Uno de los frentes de batalla en el que el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos ha dado con intensidad la batalla ideológica, con el objetivo de recuperar el sector de la construcción como uno de los motores de la economía, es la regulación urbanística.

Primero durante los momentos más duros de la pandemia lo hizo a escondidas: el Gobierno de Juanma Moreno coló en un decreto de la covid una reforma urbanística que permitía edificar lo que no estuviera prohibido expresamente. Después, lo hicieron abiertamente, con una nueva ley del suelo, llamada eufemísticamente Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía.

Para aprobar esta norma, que abre la mano sobre todo a la construcción de prácticamente cualquier cosa en suelos rústicos, Moreno contó con el apoyo de Vox y la complicidad del PSOE de Juan Espadas, que se abstuvo en la votación final de la ley y también, más tarde, en la tramitación de la –de momento– fallida ampliación de regadíos en Doñana.

La ley del Suelo es muy discutida por colectivos ecologistas y por Unidas Podemos, que, con la ayuda de otros grupos de izquierda en el Congreso, la llevó al Tribunal Constitucional. El Gobierno de Pedro Sánchez ha abierto una negociación con el gabinete de Moreno para ver si se pueden modificar nada menos que 42 artículos.

La apuesta de Moreno es inequívoca: recuperar la construcción como un motor económico. Así, el recuerdo del boom supera para este Gobierno a la memoria de la caída, que tanto sufrimiento causó y que abrió un agujero de tal magnitud en la economía española, después de la caída de Lehman, del que aún está saliendo, quince años después.

"La nueva ley plantea un nuevo modelo urbanístico que ayuda al desarrollo económico y a la creación de empleo en el conjunto de Andalucía", manifestó la Junta en un comunicado cuando se aprobó. Para la consejera de Fomento, Marifrán Carazo (PP), que impulsó la norma, se trata de la ley "más importante no sólo de esta legislatura, sino de los últimos años".

Carazo, el día de su aprobación, afirmó: "[La ley] hará de [Andalucía] un espacio más próspero, más respetuoso con el medio ambiente, además de eliminar trabas burocráticas y permitir el desarrollo de proyectos que darán más oportunidades para la economía y empleo en nuestros municipios".

Especulación

La aprobación de la nueva regulación ha causado honda preocupación en las organizaciones conservacionistas para las que "uno de los primeros problemas del urbanismo andaluz es el exceso de suelo urbanizable, sobredimensionamiento de suelos para urbanizar que provocó la crisis de 2008, y que la nueva ley, en vez de abordar su desclasificación, los asume en su totalidad".

"Los suelos urbanizables se incrementarán de forma alarmante a causa de la auténtica desregulación que establece la [nueva ley del Suelo]. Este exceso de suelo para urbanizar tiene, entre otras perniciosas consecuencias, un efecto inflacionario sobre el precio del suelo, debido a su acaparamiento, elevando el precio de la vivienda y, por consiguiente, dificultando el acceso a la vivienda de los andaluces, uno de los problemas más graves que soportamos. El alto precio del suelo incide en el alto coste de la vivienda, sea en compra o en alquiler, y en lo menguado del parque público de viviendas en alquiler", asegura Ecologistas en Acción.

Manuel Delgado Cabeza, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla afirma a Público: "La experiencia en este caso nos lo dice todo. Es retomar como motor de la economía una actividad especulativa, y eso acentúa la polarización social".

"Es una actividad que se apoya en una revalorización de activos patrimoniales a partir de la recalificación de suelo por parte de los ayuntamientos y eso pondría en primer plano el clientelismo y la corrupción. Supone un deterioro ecológico grave e irreversible en muchos casos como el de nuestras costas, pero también en el trasiego de materiales que supone", añade el catedrático.

Ecologistas ha hecho los cálculos del exceso de suelo urbanizable en diferentes municipios andaluces: "La relación entre suelo urbanizable sobre el suelo urbano en Cartaya es de 130%, Lepe 129%, Barbate 106%, Chipiona 203%, Puerto Real 134%, Tarifa 132%, Vejer 113%, Alhaurín el Grande 167%, Coín 210%, Estepona 133%, Manilva 292%, Mijas 113%, Torrox 123%, Vélez Málaga 294%, Motril 90%, Almería 111%, Garrucha, 372%, Pechina 283%, Pulpí 171%, Viator 469%".

Coste social

La apuesta por el ladrillo, además de traer el recuerdo de una crisis, tiene para el profesor Delgado "un coste social que es que el enriquecimiento de unos pocos es a costa del empobrecimiento de los demás, como demuestra que hoy estemos pagando un piso entre 15 y 20 veces por encima de lo que valía en los 80 (está más lejos de la gente el acceso a un bien de primera necesidad). Es un ejemplo contundente de al servicio de quién está el sistema político".

Para Ecologistas en Acción, "los partidos que tanto invocan la Constitución se olvidan sistemáticamente del artículo 47". Este establece lo siguiente: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación".

Para la ONG conservacionista, la ley andaluza "no promueve las condiciones necesarias para la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, fomenta la especulación urbanística e impide el acceso de todos y todas a disfrutar de una vivienda digna".