El Ejido, la capital de la agricultura hortofrutícola de invernadero, es también un laboratorio político. Esta localidad almeriense de 83.000 habitantes, una población mayor que la de una decena de capitales de provincia, fue el primer municipio grande donde Vox ganó unas elecciones, las andaluzas de 2018, triunfo que repitió en las generales de 2019. Ahora, PSOE y PP comparten en este ayuntamiento una mesa de diálogo permanente que desde febrero mantiene a los populares en la alcaldía, tras haber roto la coalición de gobierno con la ultraderecha. Los socialistas justifican el acuerdo, sin parangón en municipios de este tamaño, en la necesidad de "hacer un cordón sanitario a la extrema derecha". Y creen que está dando resultado.

En este laboratorio político, hay que tener muy en cuenta un ingrediente fundamental: el 30% de la población del municipio es extranjera, más de 25.000 migrantes regularizados, de más de 90 nacionalidades diferentes, la mayoría marroquíes, a los que habría que sumar cientos de personas indocumentadas sin censar, la mayoría residentes en asentamientos chabolistas. Y de esa población es la que sale el 80% de la mano de obra de la agricultura que abarca 14.000 hectáreas de invernadero, más de la mitad de la superficie de cultivo bajo plástico de toda la provincia de Almería.

Pero hay otros ingredientes también significativos: la agricultura hortofrutícola almeriense produce al año más de 3,5 millones de toneladas, que generan unos ingresos de 2.228 millones de euros, según un informe de Caja Rural Cajamar de la temporada 2018-19. Y, sin embargo, los ingresos de la población donde se asienta ese potente sector económico se encuentran entre los más bajos del país, tal como refleja el último informe de Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadística, que sitúa a los municipios de Níjar, Vícar, Adra y El Ejido a la cola de España en renta anual media por habitante, entre 8.000 y 7.307 euros, hasta 21.000 euros menos que la más alta del país, que ostenta Pozuelo de Alarcón (Madrid).

En ese complicado entorno socioeconómico se sitúan los actores políticos de unos hechos, extraordinarios en España, que comenzaron en las elecciones municipales de 2019, en las que el PP obtuvo 9 concejales, 7 Vox, 5 el PSOE y 4 Ciudadanos. Los populares, que gobiernan este municipio desde 1991, salvo en un periodo de cuatro años que lo hizo una escisión suya –el PAL–, llegaron a un acuerdo de gobierno con Vox, cuyo portavoz, Juan José Bonilla, ha presentado precisamente esta semana su dimisión como concejal por supuestas diferencias con la dirección de su partido. La ultraderecha consiguió entonces en El Ejido su gobierno más importante en toda España, ocupando varias delegaciones, entre ellas la de servicios sociales.

Pero al poco tiempo, comenzaron las desavenencias, unas más notorias y otras más larvadas. El tratamiento de la violencia de género fue el origen de una de las más fuertes. El Ayuntamiento pidió en septiembre de 2019 abandonar el sistema de seguimiento de víctimas de violencia (Viogen), alegando que carecía de policías locales suficientes para atender a las 36 mujeres que estaban en situación de alerta. Pero un mes después, el grupo popular votó a favor de una moción socialista que pedía no salir de ese plan de protección que lleva a cabo el Ministerio del Interior con varios centenares de municipios españoles. Vox fue el único grupo que rechazó esa moción tras una intervención de su portavoz en la que utilizó como argumento un "chascarrillo" que decía su abuela: "tiempo de rojos, hambre y piojos". Posteriormente, los socialistas también pidieron la dimisión de la concejala de Servicios Sociales por no haber asistido a los actos de conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género que organizaba su propia delegación municipal.

El tratamiento de los derechos de las personas LGTBI también fue objeto de controversia durante la presencia de Vox en el Gobierno municipal ejidense. En el Día Internacional del Orgullo del año pasado, el Ayuntamiento retiró durante unas horas de sus perfiles en redes sociales la bandera multicolor después de que lo exigiese el grupo ultraconservador, que también pidió que se arriase la bandera del arcoíris que ondeaba en el patio de luces del consistorio.

