Ángel Dolado: "La corrupción es algo sistémico, hay más de mil causas abiertas en España"

ZARAGOZA .- “Creo que estamos ante un problema sistémico cuando en España hay abiertas más de mil causas por corrupción”, explica Ángel Dolado, juez decano de Zaragoza. Es uno de los 21 juristas que ha participado en la redacción de La corrupción en España. Ámbitos, causas y remedios jurídicos (Atelier, 2016), el primer estudio transversal que se realiza en España sobre el origen, la tipología y los posibles medios para enfrentar la cleptocracia.

El magistrado, que en su capítulo recoge cómo la Fiscalía Anticorrupción abrió el año pasado 31 diligencias e investigó 144 delitos contra la Administración, recuerda cómo el rastreo que el CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) hizo hace unos meses sobre los asuntos de ese tipo arrojó un saldo de más de 1.100 causas abiertas. El Ministerio de Interior abundó hace unos días en la tesis: 7.140 arrestos en cuatro años; es decir, cinco detenidos cada día, por meter la mano en la caja.

El libro, presentado esta semana en Zaragoza, ha sido impulsado y coordinado por dos catedráticos aragoneses de Derecho Administrativo, José María Gimeno y Julio Tejedor, y por Manuel Villoria, experto en Ciencia Política y miembro de Transparencia Internacional, organismo que hace unos meses lanzó sus 40 propuestas de regeneración a los partidos políticos y que sitúa a España en la mitad baja de la tabla en este apartado.

El libro analiza a lo largo de sus más de 500 páginas las características de la corrupción en España, sus causas legales, las normas sobre contratación, la gestión urbanística, o el fraude tributario, entre otros aspectos. “Es una obra coral, transversal, que intenta centrar todos los perfiles que aparecen en torno a la corrupción”, señala Dolado, que se ha centrado en los indultos y los aforamientos, figuras que considera “inconcebibles en un Estado de derecho” porque “evidencian privilegios de elite extractiva, conllevando impunidad en algunos casos”. “Consolidan la idea de que no tenemos armas legales para combatir la corrupción y quienes tienen que dotarnos de ellas no pueden o no quieren hacerlo”, señala.

Una de las conclusiones que se extrae del libro señala “claramente” que “volvería a aparecer el mismo problema” de corrupción en España si regresara la bonanza económica sin haber puesto las medidas. “Hacemos hincapié en la prevención –apunta-, sobre todo en el derecho administrativo, porque nos henos dado cuenta que el mayor foco de corrupción ha estado en las competencias administrativas autonómicas y municipales en urbanismo”. En este sentido, apunta que “hay que establecer filtros de control en la gestión urbanística y en la contratación pública, con especial vigilancia a los modificados de obra”.

Dolado recuerda cómo hace más de 20 años, a mediados de los 90, el entonces ministro de Obras Públicas, Josep Borrell, llegó a hacer un llamamiento a los contratistas para que dejaran de pagar mordidas. “Eso no se ha arreglado. Esas comisiones del 3%, del 5% o de lo que sean, han seguido”, indica. La actividad policial y judicial lo corrobora.

El juez decano de Zaragoza aboga también por agilizar los procedimientos penales para perseguir esos delitos. “Deben ser rápidos y eficaces”, anota. Sin embargo, no lo son. En su opinión, eso se debe a las carencias de los tribunales: “Hace falta más jueces y fiscales, más efectivos en la UCO y la Udef y también peritos, económicos y sobre todo informáticos. Esos policías deben depender de jueces y fiscales, no de autoridades administrativas. Y los jueces deberían poder apoyarse en compañeros de otras jurisdicciones” como la mercantil.

Por el contrario, la tormenta se cierra un poco más desde el momento en el que la ley obliga –desde diciembre- a cerrar las pesquisas en un plazo de seis meses que el juez no puede prorrogar de oficio. “Los jueces tenemos que instruir en plazos perentorios sin tener los medios suficientes”, apunta, al tiempo que apuesta por “evitar que el indulto sea una cuarta instancia que cierre el círculo de la impunidad”. “La sociedad tiene la sensación de que, aunque sea tarde, llegamos” a castigar a los culpables de delitos de corrupción.

Dolado es uno de los decanos que hace unos meses propusieron “aumentar el plazo de prescripción de los delitos de corrupción para evitar la impunidad”. Uno de los motivos para hacerlo era la constatación del retraso con el que órganos de control como el Tribunal de Cuentas y sus versiones autonómicas detectan los indicios de presuntos delitos, que a menudo se comunican a las fiscalías cuando ya han prescrito. El ritmo de trabajo no es la única carencia de estos organismos, en la designación de cuyos miembros “debe primar la profesionalidad. Si siguen colonizados por los partidos políticos no hacemos nada”.

El juez decano de Zaragoza, que también defiende en su capítulo sobre Investigación y represión penal de la corrupción la “urgencia” de reformar el CGPJ, de que sus miembros sean elegidos por votación directa de los jueces y de que los magistrados de los tribunales superiores dejen de ser elegidos por las cámaras autonómicas. “Sin independencia judicial –señala- no acabaremos con la corrupción, sin independencia del Tribunal Constitucional tendremos leyes injustas, sin autoridades administrativas independientes no podremos evitar las desviaciones e inmunidades del poder público”.

Dolado insiste en que “el sistema judicial tiene que ser de prevención. Quien la hace tiene que saber que la va a pagar, que no va a ser indultado y que sus bienes van a ser intervenidos. También se trata de que el corrupto, después de cumplir la condena, no siga viviendo bien. Tenemos que ser eficaces en la recuperación del dinero”.

El decano de Zaragoza, no obstante, no lo fía todo a la actuación de policías, fiscales y jueces. Considera necesaria una regeneración social. “No todo está en las leyes, la ética ciudadana se hace en la escuela y en la casa”, señala, antes de citar a la cantautora Joan Baez: “si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre acabarás formando parte de ella”.