Si ustedes le parece muy grave lo que le han hecho a Pablo Iglesias es que no han visto lo que les han hecho a otros dirigentes de izquierda de América Latina. 

¿Qué necesito yo para montar un caso de Lawfare?

Varias cosas a la vez: primero, un aparato judicial reorganizado a mi manera (con 'tecnócratas' vinculados a mí en espacios clave). Luego, elegir al culpable. A continuación, buscar pruebas (y aquí el orden es importante, ojo, primero señalamos al culpable, empezamos por la condena, y después, si aparecen, las pruebas, y si no aparecen, tendremos la condena igual). 

Necesitamos, además, una maquinaria mediática a nuestro servicio, que la prensa participe activamente en esto, porque si no, no llegaremos a ningún lado. Y ya con todo esto, solo nos queda elegir el momento perfecto para lanzarnos. Éxito asegurado.

Si se ponen a analizar los casos de lawfare en Brasil, Ecuador, Argentina, Bolivia y bueno, el propio caso de Podemos, veremos que siempre se sigue la misma fórmula. Es como si se tratara de química: unes varios elementos a la vez y ocurre una reacción.  

La aniquilación o el descrédito del adversario político. Asegurado. Después tienen que pasar años y tiene que haber alguien dispuesto a desmentir y desmentir para reparar el daño, que, ojo, nunca va a poderse reparar del todo.
Latinoamérica tiene de estos casos para escribir varios libros. Me voy a detener en lo más sonado y lo más vergonzoso que hemos visto en décadas.

Brasil, el encarcelamiento de Lula, el caso Lava Jato, el juez Sergio Moro y la prensa conservadora a su servicio. El caso Lava Jato fue la principal herramienta para desprestigiar al gobierno de Dilma Rousseff, a Lula da Silva y al Partido de los Trabajadores. Acusaciones altisonantes de corrupción, testigos poco fiables, ausencia de pruebas contundentes, pero una enorme proyección mediática que embarra todo y crea un ambiente en el que uno siente que ya está todo demostrado, no hace falta más. El caso Lava Jato acabó con la destitución de Dilma Roussef y mantuvo injustamente preso a Lula durante 580 días. Y aquí el elemento indispensable ha sido el juez Sergio Moro.

Hay que detenerse un poco en ese personaje, porque fíjense cómo funciona todo, como un mecanismo de relojería: Sergio Moro es juez en 2017, condena a Lula a 9 años de prisión al considerarlo culpable de recibir sobornos de una constructora supuestamente a cambio de favores durante su gobierno. Lo manda a la cárcel. Todo esto en plena campaña electoral con Lula anunciando su candidatura a la presidencia. Ya en la cárcel, Lula sigue liderando las encuestas, y ahí el juez Sergio Moro lo inhabilita políticamente. 

Sobraría mencionar, pero lo voy a hacer, que el juez Sergio Moro ha sido presentado por grandes medios tanto brasileños, como internacionales, como un gran luchador contra la corrupción, un referente, un juez irreprochable. La revista conservadora Veja lo ensalzó hasta el cansancio, aparecía en listas de las personas del año de Times, de las 100 personas más influyentes del mundo, en inglés, en portugués, en español, en suahili…

Cuando gana Jair Bolsonaro, el principal beneficiado por descontado de la inhabilitación de Lula, como premio a su transparencia e independencia judicial, Moro es nombrado ministro de Justicia. Y poco después la buena racha de Moro llega a su fin y finalmente empezamos a enterarnos de qué iba el caso Lava Jato. El periodista Glenn Greenwald publica en su medio The Intercept mensajes filtrados de los chats de Moro con fiscales que investigaban esos casos, de los que trasciende que básicamente lo han montado todo ellos. Una cosa muy parecida a lo que salió hoy, pero por escrito, en Telegram. En esos chats indica quién podría ser posible testigo para incriminar a Lula, recomienda posibles caminos a seguir en esa investigación, los truquitos a los que se puede recurrir.

En 2020 renunció a su cargo, pero no crean que fuera por estas revelaciones, no. Las revelaciones, según él, fueron creadas por hackers, y tampoco eran para tanto. Es decir: no fui yo, pero aunque hubiese sido yo, tampoco pasa nada, oye. Renunció por injerencia de Bolsonaro en la gestión de la Justicia. Llegó a presentar su candidatura a la presidencia, pero luego la retiró, porque no contaba con suficientes apoyos. 

