Casi tres años después del día de los hechos, el caso que sentó en el banquillo de los acusados a Diego Catriel Herchhoren se ha cerrado con una sentencia absolutoria, para sorpresa del activista. Aun así, el escrito final contra el que no cabe recurso no es del todo garantista, pues recoge que este integrante de la PAH Guadalajara podría haberse enfrentado a una condena por un delito leve de coacciones al publicar imágenes en las que aparecían los rostros de los funcionarios que estaban ejecutando un desahucio aquel 26 de marzo de 2019 en el barrio de El Alamín. "Publicamos fotografías de trabajadores públicos en el ejercicio de sus funciones y en la vía pública", resume un Herchhoren que ahora respira más tranquilo tras ser absuelto de los delitos contra la intimidad, injurias y desobediencia por los que la Fiscalía le pedía casi dos años de prisión.

Aquella mañana, él y otra compañera repartían panfletos de la PAH en el centro de salud del barrio, a escasos metros de la vivienda donde se terminó ejecutando el desahucio. "Cuando vimos que eso se empezaba a llenar de policías, la compañera y yo subimos a nuestras casas para poder ver lo que estaba pasando", relata el activista. Vieron cómo diversas unidades policiales, acompañados por la comisión judicial, efectuaban el desahucio de una familia que se encontraba ocupando un bajo sin ventanas de uno de los edificios, "en estado de ruina", puntualiza Herchhoren. La familia estaba compuesta por una mujer de 17 años, un hombre de 19 y un bebé que no llegaba a los 6 meses.

"Les echaron sin previo aviso, sin que ellos tuvieran conocimiento de ningún tipo de procedimiento. Además, los agentes judiciales que vieron la situación en la que iban a dejar en la calla a dos menores siguieron adelante con el lanzamiento, así que desde las ventanas varias personas les gritamos la barbaridad que estaban haciendo", relata este miembro de la PAH, abogado de profesión. Lo tenso de la situación no impidió que se ejecutara el desahucio, por lo que Herchhoren empezó a fotografiar lo que ocurría, y en una de las imágenes aparecían los rostros de los funcionarios que integraban la comitiva judicial.

El ojo en la comisión judicial

Esa fue la diferencia con lo ocurrido otras veces: "Muchas veces, las personas que militamos en colectivos sociales que luchan por el derecho a la vivienda ponemos el foco en la Policía y dejamos de lado la comisión judicial, cuando son quienes tienen la interlocución con el juez", desarrolla el activista. De esta forma, "son ellos los que podrían haber avisado de que había dos menores y la situación era dramática, o que hasta que no fueran servicios sociales no debería realizarse el desahucio, pero lo hicieron", en sus propios términos.

En ese momento, un juzgado de Guadalajara abrió diligencias contra él por un posible delito de revelación de secretos contra la intimidad de los agentes judiciales. "Fueron mucho más allá al realizar una investigación prospectiva a todo el conjunto de la PAH: Ya no querían saber solo quién había sido el autor de las fotografías sino quienes administran las redes sociales del colectivo", agrega el también abogado. Así pues, el mismo juzgado cursó oficios a Estados Unidos, dirigidos a Twitter y Facebook, solicitando los datos de las personas que han podido replicar esas informaciones. Ante este extremo, Twitter respondió que no les daría esa información al estar protegida por la Constitución estadounidense.

Cambio de parecer en la Fiscalía

Una vez cerrada la instrucción, "y tras haber investigado a la PAH en su conjunto, porque es lo que querían, comienza la película de terror", apuntilla Herchhoren. Desde la PAH Guadalajara siempre sostuvieron que no había ningún tipo de delito en mostrar fotografías de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones públicas en la vía pública, tal y como remarcan. No es lo mismo que pensó el fiscal, ya que en un principio sostuvo que el activista podría haber incurrido en un delito contra la intimidad y contra el honor, de injurias, concretamente. Por eso, pidió una pena de cuatro años de prisión y una pena-multa de 12 meses, que al no abonarse se convertiría en medio año más de cárcel.

Tal fue la situación que desde Amnistía Internacional emitieron una alerta sobre este proceso, precisamente al entender que en la acusación subyace un ataque a la libertad de expresión e información. "Esta acusación no era contra mí, ni mucho menos, sino contra la sociedad, es un mensaje para los demás. Con ello te están diciendo que tengas cuidado con lo que haces al exponer al Estado mientras comete una barbaridad como desahuciar a una familia en esas condiciones porque mira lo que te puede pasar", expresa el mismo Herchhoren.

Durante la vista oral del juicio, el Ministerio Público decidió rebajar la pena que pedía contra el activista de la PAH a casi dos años de prisión. En dicho proceso, "los funcionarios policiales y judiciales que testificaron dijeron que esas fotografías habían hundido sus carreras, lo que es un disparate", expresa el por entonces acusado. Finalmente, la sentencia, a la que ha tenido acceso Público, le absuelve de todos los delitos que le imputaban, no sin antes recalcar que la publicación de los rostros de la comitiva judicial podría haberse sancionado como un delito leve de coacciones, algo que ya no tenía cabida al no haber una denuncia por parte de los afectados directos.

Un juicio a la PAH en su conjunto

Asimismo, le absuelven del delito de revelación de secretos que le imputaba la Fiscalía al haber hecho pública una resolución judicial efectuada durante la fase de instrucción. En ella, el juzgado ordenaba a la PAH a eliminar sus publicaciones de las redes sociales y les advertía de no volver a realizar una acción así. "La jueza termina reconociendo que las resoluciones judiciales son públicas, sobre todo cuando hablamos de un hecho con una relevancia y repercusión social de estas características", agrega al activista.

En cuanto al delito contra el honor, por injurias, el miembro de la PAH también terminó absuelto. "Decían que yo había injuriado a los funcionarios, pero ese es otro disparate porque en ningún momento publicamos algo que no fuera verdad. El desahucio era un hecho, y así lo mostramos", defiende. Además, la absolución engloba la acusación por un delito contra la intimidad. "Argumentaban que había expuesto a los funcionarios judiciales en el ámbito de su intimidad, lo que es otro disparate porque están ejerciendo una acción judicial en la vía pública", resalta el abogado y miembro de la PAH.

Herchhoren afirma que son, paradójicamente, un poco más libres después de este juicio y que la sentencia no hubiera sido posible sin la alarma social que llevaron a cabo para poner en evidencia "este tipo de procesos judiciales que son un ataque a la libertad de expresión". Y repite: "Esto no consistía en juzgar a Diego, sino que cualquier persona con un mínimo de sensibilidad social supiera a lo que se enfrenta si expone al Estado cuando comete acciones como estas".