El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha anunciado ese miércoles en el Congreso de los Diputados que se está trabajando en la creación de una "red de expertos" integrada por jueces y magistrados especializados que sirva de apoyo a los instructores de causas por corrupción.

Esta red de apoyo, según ha explicado durante su intervención en la Comisión de Justicia, integrará a magistrados especializados tanto en el ámbito de los tribunales superiores como de la Audiencia Nacional "en el bien entendido de que ello en ningún caso supondría una intromisión en la actividad jurisdiccional, sino un apoyo para los jueces en el desarrollo de las cuestiones instrumentales del proceso".

El presidente del Supremo y del CGPJ ha pedido respeto a las resoluciones judiciales diciendo que "todas están sujetas a crítica", pero que desacreditarlas no ayuda a unos jueces que "todos los días se dejan la piel en su Juzgado para construir para todos una sociedad mejor".

Durante su intervención ha puesto como ejemplo de ese trabajo los

procedimientos judiciales por delitos de corrupción que se están resolviendo y ha anunciado que, según la última información disponible en el denominado repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción, los jueces y juezas españoles concluyeron en 2016 un total de 112 investigaciones por este tipo de delitos, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 659 personas.

Si a esas cifras se le suman las de los dos últimos trimestres de 2015, el resultado es que, en el último año y medio, el Poder Judicial ha acordado llevar a juicio por delitos de corrupción a casi 1.500 personas en cerca de 200 procedimientos. El porcentaje de condenas en causas por corrupción es superior al 70 por ciento, según ha avanzado Lesmes.

"La justicia siempre llega. Es lenta, pero llega. Ha habido juicios, con condenas y absoluciones (...) Ese es el resultado del trabajo de nuestros jueces" ha señalado, insistiendo que ello ha sido cumpliendo el ordenamiento jurídico y con plenas

garantías", ha señalado Lesmes, que ha considerado que hay "motivos más que suficientes para creer y defender nuestro sistema judicial".

Además Lesmes ha señalado que en el último año y medio los tribunales españoles han juzgado a casi 1.500 personas por delitos de corrupción.

El presidente del Poder Judicial también ha informado durante su comparecencia de que la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC) creada en el seno del CGPJ recibió el año pasado 23 peticiones de ayuda frente a las 18 de 2015.

Las medidas de refuerzo judicial de carácter personal -adscripción de un juez de refuerzo o ampliación de la plantilla de funcionarios- fueron las más solicitadas, según ha explicado.

Lesmes ha anunciado asimismo que próximamente se publicará una "Guía de actuación en causas complejas por corrupción", redactada por jueces y fiscales expertos en corrupción, que recogerá los instrumentos existentes en la lucha contra este tipo de delitos a nivel nacional e internacional, con el objetivo de facilitar y mejorar la actuación de jueces y magistrados.

Además, el Plan de Formación de la Carrera Judicial para 2017 incluirá varios cursos para que los jueces intercambien experiencias y protocolos de actuación en materia de lucha contra la corrupción, se estudiarán propuestas de reformas legales que mejoren la respuesta judicial frente a estos delitos.

Por otra parte, Lesmes ha defendido la actuación "con plena independencia, sin más criterio rector u orientación que la propia ley" de los jueces españoles, "desde el firme convencimiento de que la Justicia ha de ser justa, pero no justiciera".

A lo largo de su intervención ha insistido en que pese a las dificultades existentes en la Justicia, ésta constituye hoy en día "el instrumento más valioso con el que contamos para garantizar que, ante la ley, todos somos iguales".

"La justicia funciona", ha afirmado Lesmes, que ha insistido en que "lo mejor de la justicia son sus jueces", que "dan en cada caso la respuesta que exige nuestro ordenamiento jurídico. Con plenas garantías".

En este sentido, ha recordado que los jueces "están obligados a garantizar que la ley sea respetada y aplicada correctamente en cada caso concreto", lo que constituye una "condición existencial de la propia democracia y presupuesto necesario de unos valores de convivencia que no cabe desconocer en el marco de nuestro Estado de Derecho".