El Constitucional tiene en un cajón desde hace más de tres años recursos de familiares de víctimas de residencias

Familiares de los miles de fallecidos en las residencias madrileñas durante el covid presentaron en 2020 y 2021 casi 300 querellas. En algunos casos aún no hay resolución, pero en todos aquellos casos en los que sí existe, las querellas fueron rechazadas por los juzgados de instrucción y sus recursos a la Audiencia Provincial, desestimados. Las denuncias se dirigían contra la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y otros altos cargos del Gobierno autonómico, así como contra los directores de las residencias donde habían fallecido los mayores. Les acusaban de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro y prevaricación administrativa. La Justicia rechazó investigar a los altos cargos, al entender que no existían indicios de criminalidad, y las causas contra los directores de las residencias se archivaron porque los jueces no apreciaron una "concreta y precisa relación de causalidad" –como exige el Código Penal– entre sus actuaciones y las muertes de los mayores.

El rechazo, sin embargo, no desanimó a las familias, que han interpuesto un total de 80 recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional. El primero lleva fecha de enero de 2022 y se refiere a un fallecido en la residencia Aralia, situada en el Ensanche de Vallecas. El último se presentó a principios de este mismo año. En ese intervalo, el tribunal de garantías no ha tomado decisión alguna. Tras crear una "serie" acumulando todos los escritos sobre el asunto, un letrado de la Secretaría General del TC redactó un primer informe, tal y como marca el procedimiento. Según han explicado a Público fuentes del tribunal, el letrado se pronunciaba a favor de no admitir los recursos de los familiares.  

Ese informe se circuló en abril de 2023 entre los 12 magistrados del tribunal. Y varios de ellos, de acuerdo con las citadas fuentes, expresaron su desacuerdo con la inadmisión recomendada por el letrado. Cuando se produce un disenso de ese tipo, si los magistrados no logran ponerse de acuerdo, debe decidir el pleno del TC. Y para que se reúna, tienen que solicitarlo al menos tres magistrados.

Es en este punto donde se encuentran aún los recursos de amparo, bloqueados en el limbo del Constitucional desde hace más de tres años.

Algunos de ellos intentan reabrir casos en los que se incoaron diligencias de investigación que, a juicio de los familiares, se quedaron muy cortas; en otros ni siquiera se llegó a investigar, las querellas ni siquiera fueron admitidas a trámite. Para rechazar los recursos de las causas con investigaciones iniciadas, el letrado del TC argumentó que éstas fueron suficientes y, para desestimar los segundos, alegó que no se puede hacer responsables de las muertes en las residencias a los cargos políticos contra los que se dirigían las querellas.

Una decisión arbitraria y mal motivada

El cajón donde duermen los 80 recursos impide a los familiares acudir a la única instancia que les queda, en caso de que les falle también el Constitucional: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Sólo pueden recurrir a la jurisdicción europea si han agotado previamente la nacional. De obtener un pronunciamiento favorable del TC, los juzgados de instrucción tendrían que practicar nuevas investigaciones o completar las que dejaron a medias antes de decretar el archivo inicial.

De forma que el bloqueo en el TC resulta ser la peor opción para los familiares de los fallecidos. En los recursos de amparo argumentan que el sobreseimiento de las querellas vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva, que la Constitución protege en su artículo 24, porque los jueces de instrucción no practicaron las pruebas que habían solicitado ni tuvieron en cuenta la  "abundante" documentación que aportaron: desde informes médicos, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta los conocidos como Protocolos de la vergüenza, que prohibían el traslado a los hospitales de los residentes contagiados de covid.

Los familiares también sostienen que la decisión de los jueces de inadmitir o archivar sus querellas fue adoptada "de manera no motivada ni fundada en Derecho" y es "arbitraria". Aducen que la pandemia, "como mal en sí mismo", no explica las numerosas muertes en las residencias madrileñas –7.291 entre marzo y abril de 2020, durante la primera ola de contagios –, como tampoco "el comportamiento de los querellados". Los responsables del Gobierno madrileño no pusieron en marcha un plan de choque contra el covid hasta el 26 de marzo, cuando ya habían fallecido 1.000 personas en las residencias de la Comunidad, ni medicalizaron los centros de mayores, pese a haberlo anunciado el 12 de marzo. Todo ello aunque conocían perfectamente los riesgos, destacan los familiares. El estado de alarma se había decretado el día 14 de ese mes. En este conjunto de acciones y omisiones sustentan los recursos la "imprudencia" de la que acusan a los máximos responsables del Ejecutivo de Díaz Ayuso.  

"Teóricamente todo está abierto"  

Si el Constitucional accede a las pretensiones de los familiares, los juzgados deberán no sólo abrir investigaciones y practicar nuevas pruebas, sino también tomar declaración a los altos cargos de la Comunidad a quienes hacen responsables de las muertes en las residencias. "Teóricamente todo está abierto", resume Carlos Vila, el abogado que presentó muchas de esas querellas en los juzgados y que confía en que, una vez resuelto el controvertido recurso sobre la ley de amnistía, los magistrados del TC desbloqueen los recursos del covid.

No obstante, aún queda una vía adicional abierta para reparar el daño causado por la tragedia de las residencias. Un grupo de 109 familiares de víctimas presentó, en octubre de 2024, una denuncia colectiva ante la Fiscalía por un delito de discriminación a la hora de prestar atención sanitaria a los residentes. Una discriminación que se habría producido por el simple hecho de ser personas dependientes que vivían en residencias. Y que se produjo, según afirman, en cuatro ámbitos: ni se medicalizaron los centros de mayores, ni se les trasladó a los hospitales públicos o al hospital de campaña de Ifema, y sólo se derivó a hospitales privados a los enfermos que tenían un seguro privado. Su denuncia se dirigió exclusivamente contra altos cargos del Gobierno de Ayuso, no contra los responsables de las residencias, y aportaron abundante documentación inédita que no había sido analizada hasta ahora por los tribunales.

Esa nueva estrategia judicial ha permitido imputar por primera vez a tres altos cargos del Gobierno de Díaz Ayuso: los ex directores generales de Coordinación Sociosanitaria Carlos Mur y Javier Martínez Peromingo y el exdirector del SUMMA 112, Pablo Busca, además de algunos geriatras de enlace nombrados durante la pandemia en los hospitales públicos. Una causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid y otra en el número 6 de Leganés han dado una segunda vida a la lucha de los familiares.