La ruptura con la ultraderecha

Las desavenencias llegaron a la ruptura definitiva el pasado mes de enero, cuando Vox anunció que abandonaba el Gobierno más importante de su partido en España con la excusa de la designación de un cargo de confianza por parte de la alcaldía que consideraba totalmente inoportuna. Sin embargo, entre los socios de la coalición habían pasado cosas mucho más graves, como, por ejemplo, el sorteo de un coche organizado por la concejala de Comercio, de Vox, para estimular el consumo en tiendas y bares de El Ejido, en el que se habían cometido hasta ocho irregularidades, entre ellas no haber recogido dos urnas con las papeletas de clientes que habían participado en la rifa, según reflejó luego un informe jurídico municipal.

Se produjeron, entonces, los hechos inusuales que han dado pie a esta crónica. El alcalde, Francisco Góngora, en el poder desde 2011, podía haber elegido los cuatro ediles de Ciudadanos para formar una nueva mayoría municipal, pero se decantó por llegar a un entendimiento con los cinco del PSOE. ¿Cómo se produjo lo que se podría calificar de inaudito en la actual política nacional española? José Miguel Alarcón, candidato socialista a la alcaldía y secretario general local de su partido desde 2017, de 62 años, carnicero de profesión tras haber sido temporero en la vendimia de Francia y en otras campañas agrícolas de España, atribuye buena parte de ese acercamiento a la proximidad personal que había entre él y el alcalde, a que se conocían desde que ambos entraron a la vez en la corporación en el año 1999. Y eso allanó el camino, dice.

El camino empezó con un largo paseo de cerca de dos horas por una playa del litoral de El Ejido, tras una llamada del alcalde, según Alarcón. A la orilla del mar, quizás mojándose los pies, los líderes locales de PP y PSOE conversaron sobre las posibilidades de llegar a acuerdos para garantizar la gobernabilidad de un ayuntamiento lastrado, además, por la intervención del Ministerio de Hacienda a causa de las graves deudas que arrastra desde la llamada Operación Poniente contra la corrupción cuando era alcalde Juan Enciso, primero del PP y luego del PAL. "Yo le dije que teníamos que marcar una línea roja con Vox, sobre todo en los temas sociales y de migración. Y que tenía que consultar el tema con la dirección de mi partido en Sevilla y Madrid", cuenta el secretario local socialista.

Después de ese paseo playero transcurrieron unas tres semanas de negociación antes de llegar a un acuerdo. Las ejecutivas regional y federal del PSOE dieron el visto bueno a la iniciativa y a finales de febrero populares y socialistas constituyeron la mesa de diálogo Permanente para garantizar la gobernabilidad del ayuntamiento, pero con un Gobierno en solitario del PP. La explicación pública que dieron unos y otros del acuerdo fue en los matices, sin embargo, algo diferente.

Así la justificó el grupo socialista: "con el fin de garantizar la estabilidad política, hacer un cordón sanitario a la extrema derecha y ante la crisis provocada por la pandemia y las dificultades financieras por las que atraviesa el ayuntamiento, el PSOE se compromete a dar la respuesta que los ciudadanos necesitan, dejando a un lado la confrontación con responsabilidad y altura de miras para sacar adelante todos aquellos proyectos importantes y beneficiosos para el municipio". Y de esta forma lo hizo el equipo de gobierno popular: "mediante la constitución de una mesa de diálogo Permanente, con la que se garantiza la gobernabilidad en el ayuntamiento, se comprometen a dar respuesta a las necesidades de los ejidenses, a llevar a cabo las inversiones y los proyectos de mejora, crecimiento y desarrollo del municipio, dejando al margen partidismos".

