La emergencia del coronavirusLos "nuevos pactos de La Moncloa" se quedan sólo en la búsqueda de un consenso de mínimos en el Congreso

A principios de abril, en el momento de mayor emergencia de la pandemia del coronavirus, Pedro Sánchez anunció que estábamos ante "la crisis de nuestras vidas", una "encrucijada histórica" que precisaba de grandes decisiones. La solución del presidente del Gobierno fue apelar a un gran consenso para emular los denominados Pactos de La Moncloa que tuvieron lugar durante la Transición y que sirvieron para poner los cimientos de una nueva política económica y social en un momento de grave crisis e inestabilidad para el país.

Las relaciones entre los dos grandes partidos políticos, el PSOE y el PP, atravesaba uno de sus peores momentos, y el clima político se caracterizaba por una polarización que la emergencia sanitaria aumentaba semana tras semana. Sánchez y Casado se reunieron y, rompiendo con algunas expectativas, lograron alcanzar un acuerdo.

El objetivo del Gobierno era atraer al PP a esos nuevos Pactos de La Moncloa, conscientes de que sin el principal partido de la oposición sería muy difícil poner sobre la mesa transformaciones económicas y sociales de largo recorrido y estables. Los de Casado accedieron a participar en los acuerdos a cambio de que Sánchez cambiase la mesa política que pretendía establecer como foro por una comisión en el Congreso.

De este acuerdo nació la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social que trabaja desde principios de mayo en la Cámara. El acuerdo entre el PSOE y el PP que había trasladado los Pactos de La Moncloa al Congreso fue el primer y último augurio positivo que precedió a la puesta en marcha del órgano, ya que los desacuerdos sobre la dinámica a seguir en los trabajos, los contenidos a abordar y los objetivos finales que se pretendían alcanzar fueron constantes desde el principio.

Finalmente se puso en marcha en base a un documento de registro impulsado por los socialistas de la mano de Unidas Podemos y sin la participación del PP, que quería que la comisión incluyera un "control" y una evaluación de la gestión llevada a cabo por el Ejecutivo durante la emergencia de la covid-19. La pasada semana la comisión finalizó la primera parte de sus trabajos, relativa a las comparecencias de expertos que deben "informar" al órgano para que posteriormente los grupos puedan presentar propuestas.

Esta semana, los grupos empezarán a presentar y a debatir sus propuestas sobre las conclusiones de la comisión. Tanto los trabajos desarrollados hasta ahora como el escepticismo con el que algunos grupos afrontan la nueva etapa de elaboración de conclusiones alejan mucho los eventuales acuerdos que se puedan lograr en el Parlamento de los Pactos de La Moncloa que a finales de los años 70 sirvieron para poner las bases de la modernización económica y que sirvieron en cierto modo de marco a la elaboración de la Constitución de 1978.

En un principio, los grupos habían aprobado un calendario que marcaba el final de los trabajos de la comisión antes de que acabara junio. Sin embargo, el gran número de comparecencias aprobadas y celebradas han obligado a la comisión a modificar sus plazos. Según el nuevo calendario, al que ha tenido acceso Público, el 24 de junio (este miércoles) empiezan los trabajos para elaborar las conclusiones (esa es la fecha límite para que los grupos presenten sus borradores), y hasta el 2 o el 3 de julio no se aprobaría un documento definitivo para elevar al Pleno del Congreso.

Prisas, caos documental y falta de análisis sosegado

En este sentido, fuentes de la comisión aseguran que la dinámica ha sido en ocasiones "demasiado atropellada", y que las "prisas" no han dejado apenas tiempo para la reflexión tras las comparecencias. "Por la comisión han pasado muchísimas personas, han habido muchísimos testimonios, algunos muy interesantes, pero deberíamos haber sido más prácticos con la cuestión de las comparecencias, que han sido muchísimas, muchas veces imposibles de seguir porque no daba tiempo material a llegar a todo".

Además de ser "muchas", algunos diputados lamentan el formato, tanto por ser abierto como por el reparto de tiempos establecido en cada sesión: "A veces con expertos se daban situaciones rocambolescas. El experto, la persona a la que nosotros habíamos llamado para que nos explicara un asunto, tenía unos 20 minutos de exposición, y luego las intervenciones de los grupos eran bastante más largas y teníamos más tiempo que el propio experto".

Para algunos miembros de la comisión "ha sido un error que las sesiones hayan sido públicas; si algunas hubieran sido a puerta cerrada no se hubiera perdido tanto tiempo en decir cosas de cara a la galería que no revertían en posicionamientos prácticos ni aportaban nada. Algunos de los grupos no han utilizado su tiempo de intervención para exponer medidas, soluciones o planteamientos sobre la cuestión a tratar, sino que se han dedicado a hacer discursos políticos para la cámara", lamentan.

A todo esto hay que sumar que son varios los grupos que se han quejado de la "enorme cantidad de documentación" que la comisión han pedido. El enorme volumen de información que se ha solicitado desde el órgano, aseguran, hace "imposible" que los grupos "se puedan revisar todos los documentos solicitados en el tiempo del que disponemos".

Más allá del formato, está la cuestión del consenso. Algunos grupos son realmente escépticos con la posibilidad de lograr acuerdos importantes que puedan sentar las bases para una política económica y social de calado. Entre los "escépticos" está el PNV. "La comisión se tenía que haber centrado única y exclusivamente en analizar y evaluar la dimensión de la crisis económica derivada de la crisis sanitaria del covid-19 para tratar de alcanzar un acuerdo que pusiera los mimbres de cara a la elaboración de unos Presupuestos que son más necesarios que nunca", aseguran.

La Comisión ha sido más ruido que nueces; un capítulo más de la política de celofán. Y no solo eso, esta dinámica abre una opción peligrosa: la de adoptar decisiones en caliente que supongan meros parches y no traigan mejora alguna

"Como nos temíamos, la Comisión de Reconstrucción ha sido más ruido que nueces; un capítulo más de la política de celofán que se practica en el Estado español. Y no solo eso, esta dinámica abre una opción peligrosa: la de adoptar decisiones en caliente que supongan meros parches y no traigan mejora alguna", advierten desde la formación vasca, aunque precisan: "fiel a su compromiso con la ciudadanía, conscientes de la situación económica y social en la que nos encontramos y nos encontraremos, el Grupo Vasco tratará de trabajar hasta el último minuto con espíritu constructivo".

También desde Bildu aseguran trabajar para lograr "el mayor consenso posible", pero advierten de que algunas diferencias entre los espectros ideológicos representados en la Cámara son insalvables: "Se han evidenciado dos modelos diferentes de cara a adoptar medidas ante esta crisis del covid. Han habido intervenciones en la línea de poner en el centro la necesidad de buscar protección sobre todo a los eslabones más débiles de la sociedad, y que han incidido en los grandes temas que necesitan una transformación, como puede ser el ecologismo o el asunto de los cuidados; y otro modelo que apuesta por mantener las cosas como estaban, por volver a la casilla de salida".

"No hay posibilidad de políticas tibias, son dos modelos que se enfrentan entre sí y que no pueden congeniar el uno con el otro. El espíritu que ha alentado esto desde el principio ha sido el de buscar un consenso, pero dudamos mucho de que se pueda encontrar un consenso para abordar estos grandes problemas", explican desde la formación.

Desde otras formaciones se muestran más optimistas. Este es el caso de Unidas Podemos: "Esperamos que la comisión de reconstrucción logre consensos y, desde luego, vamos a trabajar para que se pueda lanzar un mensaje de unidad y de acuerdo para la ciudadanía", aseguran.