Diego Catriel Herchhoren, activista de la PAH Guadalajara, jamás pensó que se podría enfrentar hasta casi cinco años de cárcel por publicar un tuit en el que aparecían los rostros de las personas que aquella mañana del 26 de marzo de 2019 encarnaron la comitiva judicial. Eran los encargados del lanzamiento de un inmueble situado en el barrio de El Alamín, en la capital alcarreña.

Días después supo que estaba siendo investigado por los delitos de injurias con publicidad, un delito contra la intimidad y otro por desobediencia grave. Tras la vista del juicio, el propio afectado ha afirmado a Público que la Fiscalía, única impulsora del proceso, ha cambiado de parecer: "Han sustituido el delito de injurias y contra la intimidad por uno de coacciones". El activista, ahora, hace frente a una posible pena de un año y seis meses de prisión.

Cuando todo ocurrió, hace más de dos años, el afectado y otra compañera de la PAH se encontraban repartiendo folletos del propio colectivo social a las puertas de un ambulatorio a escasos 30 metros de la casa de Herchhoren. Empezaron a ver un gran despliegue policial y se alarmaron. Tal y como el propio afectado contó en este medio, al final vieron que la Policía se dirigía a una vivienda ocupada por un matrimonio muy joven que no llegaban a la veintena de edad, además de tener un bebé de unos cinco meses. Así pues, los dos activistas subieron a sus balcones y profirieron gritos de repulsa hacia lo que estaba pasando, y lo colgaron en su cuenta de Twitter.

El tuit de la discordia

"Casi fue un acto de impotencia por nuestra parte, porque no podíamos hacer mucho más para frenar el desalojo. Con la Policía no hubo ningún conflicto. Ni a mí ni a mi compañera nos identificaron porque no les hizo falta; ya nos conocían", dijo en su momento Herchhoren. El problema vino con la fotografía que subió a la red social, pues en ella se mostraban los rostros de dos mujeres y el hombre que formaban la comisión judicial. La acompañaron con este texto: "Recordad estas caras. Son los miembros de la Comisión Judicial (...). Son quienes han dejado a una familia hoy en la calle". Pocos días después, este activista de la PAH fue requerido por la Policía Nacional para entregarle en mano una medida cautelar mediante la cual le exigían la retirada de las imágenes del desahucio.

Además, esta primera medida también les exigía no volver a publicar imágenes de funcionario pertenecientes a la comisión judicial bajo un apercibimiento de un delito de desobediencia en el caso de reincidir. "Son funcionarios públicos, en la vía pública, desarrollando una función pública con claro interés público, así que desde el primer momento este proceso judicial ha sido una sorpresa para nosotros", recalca Gustavo Rioja, el portavoz de la PAH Guadalajara.

Una vez realizadas las indagaciones pertinentes, incluso tras intentar que fuera la propia empresa de la red social quien eliminara el contenido, el juzgado competente dilucidó que Herchhoren había sido el autor de las imágenes y el responsable de su publicación en Twitter. Este 9 de diciembre se ha celebrado la vista oral, el último trámite antes de conocer la sentencia. Herchhoren ha entrado a los juzgados acusado de tres delitos para los que la Fiscalía le pedía las siguientes condenas: injurias con publicidad, con una pena económica de 10 euros diarios durante un año, lo que se podría convertir en 6 meses de prisión si se niega a abonarla; delito contra la intimidad, por el que le piden 3 años de prisión; y otro de desobediencia grave, por el que el Ministerio Fiscal pide una condena de un año de cárcel.

Indefensión del acusado

El encuentro ha adquirido otra dirección cuando la Fiscalía ha cambiado de parecer y ha sustituido los delitos de injurias con publicidad y contra la intimidad por uno de coacciones. Herchhoren, abogado de profesión, ha salido contrariado del juicio oral: "Este cambio sorpresivo en la instrucción es algo muy difícil para el acusado, porque vas preparado para defenderte de los delitos que te imputan, no de otros. Es necesario saber de qué te acusan antes del juicio oral, y eso no ha ocurrido". Desde su punto de vista como letrado, entendería este cambio de parecer si hubiera habido alguna modificación entre la prueba del relato de los hechos que se practicó y lo confesado hoy en sede judicial, pero esto no ha sido así, relata. "Las personas como prueba de cargo contra mí han alegado exactamente lo mismo que ya dijeron en su momento, así que ¿por qué la Fiscalía modifica la acusación si ya sabía todo lo que han dicho hoy en el juicio oral?", se pregunta el afectado.

En contra de él han testificado varias personas en calidad de testigo: la procuradora de la Sociedad San Vicente de Paúl, propietaria del piso que desalojaron en 2019, los tres agentes judiciales (que no se han personado como afectados en la causa), y la directora del Servicio de notificaciones y embargos y el jefe de la Brigada de Información de la Policía Nacional en Guadalajara. Este último "ha dicho que era el responsable de la lucha contra el Yihadismo en la provincia, y que por ese tuit está en peligro al haber dado a conocer su identidad, lo que es algo totalmente absurdo porque, en repetidas ocasiones, ha aparecido en eventos oficiales de la Policía y no pierde oportunidad de salir en una foto", en los propios términos del activista.

Amnistía Internacional, observador neutral

Rioja, por su parte, considera que este procedimiento "supone un acto de presión para silenciar a todo un movimiento social". El portavoz de la PAH en Guadalajara cree que el Estado quiere silenciar a cualquier colectivo que pretenda informar y comunicar a la ciudadanía cualquier caso de abuso realizado por la Administración pública, como sucede en los desahucios, parafraseándole. En el caso de que su compañero terminara condenado a ese año y medio de cárcel al que se enfrenta, el colectivo recurrirá la sentencia a todas las instancias, "y si hace falta que España termine condenada, de nuevo, por Estrasburgo por haber vulnerado el derecho de información y libertad de expresión, así pasará", agrega el portavoz.

Él mismo indica que la organización Amnistía internacional ha pedido estar como observadora neutral en el juicio, "lo que ya dice bastante de que en un país teóricamente democrático y desarrollado tenga que estar una entidad así velando por el cumplimiento de los derechos sociales", el palabras de Rioja. Herchhoren, tras conocer la reducción de la pena pedida por la Fiscalía, se muestra tranquilo, pero también cauteloso: "Cuando se cierre este proceso, comenzarán con otro, esto es así siempre", ha afirmado a Público tras salir de los juzgados. Por el momento, su pena de prisión podría quedar suspendida al no alcanzar los dos años y no poseer antecedentes penales, aunque este trámite no sea automático.