Valoraciones dispares de los resultados de la Mesa

Pasados algo más de cuatro meses desde la constitución de la mesa, el equipo de gobierno municipal no ha querido hacer a Público una valoración sobre sus resultados, porque dice que aún no se ha llegado a ningún acuerdo concreto sobre lo que se pactó en ese instrumento de diálogo, y se remite al comunicado que emitió cuando se anunció su constitución. En él subrayaba el objetivo de impulsar un Plan Estratégico de Futuro para El Ejido y mantener un "diálogo abierto con todos los grupos de la oposición".

El grupo socialista sí que hace balance de lo hecho hasta ahora. Considera que hay una "relación fluida con el alcalde" y que la mesa de diálogo "está dando sus frutos", aunque no con la celeridad que desearía. Esos frutos son, de momento, la puesta en marcha del plan estratégico, que expertos de la Universidad de Almería elaborarán para analizar las necesidades y carencias de un municipio con unas características demográficas y económicas tan singulares como las de El Ejido, la dotación de un remanente de 1,5 millones para crear empleo, el proyecto para la constitución de un consejo municipal de la migración, con representación de organizaciones sociales, sindicales y empresariales, y el de un sello de calidad social que garantice los derechos de los trabajadores de la agricultura hortofrutícola. "Se están haciendo las cosas bien. El Ejido necesita una transformación política y social, porque nuestro futuro pasa por la integración de todos los que vivimos aquí, por políticas transversales en educación, en lo social", afirma José Miguel Alarcón.

Y desde que Vox está en la oposición, sus objetivos se han centrado, fundamentalmente, en la población migrante, según el portavoz socialista. El grupo municipal de la ultraderecha ha arremetido contra la propuesta del PSOE de hacer en suelo municipal el que sería el primer cementerio musulmán de Almería, con una mayoría de población extranjera marroquí, una carencia que el alcalde prefiere se resuelva en el ámbito comarcal o incluso provincial. Y también lo ha hecho contra la celebración del último Ramadán en un espacio municipal, después de haber sido suspendidos los actos de la Semana Santa a causa de la pandemia, "una de las autorizaciones más dudosas y chapuceras que se hayan visto en la historia de nuestra ciudad", afirmó la formación de ultraderecha.

"Lo que nosotros estamos haciendo ahora, en cambio, es una oposición constructiva –dice Alarcón–, que es lo que están pidiendo los ciudadanos a los políticos, que nos pongamos a trabajar. Queremos ser ejemplo de moderación y de entendimiento en unos momentos muy complicados, en los que los políticos tenemos que ser parte de la solución, no del problema".

El alcalde está pendiente de la sentencia de su juicio

Pero hay algo que está ralentizando los resultados de la mesa de diálogo Permanente entre PP y PSOE, según este último partido: el proceso judicial al alcalde por presuntos delitos contra la hacienda pública y falsedad documental cometidos con una empresa agrícola que constituyó con su familia en el año 2000, por los que el fiscal solicita para él cuatro años de prisión y una multa de 1,2 millones de euros. El juicio quedó visto para sentencia el pasado mayo en la Audiencia Provincial, pero aún no se ha emitido el fallo.

De lo que resulte en esa sentencia dependerá el futuro del apoyo del grupo socialista a la continuidad de Francisco Góngora como alcalde. "Si lo condenan, está claro que no podrá seguir como alcalde. En los acuerdos que firmamos, no quiso incluir eso, pero nosotros eso lo vamos a mantener, tendría que irse y dar paso a otro", asegura Alarcón.

De todos modos, los acuerdos para la mesa de diálogo no abarcan toda la política municipal. Recientemente, el grupo socialista ha sacado adelante una moción en el pleno con el voto en contra del popular, y a favor del resto de la corporación, para instar a la Junta, gobernada por PP y Ciudadanos, a que refuerce el personal médico en los centros de salud de tres núcleos de El Ejido. Y en mayo, el PSOE denunció que el equipo de gobierno había devuelto cerca de 50.000 euros de una subvención que había concedido la Administración andaluza para atender necesidades básicas en asentamientos chabolistas de temporeros migrantes.

