El Ejecutivo encarrila estos días su ley para reconocer como trabajadores por cuenta ajena a los repartidores de plataformas como Glovo, Deliveroo o UberEats, conocidos como riders, que hoy operan como falsos autónomos, tal y como han plasmado distintas instancias judiciales.

El informe sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, aprobado el martes en Consejo de Ministros, plasma el compromiso del Gobierno de actuar para "regular las nuevas formas de empleo" que surgen "fruto del desarrollo de la economía digital".

En concreto, el Informe de Progreso 2020, elaborado por la Vicepresidencia Segunda, pone como ejemplo al colectivo de los riders, y enfatiza que la Unión Europea "ha reconocido las condiciones de precariedad y la falta de protección adecuada" que afectan a estos trabajadores.

Por ello, el documento aprobado por el Consejo de Ministros defiende que la normativa que hoy está en proceso de desarrollo persigue "recuperar su laboralidad y sus derechos asociados", si bien la novedad es que se compromete a abordar esta cuestión en el marco del diálogo social.

En principio, había reticencias por parte de la Vicepresidencia de Asuntos Económicos a abrir esta negociación, que consideran compleja, pero fuentes consultas indican que es evidente la necesidad de ir a una regulación "razonada y razonable".

Sin embargo, y mientras los sindicatos se muestran partidarios de actuar en esta materia, a día de hoy no se ha convocado ninguna reunión específica, no se han intercambiado propuestas ni tampoco se ha abordado en detalle en ninguna de las mesas de diálogo social que mantiene abiertas el Ministerio de Trabajo y Economía Social, aseguran fuentes del diálogo social. Trabajo está redactando esta ley, se conocen varias pistas del rumbo que seguirá, pero todavía no ha habido una aproximación a sindicatos y empresarios.

Proteger a los trabajadores

De hecho, desde el Ministerio de Yolanda Díaz recuerdan que entre el 6 y el 22 de junio mantuvieron abierto un procedimiento de consulta pública para recopilar aportaciones a la ley que aspira a acabar con los falsos autónomos, con especial incidencia en la diferenciación y regulación de plataformas asociadas al reparto a domicilio de comida y otros productos. Este proceso de consulta también fue criticado por los agentes sociales, por considerar que el Ministerio no había contado con sus aportaciones.

La idea base es proteger a estos trabajadores, laboralizarlos, esto es, lograr que estén cubiertos por un marco de relaciones laborales que reconozca y preserve sus derechos. También pasa por garantizarles un salario digno, acotar los tiempos máximos de trabajo y los descansos, o reconocerles el derecho al cobro de la prestación por cese de actividad, siempre según el documento que explicaba las claves de esta norma. De hecho, éste ha sido uno de los sectores considerados esenciales mientras estuvo en vigor el estado de alarma, por lo que los riders siguieron trabajando incluso durante las etapas más duras del confinamiento.

Desde Trabajo afirman, además, que este es un compromiso recogido en el acuerdo de coalición. En concreto, este pacto habla de identificar "relaciones extra laborales que deberían articularse a través de contratos de trabajo como por ejemplo falsos autónomos, falsos cooperativistas y falsos becarios".

También compromete a la persecución del "fraude de los falsos autónomos, prestando especial atención a las situaciones en las que los ingresos obtenidos por los trabajadores y las trabajadoras procedan de un único cliente o empleador".

Además, recuerdan que distintas instancias judiciales, entre ellas varios Tribunales Superiores de Justicia, ya han dictado decenas de sentencias estableciendo que estos repartidores ejercieron como falsos autónomos. A la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre esta cuestión, el TSJ de Madrid ya dictó en enero, por unanimidad, que 532 repartidores de Deliveroo habían ejercido como falsos autónomos, y que debían ser reconocidos como trabajadores por cuenta ajena.

CCOO reclama "mayor ambición"

Por su parte, desde los sindicatos urgen al Ejecutivo a abordar esta materia. A la espera de conocer en detalle la propuesta de Trabajo, desde CCOO reclaman al Gobierno una "mayor ambición", que no se conforme con regular sólo en lo que toca a las plataformas digitales, sino también en lo que afecta a los distintos casos de falsos autónomos detectados en muy diversos sectores.

Para UGT también es esencial intervenir en este sector para su regulación, y recuerda que es una de sus reivindicaciones permanentes ante el Gobierno. Por ello, consideran una buena noticia que el Ejecutivo se abra ahora a negociarlo dentro de la mesa de diálogo social.