El Gobierno de España y la Generalitat de Catalunya han alcanzado un acuerdo este lunes para sentar las bases de un nuevo modelo de financiación. Este incluye la "singularidad" de Catalunya y la gestión integral de los impuestos a través de la Agència Tributaria de Catalunya. El modelo será aplicable al resto de comunidades autónomas. 

Es el resultado de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat celebrada en Barcelona y la concreción del pacto de investidura alcanzado por PSOE y ERC para favorecer que Pedro Sánchez continuara como presidente del Gobierno. 

"Hemos fijado las bases de un nuevo modelo de financiación basado en la solidaridad y la ordinalidad", ha señalado Albert Dalmau, conseller de Presidencia, durante la rueda de prensa ofrecida tras el encuentro. Dalmau ha señalado que el primer objetivo es que Catalunya pueda recaudar ya en 2026 el IRPF pero que el horizonte "es gestionar todos los impuestos". El acuerdo incluye, según ha destacado el conseller, el desarrollo de la Hacienda catalana para "que trabaje de forma autónoma pero en colaboración" con el Estado. 

"El acuerdo sienta las bases para que en la reforma del sistema de financiación autonómica se tengan cuenta las singularidades de Catalunya al igual que el resto de las comunidades autónomas", ha afirmado por su parte el ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres.

Ni el Gobierno ni el Govern han establecido plazos concretos para desplegar el acuerdo. Se requiere de la modificación, vía Congreso de los Diputados, de la LOFCA (Ley Orgánica de la Financiación de las Comunidades Autónomas). La "voluntad" del Gobierno es llevar al Consejo de Ministros "a la mayor premura posible" el acuerdo. Y a la vuelta del verano trasladarlo al Consejo de Política Fiscal y Financiera. 

Según ha destacado Dalmau, se produce "un cambio de paradigma" en la financiación ya que se pasa de un modelo centrado en los gastos "a uno que mira los ingresos y se basa en la corresponsabilidad". 

Fuentes de Moncloa destacan que el objetivo del acuerdo es "profundizar en el Estado autonómico, incrementar la capacidad y la responsabilidad en la gestión de los impuestos de las comunidades autónomas". Consideran que "se trata de avanzar en corresponsabilidad fiscal" y de "dar la oportunidad a que las comunidades puedan alcanzar mayor autonomía". 

Torres ha enumerado las características que tendrá la propuesta sobre el nuevo modelo. Entre ellas ha destacado la "suficiencia financiera y corresponsabilidad fiscal" para garantizar los recursos necesarios para Catalunya y el resto de comunidades autónomas en relación con sus competencias, a la vez que se garantiza también la suficiencia de los recursos del Estado. Para ello el acuerdo señala que se establecerán porcentajes de participación en la recaudación de los tributos que se acuerden (cesta de impuestos).

La "solidaridad" es otro de los elementos. "Se prevé una aportación solidaria transparente para seguir contribuyendo al bienestar de los ciudadanos del resto de comunidades autónomas, calculada con transparencia y criterios objetivos". Al igual que la ya mencionada compatibilidad entre "bilateralidad y multilateralidad". 

Se pretender también una "financiación adicional" para las competencias específicas y singulares de Cataluña y de las restantes comunidades autónomas que opten por ello como vía para la financiación de sus competencias no homogéneas.

El acuerdo incluye la "ampliación de la capacidad normativa". "Habrá que respetar los límites de la normativa europea y se prevé la introducción en el nuevo sistema de financiación de mecanismos adicionales a los actuales para limitar la competencia fiscal a la baja entre territorios", señala el texto. 

Por último, se propondrá un nuevo modelo de gestión que conlleve la desaparición del mecanismo de las entregas a cuenta, "evolucionando los recursos de acuerdo con la recaudación real". 

Respuesta a las críticas 

"No es una cuestión de privilegios, sino de las competencias que tiene cada comunidad autónoma", ha señalado en este sentido Dalmau frente a las preguntas sobre las críticas realizadas que proceden de otros territorios. "Máximo respeto a los presidentes de todas las comunidades autónomas. La multilateralidad y la singularidad conviven", ha respondido Torres al respecto, concretamente sobre la opinión del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. 

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De momento el acuerdo, más allá del PP y algunos sectores autonómicos del PSOE, tampoco ha sido recibido con buenos ojos por Junts. Su diputado Antoni Castella lo ha calificado como "muy decepcionante" y ha señalado que "no es un concierto económico".