La reunión de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado celebrada este lunes en Barcelona ha puesto la primera piedra de la llamada nueva financiación singular de Catalunya, pero está todavía lejos de lo que fijan los acuerdos entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Al menos, todavía no satisface a los republicanos. El Govern del PSC asegura que a lo largo del desarrollo del nuevo sistema se acabarán cumpliendo los acuerdos, pero Esquerra advierte de que los republicanos presionarán para el cumplimiento íntegro de los acuerdos, trasladarán al Congreso la nueva batalla por la financiación singular y señalan que éste puede ser un nuevo frente abierto para el ya debilitado Gobierno de Pedro Sánchez debido al caso Cerdán. Un conflicto que tensionaría la relación entre los socialistas y ERC, con la consecuente afectación para la legislatura.  

"No vamos a aceptar nada que no sea el cumplimiento estricto de los acuerdos, ya que ello quiere decir cumplir con lo que necesita Catalunya, su gente y sus servicios públicos", asegura con contundencia el presidente de ERC, Oriol Junqueras. Aunque desde ERC se ha querido evitar ser beligerante y su portavoz, Isaac Albert, ha rebajado el malestar poniendo en valor "la celebración de la Bilateral" y que "gracias a ERC el PSC y el PSOE se hayan movido para reconocer que Catalunya necesita este nuevo sistema de financiación". Con todo, Albert ha sido claro: "Necesitamos menos escenificación como la de hoy y mucha más concreción" respecto al nuevo modelo. 

Por el momento, el Gobierno catalán y el estatal han acordado este lunes que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) pueda llegar a recaudar todos los impuestos que se tributan en la comunidad y un cierto calendario de ejecución empezando por el IRPF. Otra cosa es si la ATC estará a punto para hacerse cargo ya del actual ejercicio al completo que se recaudará en la primavera de 2026. Las bases del nuevo modelo tienen dos ejes, por un lado incluye el principio de ordinalidad, pero manteniendo una amplia cuota de solidaridad interterritorial, y por otro lado, incorpora la singularidad para Catalunya, pero estipula que debe ser extrapolable a cualquier comunidad que lo solicite, siempre en función de las diferencias competenciales de cada autonomía. 

Éstas son las bases acordadas este lunes, pero quedan muchos pilares del nuevo sistema de financiación por fijar y no parece que el acuerdo sea fácil, ni en Catalunya, ni con el resto de comunidades y fuerzas políticas del Estado. En el caso de Catalunya, las fuentes consultadas admiten que en los últimos días se han mantenido conversaciones al más alto nivel que incluyen el presidente de ERC, Oriol Junqueras, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según confirman fuentes de ERC. Fuentes de la dirección republicana prevén que habrá que mantener esta interlocución en "las próximas semanas o meses" para poder cerrar un acuerdo entre socialistas y republicanos. En cuanto al resto de comunidades, la gran batalla se contempla en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera que se prevé convocar en septiembre para discutir el nuevo sistema. 

Los cupos y la independencia financiera

Los dos principales caballos de batalla que se abrirán ahora en el debate sobre el nuevo sistema de financiación, entre los socialistas y Esquerra Republicana, serán cuestiones de gran complejidad tanto técnica como política. Por un lado, el funcionamiento de la Agència Tributària de Catalunya como responsable de recaudar todos los impuestos en Catalunya. Esquerra está totalmente determinada a conseguir que la ATC funcione de forma totalmente autónoma e independiente de la Agencia Tributaria estatal. Los republicanos se muestran de acuerdo con una coordinación entre agencias en la lucha contra el fraude fiscal, pero dejan claro que "la Agència Tributaria de Catalunya debe poder recaudar y gestionar todos los impuestos de Catalunya de forma independiente". 

El acuerdo de investidura de Salvador Illa establece respecto a la financiación "que sea la Generalitat la que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Catalunya y aumente sustancialmente la capacidad normativa en coordinación con el Estado y la Unión Europea". Y añade que "la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos soportados en Catalunya corresponden a la Agència Tributària de Catalunya, salvo los de naturaleza local". 

Desde el Govern de la Generalitat, el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, asegura que se trabaja en esta dirección, pero advierte de la complejidad técnica para conseguir el funcionamiento autónomo de la ATC y recuerda que el Govern de Salvador Illa ha heredado una agencia con 850 trabajadores mientras que la agencia estatal dispone sólo en Catalunya de 4.400 funcionarios para hacer frente a la recaudación de los impuestos de los catalanes. 

