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Las Cloacas de Interior La Audiencia ordena devolver la condición de investigado al dueño de Supermercados Día y seguirle investigando en 'Zed'

La Sala de lo Penal deja sin efecto el archivo en el 'Caso Zed' para el oligarca ruso Mikhail Fridman, y ordena que se restablezca su condición de investigado en tanto en cuanto no se descarte su participación en la mega quiebra de Zed. 

El empresario ruso Mikhail Fridman, en una foto de archivo en Moscú, en septiembre de 2019. REUTERS/Pavel Golovkin/Pool
El empresario ruso Mikhail Fridman, en una foto de archivo en Moscú, en septiembre de 2019. Pavel Golovkin / REUTERS

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez del juzgado central 6 que restablezca la condición de investigado en el Caso Zed para el oligarca ruso y dueño de Supermercados Día, Mikhail Fridman. En un auto al que Público ha tenido acceso, la Audiencia estima el recurso de apelación interpuesto por el también investigado en el caso Javier Pérez Dolset contra el archivo del pasado 14 de diciembre de las actuaciones contra el empresario ruso. Entonces el juez consideró "agotada la instrucción" con relación a Fridman sin haberse apreciado, según su criterio, indicios de criminalidad de éste en la quiebra de la compañía española Zed Worldwide SA, la empresa insignia del Grupo Zed cuya insolvencia sobrevenida es una de las dos cuestiones que se investiga en este procedimiento.

La Sala no comparte que la instrucción con relación al empresario ruso esté "agotada" y señala que faltan por practicar diligencias de investigación solicitadas por la fiscalía que el magistrado descartó, una decisión que fue también recurrida (en este caso por el fiscal).

"No puede precipitadamente descartarse la relevante intervención de Mikhail Fridman en esenciales hitos que supuestamente llevaron a la situación de insolvencia de "Zed WorldWide", pues determinada documentación y varias declaraciones sitúan al Sr. Fridman en la importante esfera de decisiones estratégicas empresariales adoptadas en aras de aquella insolvencia", afirma el auto. Y prosigue diciendo que, "como acertadamente argumenta la parte apelante [Javier Pérez Dolset] —además de las testificales ya practicadas y las documentales ya aportadas—, por medio de las diligencias de investigación [...] podrá desentrañarse, y desde luego confirmarse o descartarse, siempre en el plano indiciario, la verdadera y real implicación del Sr. Fridman en la planificación, diseño y toma de decisiones atinentes a los hechos presuntamente falsarios y defraudatorios sometidos a escrutinio judicial".

La Sala estima el recurso "toda vez que no resulta descartable, en el presente momento procesal, que en los investigados actos de posible despatrimonialización e insolvencia de la entidad española "Zed WorldWide" haya participado el investigado Mikhail Fridman, en su indiciaria condición de persona, situada formalmente en un segundo plano, pero con evidentes poderes de decisión [...]. De sus presuntas actividades se desprenden conductas típicas incardinables entre los delitos de pertenencia a una organización criminal […] sin perjuicio de otros relacionados con conductas falsarias y fraudulentas".

En el Caso Zed se investigan dos cosas diferentes: de un lado, la recepción y destino de millonarias subvenciones otorgadas a Zed y compañías de la familia Dolset por principalmente el ministerio de Industria que dirigía el ministro del gobierno del Partido Popular José Manuel Soria; y, de otro, lo que afecta a Fridman: las causas de la megaquiebra de Zed Worldwide SA. Se trata de dilucidar si ésta ocurrió por vicisitudes de mercado o si fue provocada para conseguir determinados objetivos y por quién. En este ultimo caso habría un delito de insolvencia punible (quiebra culpable) por el que los responsables deberán responder de las deudas con todo su patrimonio (y son muchos millones en juego) y, eventualmente, con penas de prisión.

Javier Pérez Dolset, que junto a su familia posee en última instancia el paquete de acciones más importante de Zed Worldwide SA, a través de la compañía holding Zed Plus BV con sede en Holanda, señala a Fridman como el urdidor de una "operación raider" sobre Zed (asfixiar a una compañía para apropiarse, mediante compra posterior, de sus activos o tecnología a precio de derribo). También fue esta la tesis de la Fiscalía en su querella inicial, si bien señaló a varios culpables en la quiebra y por motivos no necesariamente coincidentes.