El secretario provincial del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, confirma a este periódico que una condena judicial del alcalde sería una "línea roja" que su formación no permitirá sobrepasar para continuar con los acuerdos de la mesa de diálogo. Una mesa que, asegura el dirigente socialista, nació con todas las bendiciones de las ejecutivas regional y federal, porque "se daba una situación de excepcionalidad" en El Ejido, debido a la inestabilidad que sufría el Gobierno a causa de la "actitud de la extrema derecha".

El objetivo, según Sánchez Teruel, es aislar a una extrema derecha que era muy negativa en un municipio con una tasa muy alta de población migrante que necesita fomentar la convivencia. "Desde la noche de las elecciones, le trasladamos al PP que no cayera en los brazos de la extrema derecha, que le iba a llevar por el mal camino. Y al final, el alcalde se ha dado cuenta", dice el dirigente socialista almeriense. El Ejido, considerada como una de las grandes huertas de Europa, no puede tener, a su juicio, unos gobernantes con propuestas como las que hacía la ultraderecha cuando estaba en el equipo de gobierno. "Estoy convencido –añade– de que estos acuerdos de la mesa de diálogo ayudarán a frenar el ascenso de Vox. Para eso lo hacemos, para que sus planteamientos sean minoritarios en la política".

Algunos avances en la atención a la población migrante

Mientras los políticos hablan, discuten, acuerdan, denuncian, rompen acuerdos, la ciudadanía sigue con su vida en una localidad donde hace 21 años se produjeron los incidentes xenófobos más graves que han ocurrido hasta ahora en España, los que recuerda el documental Después de las ocho que estrenó Público el pasado mes de noviembre. Ahí se habla de la jauría humana que el 6 de febrero del año 2000 emprendió una persecución brutal contra los migrantes que trabajaban en los invernaderos, destrozando todas sus pertenencias –locales, viviendas, coches– como represalia por una sucesión de crímenes en los que habían muerto tres vecinos, españoles, de esta localidad, uno de ellos el padre del que era portavoz hasta esta semana del grupo municipal de Vox.

Una de las pocas organizaciones que trabaja con la población extranjera en El Ejido, la Fundación Cepaim, que atendió a unas 2.700 personas el pasado año, considera que se están dando pasos para mejorar la convivencia en esta localidad del Poniente almeriense, fomentando desde el ayuntamiento el trabajo en red con entidades sociales mediante programas como el programa Eracis para favorecer la cohesión en el municipio.

Este programa se suma a medidas como la que lleva desarrollando desde hace años el distrito sanitario del Poniente, dependiente de la Junta, y que, según el coordinador territorial de Cepaim, Mariano Ripoll, durante la pandemia ha desarrollado una importante labor en los asentamientos de temporeros, incluida una campaña de vacunación. La guinda sería, a su juicio, que se pusiese en marcha un consejo municipal de la migración en el que puedan participar las entidades del sector para sacar adelante muchas más iniciativas. "Es el rumbo para lograr la integración social de todos los vecinos", apostilla Ripoll.

Los mayores problemas siguen estando en el acceso a la vivienda, por su carestía y por la escasez de pisos en alquiler, lo que propicia que unas 2.500 personas sigan viviendo en chabolas en esta comarca de Almería, según el responsable local de Cepaim. En octubre de 2019, el defensor del pueblo Andaluz mostró de nuevo su preocupación por la situación de la población migrante en El Ejido, a raíz de la decisión del Ayuntamiento de derribar 120 "infraviviendas" habitadas por 250 temporeros extranjeros, a quienes no se ofreció nada de lo que ahora se denomina alternativa habitacional en los casos de desahucios. Jesús Maeztu, el defensor, dijo entonces que la población foránea del Poniente almeriense seguía sin tener garantizados sus derechos civiles y exigió de nuevo a administraciones, empresarios y agentes sociales que asumiesen una "responsabilidad compartida" para acabar con este deleznable statu quo.