Indefinición en la aportación de Catalunya   

El otro frente de negociación de extrema dificultad será la fijación del porcentaje de los impuestos tributados en Catalunya que se quedará el Estado a partir del nuevo sistema, que desde el Govern definen como un "nuevo paradigma". Es decir, la concreción de los cupos que marcarán la aportación catalana a los diversos fondos estatales, como el que hace referencia a los servicios que el Estado presta en Catalunya, o el que sirve para la solidaridad interterritorial autonómica. Estos porcentajes deberán establecerse y serán fruto de una negociación compleja, como también lo es en el caso de la cuota del concierto económico vasco. Pero en el caso de Catalunya, el margen es aún más reducido, ya que se incluyen varios parámetros, añadiendo el de la solidaridad interterritorial. 

Respecto a los cupos, el acuerdo de investidura fija que "la aportación catalana a las finanzas del Estado integra la aportación por el coste de los servicios que el Estado presta a Catalunya y la aportación a la solidaridad". Y no concreta porcentajes, pero deja claro que "la aportación de los gastos del Estado se establecerá a través de un porcentaje de participación en los tributos", y que "la aportación a la solidaridad debe ser explícita y debe reflejarse de forma transparente. La Generalitat debe contribuir a la solidaridad con las demás Comunidades Autónomas para que los servicios prestados por los diferentes Gobiernos autonómicos a sus ciudadanos puedan alcanzar niveles similares, siempre que lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar". Para acabar concretando que "esta solidaridad debe estar limitada por el principio de ordinalidad". 

El acuerdo de este lunes de la Bilateral no entra a cuantificar los porcentajes o cupos de la "cesta de impuestos" que aportará Catalunya, con el argumento de que dependerá de los fondos que el Estado decida inyectar al sistema y con los que debería compensar los fondos que dejaría de aportar Catalunya, para garantizar que ninguna autonomía verá rebajados sus ingresos con el nuevo modelo, tal y como se ha comprometido el Gobierno. De entrada, el acuerdo sólo fija que el cálculo de la cesta y la nivelación se hace de acuerdo con "criterios objetivos", que tampoco se han concretado, lo que debe garantizar la total "transparencia". 

 Garantizar la ordinalidad, condición imprescindible   

Esquerra fija, sin embargo, una línea roja a la hora de negociar y aceptar los porcentajes que se acaben estableciendo de aportación a los fondos estatales. Esta condición irrenunciable es que "los porcentajes que se acaben acordando deben garantizar que se mantenga el principio de ordinalidad", tal y como dice el acuerdo establecido con el PSC. Es decir, que Catalunya no modifique su posición en el ranking autonómico antes y después de las aportaciones tributarias al Estado, apunta un miembro de la dirección. "El compromiso sobre la ordinalidad está incluido en múltiples acuerdos, reconocido por parte de la Ejecutiva Federal del PSOE y el actual presidente de la Generalitat de Catalunya lo ha planteado reiteradamente", asegura Junqueras. Por el momento, en el acuerdo de este lunes se incluye el concepto de ordinalidad, pero Esquerra no tiene claro que con el redactado actual se pueda garantizar este precepto. 

Fuentes de la dirección de Esquerra consultadas valoran el resultado de esta cumbre como “un primer paso, pero insuficiente” en la configuración de un nuevo sistema de financiación para Catalunya. Estas mismas fuentes admiten la complejidad de una operación de gran alcance como esta, pero advierten que tanto el PSC como el PSOE deben ser conscientes de que "más allá del punto de partida, lo importante es el punto de llegada y éste debe ser el sistema pactado, que según los republicanos se basa en "la total autonomía financiera y tributaria de la Generalitat". De lo contrario, Esquerra hace una contundente advertencia: "Ni el PSC ni el PSOE podrán contar con nosotros para ningún nuevo acuerdo, menos aún el presupuestario, si los respectivos Gobiernos no encauzan la nueva financiación por donde debe transitar para acabar el proceso de forma satisfactoria".  

Impulso de una reforma legislativa   

De esta forma, el próximo paso después de la Bilateral Generalitat-Estado de este lunes lo dará Esquerra con la presentación en el Congreso de una proposición de ley para impulsar una reforma legislativa para asegurar una "cuestión tan relevante" como que la Agència Tributària Catalana pueda cobrar todos los tributos para pasar de recaudar 5.000 a 30.000 millones de euros. Pero está por ver si esta iniciativa tendrá la mayoría necesaria en el Congreso, ya que se necesita el concurso de toda la mayoría de la investidura de Pedro Sánchez. 

