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Desacuerdo entre los grupos catalanes por la vía para pedir el referéndum al Congreso

ERC prefieren centrar todos sus esfuerzos en asegurar que haya pacto sobre el redactado de la pregunta y la fecha de la consulta

PÚBLICO / AGENCIAS

La falta de acuerdo entre todos los grupos del Parlament favorables al 'derecho a decidir' ha provocado que se aplace la votación en la cámara sobre la 'vía' para pedir al Estado el traspaso de la competencia para poder convocar el referendo soberanista de Cataluña.

La Junta de Portavoces del Parlament ha servido de marco para visualizar la falta de acuerdo entre todos los grupos sobre la 'vía' que permita formalizar la petición de traspaso en aplicación del artículo 150.2 de la Constitución. Así, CiU, ERC y la CUP desean presentar en primer lugar una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso, mientras el grupo de ICV-EUiA defiende la vía de tramitar una Proposición de Ley.

Esta falta de acuerdo sobre la 'vía' impedirá que en el pleno de la semana próxima, previsto para el 4 de diciembre, se vote una propuesta de resolución unitaria de los grupos favorables a la consulta, y que esta cuestión se posponga hasta el siguiente pleno.

CiU, ERC y la CUP quieren evitar que una proposición de ley del Parlament se tramite en el Congreso muy lentamente, puesto que existen precedentes de iniciativas catalanas que han tardado 2 ó 3 años en llegar a ser debatidas ante el pleno de la cámara legislativa española.

Los republicanos prefieren centrar todos sus esfuerzos en asegurar que haya pacto sobre el redactado de la pregunta y la fecha de la consulta, que debería acordarse a finales de año según el pacto de legislatura que hace un año firmaron con CiU.

En lo que sí hay consenso entre los cuatro grupos es que, en el Congreso, se pida al Estado que transfiera a la Generalitat la competencia de convocar referéndums a través del articulo 150.2 de la Constitución. Este artículo permite transferir a las comunidades competencias que la Constitución atribuye al Estado, y este fue el procedimiento que se utilizó a finales de los años 90 para que Cataluña pudiese gestionar la competencia de tráfico.

Fuentes parlamentarias han indicado que, en cualquier caso, cuando finalmente llegue la propuesta al Congreso, el debate no se producirá antes de febrero, ya en el nuevo periodo de sesiones.

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