Los escándalos de la familia real ERC lanza una ofensiva legislativa para acabar con los "privilegios judiciales" de la monarquía y fiscalizar sus cuentas

El debate sobre los supuestos escándalos de la familia real no saldrá, de momento, del Parlamento, donde se puede augurar un largo recorrido. Tras las sucesivas negativas de la Mesa del Congreso a abrir una comisión de investigación sobre las comisiones del AVE, algunos grupos insisten, con iniciativas y propuestas, en mantener vivo el debate sobre los privilegios de la familia real y sobre la necesidad de fiscalizar el presupuesto público asignado a la corona.

Este es el caso de ERC, uno de los grupos impulsores de la comisión de investigación sobre las finanzas de Juan Carlos I. Los republicanos han impulsado tanto en el Congreso como en el Senado una serie de iniciativas con el objetivo de "acabar con la inviolabilidad del rey y la opacidad de la casa real, así como de los altos tribunales del Estado".

Esta "ofensiva legislativa" consta de tres propuestas: dos proposiciones de ley, registradas en el Senado junto a EH Bildu, partido que conforma el grupo en el que se encuentra ERC; y una proposición no de ley en el Congreso. La iniciativa de la Cámara Alta se ha registrado bajo el nombre de "proposición de ley orgánica de abolición de privilegios de la monarquía en el ámbito de la justicia y de fiscalización de su actividad económica-financiera".

Como su propio nombre indica, los republicanos catalanes buscan dos tipos de reforma: una que afecta al poder judicial, para que los miembros de la familia real se sometan a los tribunales en caso de que existiesen indicios delictivos; y otra que afecta a la fiscalización de las finanzas y de la economía de los organismos públicos, y en concreto al Tribunal de Cuentas.

ERC incorpora una propuesta bajo el epígrafe de "sometimiento al control jurisdiccional de los actos realizados por el rey o reina que hubiera abdicado y su consorte" que incluye una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial. En concreto se propone incluir la siguiente redacción en el artículo 55 de la norma: "además de las competencias atribuidas a las Salas de lo Civil y de lo Penal del
Tribunal Supremo en los artículos 56 y 57, dichas Salas conocerán de la
tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales, respectivamente,
dirigidas contra la Reina consorte o el consorte de la Reina, y la Princesa o
Príncipe de Asturias y su consorte".

Se incluye también en la proposición un apartado sobre el "deber de de los miembros de la familia real de colaborar con los jueces y los tribunales". En esta ocasión se propone una modificación en la ley de enjuiciamiento criminal para determinar que el rey, la reina, sus respectivos consortes, el príncipe heredero y los regentes del Reino, así como "las demás personas de la familia real no previstas en el numeral anterior", "están exentos de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo", una prerrogativa que afecta a otros cargos e instituciones del Estado, como a los miembros del Gobierno o a los presidentes de Congreso y Senado.

La segunda pata de esta ofensiva legislativa de ERC se basa en la fiscalización de las cuentas de la familia real. Los catalanes y habían registrado otra proposición de ley en el Senado para que el Tribunal de Cuentas se encargara de vigilar la actividad económica y financiera de los miembros de la corona, y ahora vuelven a recuperar esta exigencia.

Vigilancia del presupuesto asignado a Casa Real

La propuesta incluye reformar la ley del Tribunal de Cuentas para que el órgano asuma la "fiscalización externa, permanente y consuntiva de la actividad económica y financiera de la Casa y la Familia Real, así como de las partidas de los Presupuestos Generales del Estado asignadas, directa o indirectamente, a la Casa y la Familia Real o a la Jefatura del Estado". También se propone una fiscalización de "la situación y las variaciones de patrimonio de la Familia Real".

Además de esta proposición, y de otra para acabar con la "impunidad de la violación de derechos humanos", ERC ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para forzar un debate en el Pleno sobre la monarquía y sobre la posición del Gobierno. Los de Gabriel Rufián quieren que la Cámara inste al Ejecutivo a "impulsar todas aquellas modificaciones reglamentarias del ordenamiento jurídico a fin y efecto que todas las personas sean efectivamente iguales ante la ley y, en consecuencia, deban responder ante la administración de justicia en las mismas condiciones".

"Así", prosigue la propuesta, "deben eliminarse por completo del ordenamiento jurídico y en virtud del principio democrático y de igualdad las prerrogativas de inviolabilidad e irresponsabilidad que puedan amparar comportamientos delictivos o irregulares de la persona del jefe del estado, la Casa Real y cualquier miembro de la Corona".

Por último, la PNL insta al Gobierno a "derogar el artículo 55 bis de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial introducida por la Ley Orgánica 4/2014, de 11 de julio que extendía el aforamiento al rey emérito y a otros miembros de la familia real".