La proposición que presentará ERC busca modificar la Ley 8/1980 -la llamada Lofca que regula de forma general la financiación autonómica de régimen común, la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, y la Ley 16/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña y de fijación del alcance y las condiciones de esta cesión. El acuerdo de la Bilateral de este lunes incluye también estas modificaciones, pero está por ver si en el mismo sentido que plantea ERC. Por el momento, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se mostró predispuesto a "estudiar" la propuesta que presentará ERC este mes de julio. 

Hay que tener en cuenta que la Lofca excluye al País Vasco y Navarra del régimen común de la financiación con una disposición, y ERC defiende que para cumplir el acuerdo de investidura habrá que hacer lo mismo con Catalunya. Para que salga adelante este cambio de la Lofca es necesaria una mayoría parlamentaria que lo apoye en el Congreso de los Diputados. El rechazo del PP y Vox se da por supuesto, pero también algunos grupos de quienes conforman la justa mayoría absoluta de la investidura de Pedro Sánchez han mostrado reticencias, entre ellos Compromís o la Chunta Aragonesista. Junqueras admite la complejidad de la operación pero considera que es necesario poner a prueba el resto de formaciones políticas, empezando por los propios socialistas: "en los próximos días veremos en qué medida nuestra propuesta tiene apoyo y va acompañada de otras formaciones políticas", asegura el presidente de ERC. 

 La posición de los principales partidos catalanes   

Lo acordado en la Bilateral de este lunes se sitúa en la línea de lo que defiende el PSC, mantener la cooperación y colaboración entre las agencias tributarias catalana y española para la nueva financiación. Según el presidente del grupo parlamentario del PSC, Ferran Pedret, la relación entre ambas administraciones será "fluida" de forma natural. Y recuerda que países como Alemania ya aplican ese funcionamiento desde una "lógica federal". Respecto a la modificación legislativa que plantea ERC, desde el PSC delegan la decisión en el grupo parlamentario socialista en el Congreso, pero los socialistas catalanes se muestran convencidos de que se podrá llegar a un acuerdo. Fuentes del Govern del PSC también apuntan la necesaria colaboración entre ambas agencias en una operación -la de traspasar la recaudación de todos los impuestos a la Generalitat- que califican de "extrema complejidad técnica". 

En cuanto a los Comuns se muestran dispuestos a "empujar" para obtener una "buena financiación para Catalunya. Para los Comuns, el modelo actual está "caducado" y es "insuficiente" para "avanzar en la autonomía y en el mejor funcionamiento de los servicios públicos". "Estos recursos se necesitan para financiar servicios básicos como la sanidad pública, la educación o para cuidar la dependencia", afirma la coordinadora Candela López. "También necesitamos un sistema financiero que supere al que favorece el dumping fiscal del Madrid de Ayuso en detrimento de todos", añade López. 

En cuanto a Junts, tampoco se pronuncia todavía sobre cómo afrontará una posible votación en el Congreso en el tema de la nueva financiación para Catalunya, pero de entrada menosprecia la operación liderada por ERC. "No habrá ni un euro más para Catalunya", alerta uno de sus principales dirigentes, Toni Castellà. Además, fuentes del partido de Carles Puigdemont desconfían del cumplimiento del acuerdo para la financiación singular por parte de los socialistas y remarcan que su propuesta es la de "un concierto económico como el del País Vasco". 

 Momento delicado para el PSOE en pleno 'caso Cerdán'   

El debate sobre la financiación singular desembarcará en el Congreso en una situación política de extrema tensión con el caso Cerdán, de presunta corrupción que salpica al PSOE, en primer plano. Una situación que dibuja un escenario de máxima debilidad del PSOE frente a los ataques del PP, pero que a su vez requiere que los socialistas recuperen la confianza de los socios de la investidura, por lo que perder el apoyo de ERC con una negociación fallida sobre la financiación singular de Catalunya podría ser un golpe fatal que Pedro Sánchez y su Gobierno de coalición progresista no se pueden permitir. Un clima de confrontación al que la financiación puede añadir leña al fuego con las duras críticas de las comunidades gobernadas por el PP contra la financiación singular catalana, pero también de algunas de las socialistas como es el caso de Castilla-La Mancha o Asturias.