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#RefugeesWelcome: ¿Quién tiene derecho a tener derechos? 

El Plan B para Europa prevé una política diferente también en materia migratoria. "Una Europa sin vallas ni racismo", que rompa con la xenofobia institucional y activa en el exterior para atender y proteger a las víctimas de los conflictos.

Jornadas sobre el Plan B para Europa.

MARIÀ DE DELÀS

Las jornadas sobre el Plan B para Europa dedican buena parte de sus sesiones de trabajo a la realidad social más dura, la de las personas en situación límite que se ven obligadas a abandonar su tierra y a buscar refugio en otro lugar.

"¿Quién tiene derecho a tener derechos?". Itziar Ruiz Giménez, profesora de Relaciones Internacionales en la UAM, ha lanzado esta pregunta para recordar que, hipotéticamente, los derechos a pedir asilo y a recibir protección están reconocidos internacionalmente.

En nombre de la organización Migreurop, Brigitte Espuche, ha intervenido para explicar que a menudo las cifras que se dan sobre personas que migran hacia Europa son burdas manipulaciones para generar entre los europeos un sentimiento de "invasión" y generar xenofobia.

La senadora Maribel Mora, de Podemos, ha dedicado buena parte de su discurso a explicar la tragedia de quienes intentan acceder a territorio español a través de Ceuta y Melilla. Ha señalado que a menudo se habla de lo que allí ocurre en términos de presión migratoria, cuando lo más grave es la represión que padecen esas personas.

Tanto Ruiz Giménez como Epuche han señalado la ineficacia absoluta y la inhumanidad de las políticas europeas en relación a las personas migrantes. "Las políticas represivas no han disuadido a las gentes del deseo de migrar" y tampoco han servido para que disminuya la cifra de personas que mueren en el mar o en el desierto.

Se trata de políticas caras, además, han advertido. Lo son y se mantienen, según Ruiz Giménez, porque no se pretende evitar que las personas emigren hacia Europa, sino que lo hagan en determinadas condiciones, para hacer posibles tres grandes negocios.

El primero es el que deriva del gasto en la militarización de fronteras. El segundo, el que explotan los organizadores de canales irregulares de entrada en los países de la Unión Europea. Y el tercero, el de los empleadores, que se benefician de la explotación de personas migrantes en condiciones inhumanas.

José Miguel Sánchez Tomás, profesor de Derecho Penal, ha intervenido para poner el acento en la necesidad de trabajar más sobre las soluciones que puede aportar el plan B que sobre los "problemas del plan A". Hace falta un "plan B alternativo en materia migratoria", para atender "no sólo a lo que es urgente, sino también a lo importante". "Hay que pensar en las próximas generaciones y no sólo en salvar a los de hoy".

En este sentido, en relación a un futuro más o menos próximo, Brigitte Espuche, ha insistido en la idea de que hay que acabar con "los muros para personas" y en que "la libertad de circulación no es una utopía".

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