Zed Worldwide SA es una compañía española centrada en la producción y gestión de contenidos para el mundo virtual que desde la irrupción de los smartphones migró a las aplicaciones y poco después al diseño y operación de plataformas de agregación y distribución de contenidos (tiendas on line de aplicaciones y juegos) para operadoras telefónicas de todo el mundo.
La suerte de ZED quedó echada cuando el 19 de marzo de 2013, Beelinela mayor operadora móvil de Rusia y propiedad de VimpleCom (cuyo control efectivo se atribuye a Fridman aunque este dice ser un mero consejero sin poder de decisión— canceló a la filial rusa de ZED Temafón de la noche a la mañana el contrato de operación exclusiva de su tienda on line que Temafón tenía adjudicado desde 2009 y por el que se llevaba un 25-30% del precio que un usuario abonaba por un contenido de la tienda. El mega contrato, generaba más de la mitad de las ventas y del resultado operativo (Ebitda) de todo el grupo Zed, y su cancelación desembocó finalmente en quiebra

La razón de la sorpresiva cancelación la explicó el propio Fridman cuando el fiscal anticorrupción José Grinda le hizo venir a España a declarar sobre este punto, algo que Público analizó en exclusiva. En plena investigación internacional por dudosas prácticas comerciales, Fridman cancela el contrato en marzo de 2013, inmediatamente después de que Alexandre Kolokoltsev, nada menos que el hijo del ministro del Interior ruso, se le revele como el verdadero propietario de Fun Box, una aplicación de citas que se comercializaba en la tienda (tipo Tinder), y le informe de que la gestora de la tienda, Temafón le cobra una mordida como "peaje" por estar en la tienda de Beeline.

Pérez Dolset afirmó a este diario que desconocía la existencia de mordidas, negando haber tomado parte y atribuyendo la responsabilidad de la gestión de la filial rusa a gestores nombrados por un buen amigo de Fridman llamado Vage Engybarian, también investigado en el caso. De las buenas relaciones de Engybarian con VimpleCom habla alto el hecho de que Engybarian era el dueño al 100% de Temafón cuando aquella le adjudica el goloso contrato, a pesar de ser entonces una empresa recién creada, y sin tecnología; Zed no entra en su capital hasta después de la adjudicación, cuando Engybarian le propone ser su socia tecnológica. El propio Fridman no supo explicar la adjudicación al fiscal: dijo que efectivamente sonaba "rara" pero que él no tuvo que ver.

Pérez Dolset insiste en una maniobra orquestada 

En el recurso que la Sala estima, Pérez Dolset afirmó que, ya desde 2012 [antes de la cancelación del contrato], se desviaba "a sus espaldas" negocio y caja de la filial rusa de Zed (habla de cientos de millones) a sociedades controladas por VimpleCom o Engybarian, con grave perjuicio para Grupo Zed. Pérez Dolset insiste en una estrategia coordinada entre Fridman, Engybarian y los gestores rusos de Temafón para asfixiar al grupo Zed incluyendo en la trama al banco ING, del que dice que en 2016, y "saltándose los procedimientos", pide el concurso de la española Zed Worldwide SA, tras exigir y no conseguir "la cancelación anticipada" del préstamo que en diciembre de 2013 otorgó a la holding holandesa Zed Plus BV, quien usó parte del dinero en represtarlo a la filial española Zed Worldwide SA para que a su vez ésta cancelase el sindicado que le había concedido en 2008 por un grupo de bancos con Banesto de banco agente.

Lo cierto es que la filial española respondía del pago de préstamo otorgado por ING a su matriz holandesa y que ésta no había podido atender el pago de las cuotas tras la caída drástica de los ingresos de sus filiales a consecuencia de la cancelación en 2013 del megacontrato. Pero Pérez Dolset alega que el dinero del que se apropiaba VimpleCom servía también para compensar a ING por otra vía. Pérez Dolset añade a este grupo a Peter Wakkie, el administrador que la Enterprise Chambre holandesa impuso a la holding Zed PLUS BV, y al que acusa de ser un hombre de Fridman (al tiempo que era nombrado administrador, accedía al presidencia de una compañía de Letter One, el holding inversor que controla Fridman).

