La comisión ciudadana por la verdad ha determinado, tras meses de investigación y más de 25 testimonios, que las decisiones políticas y de gestión en la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, fueron clave en el fallecimiento de los 7.291 residentes de residencias de mayores durante la pandemia de la covid.

El escándalo de la gestión de las residencias se suma a la denuncia de la Fiscalía a su pareja, Alberto González Amador, por un presunto fraude fiscal. El empresario defraudó al menos 350.000 euros durante los ejercicios de 2020 y 2021 y ganó dos millones por intermediar en la compraventa de mascarillas. En este contexto, son varias las voces políticas y sociales que piden la dimisión de la presidenta madrileña. Queremos conocer tu opinión en nuestra encuesta.

El estudio sobre la gestión de las residencias ha concluido que las muertes se podían haber evitado, ya que las decisiones políticas tomadas en marzo de 2020 fueron determinantes en el fallecimiento de los 7.291 residentes. La Comunidad de Madrid les "denegó el deber de socorro" tras la publicación de los llamados "protocolos de la vergüenza". 

Dos días después de conocer esta noticia, Hacienda hizo público un informe en el que considera que el supuesto fraude fiscal cometido por Alberto González Amador no fue fruto de un mero error sino de una "conducta deliberada, consciente y dolosa". La Agencia Tributaria sostiene que la pareja de Ayuso actuó según un "plan preconcebido" y merece por ello un "reproche penal". La trama se llevó a cabo a través de 15 facturas falsas por un valor total de 1,7 millones de euros.