La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado rotundamente este jueves las críticas del vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, a la condena impuesta a la portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, a 19 meses de prisión por unos incidentes ocurridos durante una protesta contra desahucio en 2014 al considerar que "generan una sospecha inaceptable" sobre la independencia e imparcialidad de los tribunales.

Así lo ha dicho el órgano de gobierno de los jueces en un comunicado que ha emitido tras analizar el mensaje que Iglesias difundió este miércoles en Twitter tras conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la que Serra ha sido condenada, a expensas del que interpondrá ante el Tribunal Supremo, los delitos de atentado contra la autoridad, lesiones leves y daños contra agentes de la Policía, y las manifestaciones públicas que ha hecho un día después en rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa.

A su mensaje en redes sociales se suma la declaración que ha hecho este jueves, en la que ha defendido la libertad para criticar sentencias judiciales en un estado democrático aunque éstas decisiones haya que acatarlas. Si bien ha sostenido que él "por prudencia" no ha dicho lo que piensa de la condena, sino que tan sólo ha trasladado "algo que piensa mucha gente en la sociedad".

Un comunicado que ha sido aprobado con seis votos a favor y uno en contra. Los votos afirmativos han sido del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; y de los vocales José Antonio Ballestero, Álvaro Cuesta, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y Pilar Sepúlveda, mientras que Rafael Mozo ha sido el voto discordante.

Desde Unidas Podemos han salido rápidamente en defensa del vicepresidente Iglesias. Entre ellos, el presidente de grupo confederal de Unidas Podemo Jaume Asens, quien en su cuenta de Twitter ha calificado de "ilegítimo" el comunicado emitido por una cúpula judicial "con el mandato caducado y al servicio de la derecha". "La cúpula judicial vuelve a confundir la independencia judicial con un privilegio corporativo para blindarse del escrutinio público", ha añadido. 

El portavoz parlamentario de la formación morada Pablo Echenique ha atacado al magistrado Carlos Lesmes, al que le ha recordado que fue durante ocho años "alto cargo" del Ejecutivo que presidió el popular José María Aznar, al que también le achaca el haber aprovechado los 17 meses que lleva en funciones para nombrar "decenas de jueces afines al PP mientras Casado bloquea la renovación del CGPJ". 

"Profundo malestar"

El CGPJ ha expresado su "profundo malestar" no solo por cuestionar una actuación judicial, sino por sospechar de la "falta de imparcialidad de los jueces españoles" al insinuar que éstos "otorgarían un trato desigual y privilegiado a unos colectivos que, por su influencia y contactos, serían impunes a la acción de la justicia".

Por ello, para la Comisión Permanente estas afirmaciones "merecen un absoluto y rotundo rechazo", pues "más allá del legítimo derecho a la crítica generan una sospecha inaceptable respecto del proceder de juzgados y tribunales cuando es público, notorio y reconocido que éstos, a lo largo del tiempo, han dado sobradas muestras de su independencia, imparcialidad y objetividad, cualquiera que sea la posición política o social de los enjuiciados".

En este sentido, asegura que prueba de que no se ha hecho ningún tipo de distinción, son las sentencias condenatorias por delitos de corrupción dictadas por los tribunales españoles solo en los últimos años, como las del caso Nóos, Gürtel, los ERE, las tarjetas black, entre otras.

El CGPJ recuerda la "responsabilidad institucional" de Iglesias

Así, por el "tono ciertamente inapropiado" utilizado por Iglesias, dice el comunicado, se ve "una vez más en la obligación" de apelar "a la moderación, prudencia y mesura". Asimismo, vuelve a recordar la "responsabilidad institucional" que tiene un miembro del Poder Ejecutivo para que se evite "la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los jueces".

El CGPJ ya le trasladó estas mismas palabras al vicepresidente segundo del Gobierno el pasado mes de enero en una declaración institucional, cuando Iglesias afirmó en una entrevista que los tribunales europeos han dejado "en mal lugar" a la justicia española en lo relativo al procés independentista de Cataluña, lo que, a su juicio, supone "una humillación para el Estado".

Por otro lado, el órgano de gobierno de los jueces también afea las afirmaciones sobre que la condena a Serra es por intentar parar un desahucio. La Comisión Permanente subraya que de la "simple lectura" de la sentencia se puede concluir que la sentencia del TSJM no se basa en "ningún caso" en un acto de protesta, sino en los delitos de atentado, lesiones y daños que "el tribunal ha considerado acreditados".

Otros tirones de orejas a diferentes gobiernos

Por último, el órgano de gobierno de los jueces recuerda que durante su mandato --que se encuentra en funciones desde el 4 de diciembre de 2018-- ya ha tenido que salir en otras ocasiones para rechazar los pronunciamientos de miembros del Poder Ejecutivo.

En este sentido, destaca que "desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión", es imprescindible reafirmar "el Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado social y democrático de Derecho".

En abril de 2018, el CGPJ pidió "mesura" y "prudencia" a los miembros del Gobierno, después de que el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijera en una entrevista que el magistrado de la Audiencia Provincial de Navarra que dictó el voto particular en el caso de La Manada, Ricardo Martínez, tenía algún "problema singular" y "todos lo saben".

Anteriormente, en marzo de 2010, el CGPJ hizo pública otra declaración institucional en defensa de la independencia judicial, después de que personalidades políticas como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, los exministros Alfredo Pérez Rubalcaba, José Blanco y Francisco Caamaño, o el expresidente del Congreso José Bono salieran en defensa del exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien finalmente fue inhabilitado por el Tribunal Supremo.