Dos años con el Poder Judicial caducado y sin visos de solución a corto plazo

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva en funciones desde el 4 de diciembre de 2018. Dos años en los que ha sido imposible alcanzar un acuerdo en el Parlamento para la renovación de los 20 vocales del gobierno de los jueces. La situación se agrava por momentos, según coinciden en señalar las asociaciones judiciales, tras conocerse que el Partido Popular se sentaría a negociar después de la celebración de las elecciones catalanas, el 14 de febrero próximo, con el objetivo de minimizar en las urnas el impacto de un acuerdo con el gobierno de coalición.

Así las cosas, las asociaciones claman por el final de la "politización" de la justicia. Y aunque critican la postura del partido de Pablo Casado, tampoco les gusta la propuesta de PSOE y Unidas Podemos de rebajar de una mayoría de 3/5 partes del Senado y del Congreso a una mayoría absoluta la votación para renovar la cúpula judicial. Algo que con la mayoría del bloque de investidura estaría garantizado. "Este nuevo sistema en vez de arreglar las cosas, contribuiría a una mayor politización", opina María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y jueza decana de Madrid.

Desde esta asociación, la mayoritaria, con casi 1.400 jueces asociados, se exige la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para volver al sistema inicial, antes de 1985, que establecía un sistema mixto en el que los jueces eligen democráticamente a 12 vocales y el Parlamento a los 8 del cupo de juristas. "El Partido Popular promete modificar la ley, pero cuando está en el gobierno no lo hace", dice María Jesús del Barco.

Precisamente esta misma mañana, Enrique López, consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y `negociador´ del PP en este asunto, ha prometido, durante una intervención en el Colegio de Abogados de Madrid, ese cambio de ley "cuando gobernemos", y ha asegurado que su partido tiene "voluntad" para renovar el CGPJ, pero que no hay pacto a la vista.

Vuelve, así, el Partido Popular a desmentir al Gobierno, que ha asegurado en los últimos días que ya existe un acuerdo con los `populares´. Se manejan algunos nombres como posibles nuevos vocales en unas quinielas interesadas según sea la fuente de información. Se señala al juez Alejandro Abascal, de refuerzo en el juzgado Central de Instrucción número 6 para el Caso Villarejo; también a la magistrada Gema Espinosa, esposa del juez instructor del Procès, Pablo Llarena; también la magistrada Inmaculada Montalbán, que repetiría como vocal. Entre los vocales juristas suena con fuerza Tomás de la Quadra-Salcedo, exministro socialista de Justicia.

Desde la asociación Juezas y Jueces para la Democracia aseguran a Público que sí creen que ya existe un acuerdo entre PP y PSOE, "o al menos que las conversaciones están avanzadas", dice su portavoz, Ascensión Martín.

Sobre el veto que el PP quiere imponer a Unidas Podemos en esas negociaciones, la portavoz de la APM sostiene que "Unidas Podemos es un partido que está en el Parlamento y es lógico que participe de las negociaciones de cualquier tipo".

La jueza Concepción Rodríguez González del Real, portavoz de la asociación Foro Judicial Independiente, indica a Público que "la situación es bochornosa. No se puede seguir con este sistema. Hay que regresar al sistema mixto de elección. Ahora mismo España está en el foco de la Comisión Europa, que exige independencia para los jueces españoles".

En este sentido incide el magistrado Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que asegura que "al menos la mitad de los vocales del Consejo General del Poder Judicial deberían ser elegidos por los propios jueces, como ocurre en Italia y otros países europeos". Añade este juez que "incluso si el CGPJ se renovara mañana mismo, la situación seguiría igual de viciada".