MADRID.- La rebaja de impuestos prometida por el PP y Ciudadanos, el aumento de la inversión en Educación del PSOE o la renta mínima garantizada de Podemos y Unidad Popular-Izquierda Unida son algunas de las medidas más vendidas por los partidos en los días previos al 20 de diciembre, pero... ¿Sabes cuánto costaría aplicarlas a las arcas del Estado? Público resume los principales puntos de los cálculos propios de cada formación:

El PP no aclara su promesa de bajada de impuestos pero presume de sus Presupuestos Generales del Estado para 2016 ya aprobados

El Partido Popular nunca ha hecho memoria económica de sus programas electorales. De hecho, la falta de concreción de éstos le lleva a no incluir, por ejemplo, medidas fiscales concretas, como la que anunció el presidente del Gobierno y candidato, Mariano Rajoy, sobre la bajada del IRPF, que no figura en el programa electoral.

Los conservadores han apostado en esta ocasión, y apurando los plazos de una legislatura que se ha acabado prácticamente al mismo tiempo que el año 2015, por aprobar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016 que aún no saben si van a aplicar y que han recibido durísimas críticas (y la enmienda a la totalidad) de los grupos de la oposición.

La mayoría absoluta del PP (186 escaños), que todo apunta a que no reeditará el 20 de diciembre, le permitió sacar adelante el pasado 20 de octubre unas cuentas con un techo de gasto para 2016 de 123.394 millones de euros, un 4,4% menos que el de 2015. Éste es el sucedáneo de memoria económica con el que los conservadores se presentan ante los ciudadanos y con el que, según el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, los españoles decidirán si quieren seguir o no con la recuperación y la creación de empleo que garantiza el PP con sus cuentas y su gobierno.

El PSOE pretende ganar más de 25.000 millones subiendo los impuestos a las empresas y rentas más altas

El PSOE, por su parte, se ha comprometido presentar una memoria económica para justificar las medidas más costosas que promete en su programa electoral, aunque todavía no ha detallado cada partida. Sin embargo, tanto para justificar la financiación para subir el gasto público en Educación al 7% del PIB, el número de becas o una ayuda social para los mayores de 52 años, el PSOE lo fía todo a una reforma fiscal para subir los impuestos las grandes empresas y las rentas más altas, que lo socialistas cuantifican en una recaudación al final de la próxima legislatura de más de 25.000 millones de euros.
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Con este incremento, según las cuentas que hace el PSOE, se puede tanto financiar las medidas estrellas de su programa electoral, así como dejar el déficit público en el 1% en 2019, todo ello sin tener que aplicar más recortes, ni subir los impuestos a las clases medias. A esto suma que con una decidida lucha contra el fraude fiscal que, en cuatro años, la recaudación podría aumentarse hasta 10.000 millones más.

La Renta Mínima Garantizada de Podemos costará 15.000 millones 

La hoja de ruta en materia económica de Podemos, que fue el primer partido en presentar una memoria adicional a su programa, pasa por incrementar el gasto público anual en 24.000 millones de media durante los cuatro años de legislatura. Esto serviría para elevar en 9.000 millones las partidas destinadas a Sanidad en el primer año, y para inyectar 7.000 millones en Educación, según el citado documento. 

Dos de las medidas más costosas son la renta garantizada de 15.000 millones anuales o el plan de transición energética cifrado en 16.000 millones de euros, que según los números del partido permitiría crear cerca de 300.000 puestos de trabajo. 

A lo largo de toda la legislatura, y para costear los 96.000 millones de gasto adicional sobre las previsiones del PP que contemplan invertir, el partido quiere elevar los ingresos públicos en 69.700 millones en cuatro años. Esto pasa por recaudar 39.900 millones hasta 2019 por la lucha contra el fraude fiscal, y 29.800 euros por el "efecto multiplicador" que generaría el aumento de gasto público. El aumento de tramos de IRPF para las rentas de más de 60.000 euros anuales (2.000 millones de euros) o el impuesto de patrimonio y sucesiones permitirían recaudar entre 3.000 y 5.000 millones, lo que a juicio del partido morado serviría para cuadrar la balanza y suavizar la reducción del déficit público hasta el 2% en 2019, al final de la legislatura.