Más conexiones en Zed con... el ubicuo Villarejo 

A Peter Wakkie se le venía culpando por los Pérez Dolset de poner trabas a distintas supuestas ofertas de inversores ya negociadas para entrar en el Grupo Zed, que de prosperar hubieran evitado la insolvencia. Pero ninguna de ellas salió adelante, dándose la circunstancia de que el elegido por la familia Pérez Dolset para la búsqueda y negociación con los inversores y presentación a Wakkie fue Carlos Carrión, antiguo alto ejecutivo de marketing en la Telefónica de Juan Villalonga, que les había sido recomendado por un buen y antiguo amigo del padre de Javier Pérez Dolset, Pedro Pérez Fernández de la Puente, como este mismo relató a los fiscales anticorrupción José Grinda y Carlos Yáñez cuando fue citado a declarar como testigo en el caso.

Se da la coincidencia de que Carrión es colaborador ocasional del comisario Villarejo. En el sumario del caso Tándem —que al igual que el de Zed instruye el  juzgado central 6—, se detecta que Carrión colabora, al menos como estratega, en dos casos penales impulsados por la CIGIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala que dirigía el colombiano Iván Velásquez): el asunto contra los empresarios de servicios marítimos Ángel y Álvaro Pérez Maura (que se investiga en la Pieza PIT) por un supuesto soborno para hacerse con la concesión de una terminal de contenedores; y el caso contra el exministro de la Gobernación de Guatemala Carlos Vielmann por ordenar la ejecución de diez presos entre 2005 y 2006, instruido y juzgado en la Audiencia Nacional española, donde finalmente fue absuelto. Se registran pagos del comisario a Carrión a través de la empresa a él vinculada The Cell Core SL y a razón de 12.100 euros al mes desde junio a diciembre de 2016, ambos meses inclusive.

Si bien en su día medios afines al comisario publicitaron que los pagos a esta empresa servían para financiar al Partido Popular, la colaboración de Carrión (motivo y forma y cuantía de su remuneración) se acredita en la documentación incautada al comisario cuando es detenido y a la que Público ha tenido acceso (audios de conversaciones entre Carrión y Villarejo, mails cruzados reclamando el pago, facturas y registros bancarios, cuadernos de trabajo, etc.).

Esta coincidencia puede ser relevante, porque Pérez Dolset acusa a Grupo Planeta de complicidad con Fridman en algún aspecto y de contratar al comisario Villarejo para "espiarles" a él y a su hermano. Planeta es co-accionista en la filial española Zed Worldwide SL (pero sin presencia en la holding holandesa) y mantiene con los Dolset desde hace años posiciones enfrentadas. El asunto del supuesto espionaje se investigó en la pieza 12 de Tándem Brod, archivada de nuevo el pasado mes de mayo tras que la Sala ordenara reabrirla para oír en declaración y en calidad de investigado al alto ejecutivo de Planeta Mauricio Casals. Pocos días después del archivo y con motivo de su comparecencia en la Comisión Kitchen, Villarejo se mantuvo en que Casals le solicitó un informe sobre los hermanos Dolset.

Del interés de Villarejo en la familia Pérez Dolset existen indicios claros, de la relación de colegas de negocios de Villarejo como Juan Villalonga con Fridman lo que hay son certezas y de los vínculos de Villarejo con altos directivos del grupo Planeta-Atresmedia caben pocas dudas: a los almuerzos de Villarejo con sus directivos y estrellas televisivas —admitidos hace unos días por Antonio García Ferreras, quien los he enmarcado en la consideración que el comisario le merece como "fuente" y de los que viene informando Público desde hace años—, se une otra pieza del caso Villarejo en la que dos altos directivos de Planeta (su director jurídico y su director de seguridad) están también investigados por ordenar en 2014 un pago a Villarejo: se trata de la pieza 12 Proyecto JULI, en la que el motivo del pago también tiene su acertijo, como Público ya analizó en exclusiva para sus lectores.

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