El Congreso aprueba por la mínima la reforma laboral con una mayoría diferente a la de la investidura

El Congreso ha aprobado este jueves por la mínima la reforma laboral, una de las medidas clave de la legislatura impulsada por el Gobierno de coalición y pactada con los agentes sociales. La convalidación del real decreto ley por el que se establece el nuevo marco de relaciones laborales ha estado en el aire hasta prácticamente el momento de la votación, pues a pesar de que el Ejecutivo se había asegurado los votos necesarios al sumar in extremis a UPN, el riesgo a errores en la votación o la ruptura de la disciplina de voto en algún grupo podía hacer fracasar la norma.

De hecho, la votación se ha salvado por un solo escaño: 175 votos a favor frente a 174 en contra. Y es que, finalmente, los dos diputados de UPN, Sergio Sayas y Carlos García, que esta mañana habían expresado su malestar por la decisión adoptada por la dirección de su partido de respaldar la reforma laboral, han decidido romper la disciplina de voto y rechazar la medida. 

Así lo ha admitido el propio Sayas en su cuenta de Twitter: "Votamos No a la reforma laboral. En un política lo único que no puedes hacer es algo que no puedas explicar a tus votantes. Somos sus representantes y a ellos nos debemos. Por eso nunca tuve un voto tan difícil como hoy pero tampoco nunca lo tuve más claro".

Pero las vueltas que da la vida. Este resultado habría derogado la reforma de no ser por un error de un diputado del PP al votar telemáticamente, lo que ha provocado la celebración de la convalidación del decreto en el Pleno del Congreso como si del gol de Andrés Iniesta en el Mundial se hubiera tratado.

10 grupos apoyan la reforma

Después de un esperado e intenso debate en el hemiciclo, la legislación laboral, en vigor desde finales de diciembre (el Congreso tiene un plazo de 30 días hábiles para convalidar o derogar los decretos ley), ha recibido luz verde gracias a los votos de PSOE (120), Unidas Podemos (34, ya que el escaño de Alberto Rodríguez sigue sin cubrirse), Cs (9), PDeCAT (4), Más País (2), Compromís (1), PRC (1), Teruel Existe (1), Nueva Canarias (1) y Coalición Canaria (1).

Esta suma, en la que no han estado los socios habituales y prioritarios del Ejecutivo, ERC, PNV y EH Bildu, contrasta con la mayoría progresista que hace poco más de dos años permitió la investidura de Pedro Sánchez y los dos proyectos presupuestarios de la legislatura, es decir, los grupos que han acompañado al Ejecutivo (en minoría) en la mayor parte de iniciativas que ha sacado adelante a lo largo de este tiempo y que seguirán siendo indispensables para el resto de leyes pendientes de abordarse.

De este modo, el resultado de la votación ha dejado un escenario atípico a la par que "puntual", según reconocen los diferentes grupos protagonistas. Por un lado, el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos junto a Cs, que gobierna en algunas comunidades y ayuntamientos gracias al apoyo de Vox. Por otro, ERC, PNV y EH Bildu aparecen en la misma foto con los de Pablo Casado y Santiago Abascal.

Esta coyuntura de la mayoría parlamentaria de izquierdas, motivada por la imposición de la patronal CEOE de no incorporar modificaciones al texto por la vía parlamentaria, ha tenido su máxima expresión este jueves durante la discusión de la reforma laboral. Desde la tribuna, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha confesado sentirse "apenada" porque el debate en torno a este asunto se ha situado "en el campo de las rivalidades partidistas".

"Porque frente a ultraactividad, prioridad de convenios o lucha contra la precariedad yo he oído: proyectos personales, humo, maquillaje, esto no cambia nada... Me entristece, se lo confieso, que la norma más importante de la legislatura se sustancie en debates superficiales, que no ayudan a superar el descrédito de la política. Me apena que el debate se sitúe en el campo de las rivalidades partidistas", ha sostenido.

Si bien, los de Gabriel Rufián, Aitor Esteban y Mertxe Aizpurua no han dudado en reprochar al Ejecutivo de coalición y al departamento dirigido por Yolanda Díaz "no haber querido negociar" mejoras en el marco de las nuevas relaciones laborales ni haber cumplido con lo pactado. 

"No han querido recuperar una indemnización justa frente a despidos injustos. ¿Podían hacerlo? Sí, pero ni el Gobierno ni el Ministerio de Trabajo han querido. Primero porque lo prometieron, segundo porque se lo proponíamos, y tercero porque tenía los números de izquierdas para hacerlo", ha señalado el portavoz republicano además de recordar que la reforma tampoco incorpora, entre otras cuestiones, los salarios de tramitación.

La fractura entre Unidas Podemos y ERC a cuenta del nuevo estatuto de los trabajadores también ha repercutido en Catalunya, donde En Comú Podem amenazó con retirar su apoyo al Govern, presidido por el republicano Pere Aragonès, si su formación rechazaba la reforma laboral. De esta manera, Rufián ha afeado esta conducta mientras que la diputada de los comuns Aina Vidal ha acusado a ERC de convertirse en el "tonto útil de la patronal catalana".

Del bloque de la investidura sólo Más País-Verdes Equo y Compromís, además de los grupos del Gobierno, han votado a favor este jueves. "Podría haber votado no. Entiendo las razones de ERC, Bildu o PNV. El Gobierno generó tantas expectativas y ahora se han quedado cortas", ha señalado el diputado de la formación valenciana, Joan Baldoví, quien ha reconocido que ha sido un "día complicado".

Asimismo, la diputada de Más País-Equo, Inés Sabanés, ha subrayado que la reforma laboral no retrocede en derechos de trabajadores y recupera el diálogo social. No obstante, ante el rechazo de la izquierda independentista a la norma y la brecha abierta, la parlamentaria ha advertido de que a partir de este viernes "hay que recomponer porque se puede interrumpir una época de cambios". 

Está por ver qué pasará con las mayorías. Pero una cosa hay clara: a pesar del debate generado en torno a la norma, el más polémico de esta legislatura, y a las dudas sobre su futuro, el nuevo modelo de relaciones laborales, que viene a sustituir a la modificación introducida por Mariano Rajoy hace diez años, ha superado su examen definitivo en el Congreso.