El Plan de Empleo propuesto por IU tendrá un coste neto de 9.600 millones de euros

Unidad Popular-Izquierda Unida también ha enumerado los problemas sociales que, a su juicio, asuelan el país, y propone una Plana de Emergencia Social compuesto de diez medidas dependientes del Gobierno central y otra adicional dependiente de Bruselas. El coste de su batería de acciones urgentes es de 52.494 millones, una parte mínima del PIB español, que supera el billón de euros anuales.

Las medidas afectarían directamente a 16 millones de españoles, y entre las más costosas se encuentra el Plan de Empleo Garantizado. Su objetivo es crear un millón de empleos públicos en un año y su coste inicial es de 15.416 millones de euros brutos, de los que habría que descontar cotizaciones de esos trabajadores. El coste neto que calculan sería de 9.600 millones.

El otro gran desembolso público que Unidad Popular acometería es el destinado a la Renta mínima garantizada de 529 euros mensuales, dirigida a dos millones de personas sin ingresos o con ingresos muy bajos. Valdría 12.600 millones de euros. Por otra parte, proponen una suministro básico vital de agua y energía y un abono trasporte gratuito para parados, que saldría por 2.520 millones de euros. A eso habría que añadir otros 5.143 millones de euros destinados a garantizar la escolarización pública gratuita desde los cero años.

Para hacer frente a este importante gasto público, la candidatura de Alberto Garzón propone una serie de reformas fiscales y de otra índole con las que el Estado ingresaría 64.505 millones, por lo que las arcas públicas aún saldría ganando 12.010 millones de euros. La medida que más dinero recaudaría, según su memoria económica, una reforma del Impuesto de Sociedades con la que se conseguirían 12.010 adicionales a la recaudación actual. También contemplan la recuperación de 16.377 millones de euros que hoy día están enterrados en la economía sumergida del país. 

Implantar la reforma fiscal de C's valdría 9.900 millones de euros

Ciudadanos también prevé recaudar 20.000 millones de euros de la lucha contra el fraude, aunque no ha presentado ninguna memoria económica adjunta a las 338 páginas de su programa electoral. No obstante, el equipo económico de Albert Rivera –encabezado por Luis Garicano, Francisco De la Torre y Antonio Roldán y formado por casi medio centenar de “sabios”- sí ha calculado cuál será el coste de las principales reformas que proponen.

Así, el mayor monto de ahorro (50.000 millones) procedería, según sus estimaciones, del cierre del Senado, motivo por el que, a última hora, decidieron enmendar su propio proyecto para rebajar el IVA cultural al 7% y convertir este punto en su última medida estrella de la precampaña. 

Pese a ello, C’s ya cuenta con que tendrán que ir a renegociar el objetivo de déficit a Bruselas en el caso de que lleguen al Gobierno. Según sus cuentas, podrán cubrir 3.500 millones de euros de los 8.000 del desfase existente en los Presupuestos Generales del Estado que deja Mariano Rajoy ya aprobados para 2016. Para hacer frente al resto tendrán que pedir a Europa “más flexibilidad”, advierten ya en el partido. Y eso pese a que pretenden recaudar 5.000 millones de euros con la eliminación de las Diputaciones y la fusión de municipios y otros 9.500 con su reforma del impuesto de sociedades —un único tipo fijado en el 20%—.

Del otro lado, en el de los gastos, están su propuesta de rebaja de impuestos (una media de 3% en el IRPF), que costará a la Administración central 2.100 millones de euros o implantar el complemento salarial, que aumentará el coste a 7.800 millones. En las cuentas de C’s también entra lo que se dejará de recaudar con ambas medidas fiscales: 5.000 millones de euros. A ellos se sumarán los 1.000 millones que costará dar a las familias un crédito fiscal para las guarderías (280 millones) e igualar los permisos de paternidad y maternidad y subir el plazo de baja a 26 semanas (800 millones).

* Texto elaborado con informaciones de Ana Pardo de Vera (PP), Manuel Sánchez (PSOE), Alejandro López de Miguel (Podemos), Jairo Vargas (IU) y Paula Díaz (Ciudadanos).