Las discrepancias por el decreto anticrisis marcan la recta final del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos

Quedan apenas 15 días para que el tercer decreto anticrisis caduque. El 30 de junio dejarán de estar en vigor algunas medidas relevantes aprobadas el pasado año por el Gobierno para paliar las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. La intención del Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez es prorrogar este decreto. PSOE y Unidas Podemos ya negocian para ello. 

El patrón parece que se repite, ahora a las puertas de las elecciones generales del próximo 23 de julio. UP presiona a los socialistas para incluir nuevas medidas ambiciosas y prorrogar otras que ya están incluidas. La ministra de Derechos Sociales Ione Belarra puso las peticiones de su espacio encima de la mesa este miércoles. 

"Necesitamos redoblar los esfuerzos y proteger a la gente de nuestro país. Por eso le hemos propuesto a nuestro socio de Gobierno prorrogar el escudo social e incluir nuevas medidas que consideramos urgentes e imprescindibles", destacó Belarra en un vídeo difundido en redes sociales. 

UP pide concretamente la prórroga de dos medidas. Por un lado, mantener la reducción del precio del transporte público: "Hemos propuesto a nuestro socio hacer permanente la rebaja o extenderla, al menos, hasta finales de 2024", destaca Belarra. Por otro, en materia de vivienda, mantener las medidas de protección a los hogares, ampliando la prórroga de seis meses de los contratos de alquiler y la prohibición de cortes de suministros. 

Desde las filas socialistas del Ejecutivo todavía no han confirmado qué medidas incluidas en el decreto se plantean mantener. A excepción de la reducción del IVA en algunos alimentos básicos. La vicepresidenta Nadia Calviño lo verbalizó este lunes en la sede del PSOE debido a que la inflación subyacente se mantiene todavía en un 6%. Esta medida ha sido criticada por UP desde que se puso en marcha. La consideran insuficiente. 

En el ala socialista, según las fuentes consultadas por Público, la postura hoy en día es que se encuentran en un "proceso de análisis" para ver qué medidas han sido más efectivas. Porque este decreto anticrisis supone un "alto impacto fiscal".

Por tanto, los plazos, como ya ocurrió con los anteriores decretos, se apurarán al máximo. "Se está analizando efectividad, impacto, evolución económica y previsiones para ver qué medidas se prorrogan y en qué términos", insisten en los diferentes ministerios implicados. 

Respecto al transporte público, desde el Gobierno recuerdan que la gratuidad en Cercanías, Rodalies, Media Distancia y la bonificación del 50% en los Avant de Renfe estarán vigentes hasta fin de año. El resto, como el Metro de Madrid, es competencia autonómica. A falta de decidir si el decreto prorrogará estas bonificaciones, el Ejecutivo de Sánchez reclama a presidentas como Isabel Díaz Ayuso que colaboren también para completar el descuento porque ambos van vinculados. 

Otras medidas que caducan el 30 de junio son la anulación temporal del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, la reducción del 80% de los peajes en la industria electrointensiva; el IVA al 4% para las mascarillas y al 0% para los bienes y prestaciones para combatir la covid, la limitación al precio máximo en la bombona de butano o el descuento de 20 céntimos por litro en los combustibles para el sector del transporte profesional. 

Hipotecas y alimentos

Belarra anunció este martes que le había trasladado al PSOE la necesidad de implantar dos nuevas medidas. Realmente UP ya las había pedido anteriormente. Una de ellas es limitar las hipotecas a tipo variable. Otra, establecer un tope o bonificación al precio de los alimentos. Ambas han sido rechazadas con anterioridad por el PSOE. 

La cercanía de la campaña electoral marcará también estas negociaciones. Todas las fuerzas tratarán de marcar su propio perfil, como es obvio. Más en un contexto donde Sánchez seguirá una estrategia de "voto útil" o "concentración del voto".

En este contexto, aunque fuera de la negociación del decreto anticrisis, la vicepresidenta y candidata de Sumar, Yolanda Díaz, anunció también alguna propuesta económica este miércoles. Por ejemplo, un impuesto permanente a las grandes fortunas, un asunto que ya puso también encima de la mesa Podemos el pasado año. 

De momento, Calviño dejó un mensaje esta semana hacia sus socios de Gobierno. "El socio minoritario no ha tenido prácticamente influencia en la política económica", destacó. Una visión radicalmente diferente a la que tiene UP, que ha reivindicado como propios logros de la coalición.

"Necesitamos un Gobierno de coalición valiente que haga políticas ambiciosas. Hemos demostrado que gobernamos mejor y de manera más justa, y debemos hacerlo hasta el último minuto de la legislatura", dijo en este sentido Belarra este martes.