Julio César Monge acaba de marcar otro hito en su lucha contra el olvido. Este español residente en El Salvador, familiar de varios fusilados por el franquismo, reclama que en Dueñas (Palencia), la localidad que vio crecer a sus antepasados, se retire de una vez y para siempre un monumento que reivindica la memoria de los asesinos. Su reivindicación ha sido recogida y contestada por Moncloa. 

Pocos días antes de que el Gobierno concretase la exhumación de José Antonio Primo de Rivera, una carta de gran valor simbólico atravesó virtualmente el Atlántico y llegó al ordenador de Monge, ese mismo ordenador en el que se acumulan documentos con peticiones enfocadas en la cruz a los caídos que, con el nombre del líder falangista en primer término, homenajea a la dictadura en Dueñas.

"Gracias por escribir al presidente del Gobierno. Le contestamos en su nombre", empieza la nota remitida desde La Moncloa. Solo por esos primeros dos renglones, Monge sentía que había dado otro paso contra  la apología de la dictadura que aún pervive en el municipio de sus familiares. Pero aún había más.

En esa nota, Sánchez transmite su "más sincero apoyo y reconocimiento a todas las víctimas que, como sus familiares, sufrieron la violación de los derechos humanos en España durante la Guerra Civil y la Dictadura". "Estamos convencidos de que la memoria democrática es imprescindible para seguir construyendo una sociedad más justa y en paz", subraya.

El presidente destaca además que "la nueva Ley de Memoria Democrática ilegaliza todas las manifestaciones públicas de exaltación al franquismo, desde monumentos y placas hasta topónimos y nombres de vías públicas", y recuerda que "tanto administraciones como particulares serán objeto de sanción de no cumplir con esta normativa".

"Comprendemos que ninguna ley puede compensar el dolor causado. Lo que esperamos es que con este paso se pueda por fin saldar una deuda histórica con todos los españoles y españolas y hacer un país más democrático", señala Sánchez.

La cruz de Dueñas

Respecto al caso concreto de la cruz franquista en Dueñas, sugiere a Monge que se ponga en contacto con a ponerse en contacto con la Dirección General de Memoria Democrática, encargada de velar por el cumplimiento de la nueva ley. "Le agradecemos de nuevo que haya compartido con el presidente sus inquietudes. Para él es muy importante conocerlas" acaba la carta.

Ahí está precisamente el calvario de este hombre. En noviembre  pasado, pocas semanas después de aprobarse la Ley de Memoria Democrática, se dirigió por escrito al ayuntamiento de Dueñas –gobernado por el PSOE– para solicitar la retirada del símbolo de exaltación franquista.

"Soy nieto de los que perdieron la guerra civil, golpe militar contra la República", decía a modo de presentación en aquella carta, remitida a través de la embajada de España en El Salvador.

"En nuestro querido Dueñas, en plena plaza pública, todavía existe un monumento que exalta el papel de la sublevación militar, de sus participantes locales del régimen franquista, enalteciendo a quienes alentaron y orquestaron un golpe de estado que asesinó a más de 100.000 civiles, obligó a exiliarse a medio millón de personas,  encarceló a otro medio millón e impidió el ejercicio de libertades durante cuarenta años", afirmaba en aquella carta. 

Cuatro víctimas

Monge relataba además los casos de sus familiares fusilados por la dictadura. Pedro González Gazopo, hermano de su abuela, fue segundo teniente de alcalde en Dueñas. Fue asesinado y enterrado en una fosa de Villamediana (Palencia) el 24 de septiembre de 1936.

David González Gazopo, otro hermano de su abuela, fue víctima de un juicio farsa de la dictadura, que ordenó su fusilamiento. Tenía 22 años. Por su parte, Alfonsa González Barajas, tía de la abuela de Monge, fue asesinada por los franquistas el último día de agosto de 1936. Alfonsa tenía 66 años cuando la mataron. Su hija Teófila, de 42 años y madre de seis hijas, sufrió ese mismo final.

En la carta enviada a Sánchez –la cual motivó la respuesta del presidente del Gobierno–, Monge lamentaba la inacción del alcalde socialista ante su solicitud. "Sus respuestas son muy incoherentes e irresponsables, en un claro interés por dilatar el tema y hacer nada, como en los últimos 16 años", apuntaba. El caso está ahora en manos de la Secretaría de Memoria Democrática. Al otro lado del Atlántico, este familiar de víctimas de la dictadura espera novedades.