Si algo dejó claro la crisis económica de 2008 fue la fragilidad extrema de los cimientos sobre los que se sostenía el sistema de vivienda en España. Cientos de miles de familias se quedaron sin casa víctima del drama de los desahucios por impago de hipotecas, algunas incluso con la deuda después de perderlo todo. Lejos de resolverse, aquel problema ha ido mutando y ya no estriba sólo en el acceso a una vivienda en propiedad, sino a la imposibilidad de las familias para poder hacer frente al precio de los alquileres, sobre todo en las grandes ciudades.

El acceso a la vivienda es ya uno de los grandes retos políticos y económicos de la actualidad, en un contexto en el que el número de personas que optan por el alquiler ha aumentado considerablemente mientras han irrumpido nuevos factores que han dinamitado el modelo: burbuja del alquiler con aumentos de precio del 40% en grandes ciudades, efecto Airbnb que resta oferta de alquiler en el centro de las ciudades, vivienda pública y social en manos de fondos buitre y dificultades para ahorrar y poder hacer frente a la entrada para comprar una casa.

En el bloque progresista, la vivienda ya ocupa un epígrafe concreto de los programas, desde el PSOE a Más País, mientras que en la derecha apenas se dibujan tímidas medidas encaminadas a hacer efectivo el artículo 47 de la Constitución.

PSOE, promesas sin concretar

El breve Gobierno socialista devolvió cierta protección a los inquilinos mediante un real decreto que aumentó varios años la duración de los contratos de alquiler y los tiempos para ejecutar los desahucios en caso de impago. Una medida saludada por los colectivos en defensa del derecho a la vivienda que, sin embargo, la ven aún incompleta.

En el programa para el 10N, el PSOE se compromete frenar esta escalada de precios, aunque no habla de regulaciones, sino de aumentar la oferta de vivienda de alquiler a precios asequibles que haga de contrapeso a la tendencia del mercado actual. Para ello, incentivará fiscalmente la oferta de vivienda a precios asequibles, impulsará la rehabilitación y apostará por la creación de un “gran parque público” de vivienda. También habla de promover el “alquiler seguro y estable a precios asequibles movilizando las viviendas vacías y a los grandes tenedores de vivienda”, aunque no concreta cómo. Promete facilitar el acceso al alquiler a los jóvenes con “ayudas” en proporción a su renta. Sobre protección ante desahucios, el PSOE tan solo propone “medidas específicas de ayuda al alojamiento con necesidades habitacionales urgentes”, que tampoco concreta.

PP, facilitar la compra y proteger al propietario

Los de Pablo Casado no aportan muchas novedades respecto a otras citas electorales, aunque tienen más propuestas en materia de vivienda que el PSOE. Apuesta por facilitar la adquisición de vivienda habitual eliminado el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

En cuanto al alquiler, su principal preocupación es proteger al propietario, ya sea ante impagos de la renta o la okupación. Propone crear “seguros de arrendamiento” que cubran el impago de los alquileres y los daños que pueda causar el inquilino, además de “sistemas de arbitraje” para los conflictos entre arrendador y arrendatario.

Del mismo modo, propone reducir impuestos a los ingresos por alquileres de vivienda que suponga residencia habitual, sobre todo si el inquilino es joven o mayor de 65 años con ingresos bajos.

Pese al boom del ladrillo previo a la crisis, contempla destinar suelo público “para 100.000 nuevas viviendas” destinadas al alquiler asequible “prioritariamente a familias con hijos” y construidas mediante “fórmulas de cooperación público-privada”.

En cuanto a la lucha contra los desahucios, tan sólo propone prorrogar hasta 2023 la moratoria de los desahucios a familias con hijos en situación de vulnerabilidad.

El resto de propuestas se resumen en endurecer las penas por usurpación de vivienda, pasando de la actual pena de tres a seis meses de multa a prisión entre uno y tres años. Se compromete a agilizar los trámites de los procesos penales para facilitar el desalojo de las viviendas ocupadas e igualar esos plazos cuando los propietarios sean personas jurídicas (bancos, fondos, empresas).

Ciudadanos, un PP naranja

Las propuestas en vivienda de Ciudadanos no distan mucho de las del PP. Prioriza facilitar la compra y pone especial celo en la protección del propietario y la mano dura contra los okupas, aunque tiene medidas novedosas como un préstamo de hasta 15.000 euros sin intereses para hacer frente a la entrada de la hipoteca o promocionar la opción de alquiler con derecho a compra.

Propone una “Ley nacional de Vivienda” y la ampliación del parque de viviendas sociales de alquiler. Habla de eliminar trámites administrativos para rehabilitar y construir casas y propone la figura de “vivienda dotacional pública” como servicios de “alquiler temporal” para personas con dificultades para acceder al mercado de la vivienda. También habla de alquiler asequible mediante la colaboración público-privada en la “provisión de viviendas sociales”. Para taimar la fiebre de precios, plantea ventajas fiscales para caseros que alquilen por debajo del precio de mercado. También le asegura el cobro de la renta pese a impagos del inquilino. Los incentivos fiscales también irían dirigidos a los particulares y entidades dedicadas al arrendamiento de vivienda en régimen protegido.

Al igual que el PP, Ciudadanos propone un sistema de arbitraje rápido y gratuito para conflictos entre las partes que alquilan y más seguridad para los arrendadores frente a los llamados okupas, a los que promete expulsar antes de 48 horas de los inmuebles que usurpen. Promete una “Ley contra la Okupación Ilegal” que persigue también a las mafias de los narcopisos.

También apuesta por desarrollar un marco regulatorio único a nivel nacional para el alquiler vacacional y combatir la “turismofobia”.