Me gustaría detenerme brevemente en el trato que se dio a todo el caso de Lula en la prensa. A mí, ya en aquella época, me pareció un escándalo. La prensa del mundo libre daba por hecho que Lula entraba en la cárcel por corrupción y así se decía abiertamente, sin presentar la más mínima duda sobre el que repentinamente era el eficaz y prestigioso cuerpo de justicia brasileño. Esos eran los titulares, las noticias. 

Después, uno buscaba las circunstancias concretas del caso, las acusaciones, los datos reales que había, en artículos muy concretos, puramente factuales, cronologías, y cualquier persona con un mínimo no ya de pensamiento crítico, sino de pensamiento racional, podía ver que por más que se había hecho un esfuerzo verdaderamente destacable en crear un caso contra él, el caso contra Lula no daba ni para una multa en cualquier circunstancia normal. 

El caso Lava Jato es un caso de 'lawfare' digno de estudios académicos. Pero no es, ni de lejos, el único en América Latina. Así que sigamos.

Nuestra siguiente parada es Ecuador, donde el expresidente Lenin Moreno inició una persecución personal contra el expresidente Rafael Correa que había sido clave para la victoria de Moreno, por cierto. Igualito que en Brasil: una condena decidida con anterioridad por los 'periodistas' y por el propio Lenin Moreno y su entorno, testigos que declaran a cambio de reducción de sus propias penas, ausencia de pruebas y, por supuesto, medios de comunicación dando bombo a cualquier caso nuevo abierto contra Correa. 

Y mira que han sido unos cuantos: tiene abiertos unos 40 procesos judiciales, en Ecuador lo condenaron a 8 años de prisión e inhabilitación política, pero como vive en Bélgica, poco pueden hacer. 

Así, en 2017 el ex vicepresidente Jorge Glas, fue sentenciado a 6 años de prisión por el caso Odebrecht, con un código penal anterior al vigente en ese momento, y gracias al testimonio de otro acusado que fue absuelto de toda culpa a cambio de testificar precisamente. Todo eso, con Lenín Moreno salpicado por varios casos de corrupción, dicho sea de paso. Aunque, casualmente, casi ninguno de ellos llegó a judicializarse por unas u otras razones, normalmente por la negativa de las fiscalías a profundizar en ellos.

Argentina es otro caso destacado de esta práctica. En 2015 se culpó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner del asesinato del fiscal Alberto Nisman. Sin pruebas fehacientes y, como siempre, basándose en informaciones difundidas por la prensa. Nisman investigaba el atentado a la Asociación Israelita de Argentina en 1994, el caso AMIA, y en el marco de esa investigación denunció a Cristina Kirchner, de exculpar a los perpetradores de ese atentado en complicidad con el gobierno de Irán. Meses después salió un dictamen que rechazaba esas acusaciones contra Kirchner, pero ¿Cuántos medios crees que le dieron la misma difusión que le dieron a todo lo demás? 

En 2016 volvieron a reabrir la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner. Para aquel entonces dos de los jueces de la Corte Suprema habían sido designados por decreto por el entonces presidente Mauricio Macri. Aquí, otra vez, el elemento indispensable para nuestra fórmula. Y también: todo coincidió con la revelación de que la familia Macri tenía 50 sociedades off shore, a la que la prensa argentina tocó de pasadita porque estaba muy ocupada con la cobertura del caso de Cristina Kirchner.

Solo quiero recordar un caso más. El de Bolivia, porque ahí estuvo involucrada la sacrosanta OEA que armó todo un informe de 100 páginas sobre presuntas irregularidades durante las elecciones presidenciales en las que se impuso Evo Morales. Una vez más, si te parabas a leerlo, apenas hablaba de casos puntuales y que no tendrían el peso suficiente como para variar el resultado de las elecciones; pero este informe, absolutamente magnificado por los medios, sirvió para perfumar un golpe de Estado que organizó la derecha boliviana y cuyo desenlace todos conocemos.

Ahí teníamos los mismos elementos: la OEA como juez compinchado, la maquinaria mediática que acusa de fraude antes de que las elecciones se celebran, y cuando finalmente se celebran, ya tenemos un cultivo super labrado y solo te falta una biblia de 100 kilos para entrar con ella en el palacio de gobierno y proclamarte presidenta.