los presos políticos" o "por la república catalana", y expresaron su "lealtad" al mandato del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, entre otras fórmulas. 

El asunto no es baladí. Si el TC tumba el acuerdo de Batet por el que permitió las diferentes fórmulas de acatamiento, los diputados --y también una veintena de senadores-- que las realizaron podrían perder el escaño si el TC anula sus acatamientos constitucionales. 

Mucha relevancia tendrá también la decisión del Constitucional sobre la reforma de la ley que modificó el régimen jurídico del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando está en funciones, como ocurre desde hace tres años, con la finalidad de que no pueda realizar nombramientos en la cúpula judicial. De nuevo, PP y Vox recurierron al TC. Su dictamen será fundamental porque en junio de 2022 si no se ha renovado el CGPJ es probable que no pueda nombrar a los dos magistrados que le corresponde para el Constitucional. Y si el CGPJ no puede nombrar a sus dos candidatos, el Gobierno quizá tampoco pueda hacer lo mismo con los dos que le toca nombrar, porque la renovación de los doce magistrados del TC se hace por tercios en bloque.