Podemos, intervenir el mercado y fin de las Socimis

El acceso a la vivienda es uno de los puntos fuertes del programa de Unidas Podemos, que habla de blindarlo constitucionalmente como derecho fundamental y desarrollarlo conforme a derecho internacional. Propone “intervenir el mercado del alquiler” y controlar precios para impedir subidas abusivas y garantizar un alquiler estable y seguro. Habla crear un de índice de precios de referencia “adaptados a las realidades locales”, dotando a los Ayuntamientos de la potestad de regular precios en lugares “especialmente tensionados”. El objetivo es que ninguna familia pague más del 30% de su renta en alquiler.

Plantea un “contrato de arrendamiento indefinido” en lugar de temporal, aunque con causas claras para la rescisión, pero contempla prórrogas automáticas cuando el inquilino sea especialmente vulnerable y el casero, una inmobiliaria o un fondo buitre. Para poner coto a las actividades de estos últimos y sus efectos en los precios, la formación morada propone auditar los activos tóxicos de los bancos rescatados con dinero público e incorporar a los programas de vivienda las casas “cedidas a fondos buitre o a la Sareb” (el banco malo). También aboga por crear un “censo público de viviendas vacías” de bancos, fondos y otras empresas inmobiliarias y eliminar las Socimis, sociedades dedicadas al mercado del alquiler con grandes beneficios fiscales.

Se pone Viena como referencia en la creación de un gran parque de alquiler público de precio asequible en el que los llamados “grandes tenedores de vivienda vacía” deberán ceder obligatoriamente inmuebles, aunque también se construirán donde sea necesario. Habla de 50.000 casas al año en este parque. Quiere elevar la inversión pública española en vivienda hasta límites europeos y promete “paralizar y revertir” la venta de vivienda y suelo públicos a entidades privadas, impulsar la figura de la “cesión de uso de vivienda a la Administración” y dar acceso prioritario a este parque público a los jóvenes.

En cuanto a protección frente a desahucios, se fija prohibir los desalojos sin alternativa habitacional a personas o familias en situación de vulnerabilidad si la Administración no garantiza un realojo en condiciones dignas, tanto en casos de impago de alquiler como ocupaciones por falta de vivienda asequible, tal y como establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU que España ha suscrito.

Tampoco deja atrás a los afectados por la crisis hipotecaria, a quienes promete acabar con el problemático índice de referencia para intereses llamado IRPH de forma retroactiva para que todos los afectados puedan recuperar lo que pagaron indebidamente. Habla de “proteger a los deudores hipotecarios” mediante derechos de reestructuración de deuda, quita y dación en pago, incluso retroactiva. Del mismo modo, insiste en que se aplique de manera correcta la normativa europea sobre las cláusulas abusivas de las hipotecas.

Vox, el salvaje oeste

A la formación ultraderechistas no parecen preocuparle los problemas de los españoles para acceder a la vivienda. De sus “cien medidas para la España viva”, Vox sólo hace referencia a “promulgar leyes antiokupacion y anti usura”, sin concretar cuáles, además de ampliar el concepto de “legítima defensa” para que “los españoles” puedan hacer uso de la fuerza para defender su hogar. Habla de excluir a los okupas de las ayudas sociales y de reformar la ley para que sean expulsados en “cuestión de horas”.

Más País, regular los precios "de forma responsable"

Para la joven formación de Íñigo Errejón recoge varias propuestas similares a las de Unidas Podemos combinadas con incentivos de corte verde. Plantea regular “de forma responsable” los precios del alquiler, delegando la tarea en las autonomías y ayuntamientos de más de 100.000 habitantes. También quiere poner coto a la vivienda de alquiler turístico, llegando a prohibirla en algunas zonas. Respecto a las SOCIMIS, la herramienta preferida de los llamados fondos buitre, propone “revisar” su régimen fiscal para que tributen el 15% de los beneficios no distribuidos, con la posibilidad de quedar exentas si provienen de alquileres “a precios asequibles y regulados”.

Proponen aumentar paulatinamente el presupuesto público para vivienda hasta llegar al 2% del PIB al final de legislatura, todo destinado a “la promoción de vivienda pública en alquiler y en régimen de cooperativa”, pero también en subvenciones a la rehabilitación de vivienda con materiales sostenibles y para la eficiencia energética. Contempla penalizaciones vía impuestos a la vivienda vacía, que quiere definir por ley, para garantizar su puesta en el mercado de alquiler. También busca ampliar la oferta de alquiler a precios “asequibles” mediante la construcción y gestión en suelo público por parte de sociedades “público-privadas” y en régimen de “cesión de derecho de superficie”. Plantea la creación de un índice público de precios que sirva de referencia para las políticas públicas.

Para evitar desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, propone la creación de un parque público de viviendas derivado de las medidas anteriores y que la Administraciones se involucren activamente la negociación para proteger a estas familias vulnerables. Además, aboga por la eliminación del índice IRPH, facilitar la reestructuración de la deuda hipotecaria o la admisión de la dación en pago para familias de bajos recursos y más protección jurídica ante cláusulas abusivas siguiendo las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE.

También incluye un “plan de vivienda rural” para facilitar las instalación de jóvenes y familias en los pueblos. Se basa en la creación de un banco de viviendas en colaboración con ayuntamientos, a precios asequibles y facilitar la rehabilitación a cambio de la cesión de uso gratuito de la vivienda, siempre primando el aspecto ecológico.

Por otro lado, insiste en fomentar las “hipotecas verdes”, facilitando crédito para la compra de vivienda con alta eficiencia energética y la posibilidad de que el ICO actúe como avalista.