La respuesta de la derecha a los avances sociales sigue el mismo patrón desde hace cuarenta años: en el momento en que se aprueba una ley de tinte progresista, el Partido Popular —hasta el 1989, Alianza Popular— se opone y la recurre ante los tribunales. Por lo general son leyes que cuentan con un amplio consenso entre la sociedad, pero también con el rechazo más descarnado de los sectores conservadores. En aras de contentar a esa parte del electorado —ahora disputa tras el auge de Vox— el PP trata de parar por la vía judicial decisiones que competen al partido de gobierno.

Lo llamativo del caso es que al cabo de los años, cuando el partido conservador alcanza La Moncloa, rehúsa cambiar estas leyes y se 'rinde' a la aceptación social. Es más, en algunos casos el PP se ha llegado a apropiar de leyes que transformaron el país y fueron impulsadas por el PSOE. En la formación presidida por Pablo Casado no esconden que estas cuestiones han generado, históricamente, división en el seno del partido y hay quien sigue propugnando la libertad de voto en el Parlamento, una libertad que Génova se niega a conceder bajo pena de multa.

El jueves el PP sumó un recurso más a su histórica hemeroteca. En este caso a propósito de la ley que regula la eutanasia, después de que el Parlamento español aprobara esta pionera norma el pasado mes de marzo con 210 votos a favor. Los conservadores presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional y siguieron la estela de la ultraderecha que días antes recurrió la norma ante el mismo organismo, solicitando que se suspenda cautelarmente su entrada en vigor hasta que resuelva el recurso.

Los populares han recurrido cinco artículos y una disposición adicional. El texto del PP comparte argumentos con el partido que preside Santiago Abascal y ve una supuesta vulneración en el artículo 15 de la Constitución española, que consagra el derecho a la vida. Asimismo, se muestran contrarios a la creación de un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia. Los conservadores alegan que los médicos pueden verse señalados por no querer ejercer esta práctica.

La resolución de estos recursos podría prolongarse durante años, incluso más de una década, como ha ocurrido en anteriores ocasiones en las que el Constitucional falló en contra del PP. Público los recopila a continuación.

Ley de matrimonio igualitario

En el año 2005 el PP presentó un recurso contra la totalidad de la ley aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en la que permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo y legalizó la adopción homoparental. El PP, liderado por Mariano Rajoy, la recurrió por entender que iba contra los preceptos constitucionales, especialmente en lo que se refiere al artículo 32. Los conservadores afirmaban que "no respetaba la definición constitucional de matrimonio como unión de un hombre y una mujer". En el año 2012 el Constitucional lo rechazó.

Ley de Igualdad

El Partido Popular de Rajoy recurrió ante el Constitucional la Ley de Igualdad aprobada en el año 2007. Los populares entendían que dicha norma restringía "los derechos de personas en atención a su género" y la capacidad de los partidos políticos a hacer sus candidaturas a las elecciones. La ley proponía que ninguna lista contara con más del 60% ni menos del 40% de cada sexo. El Constitucional desestimó el recurso del PP al año siguiente.

Ley del aborto

El PP presentó recurso de inconstitucionalidad de la ley de Zapatero de 2010 que permitía el aborto por plazos. Doce años después el recurso todavía no ha sido resuelto por el tribunal. Rajoy prometió que derogaría la ley cuando llegara al Gobierno, pero el amplio rechazo a la propuesta impulsada por el exministro Alberto Ruiz Gallardón —que acabó dimitiendo— truncó sus intenciones. Sí modificó el derecho de las jóvenes de 16 y 17 años a abortar sin consentimiento parental, un retroceso que el Ministerio de Igualdad quiere ahora corregir.

Ley catalana contra la violencia machista y el alquiler

El PP liderado por Pablo Casado presentó un recurso de inconstitucionalidad contra cuatro artículos recogidos en la modificación de la ley catalana de violencia machista de 2008, aprobada en diciembre de 2020 en el Parlament, y que incluía novedades respecto a las personas trans o la definición del "consentimiento expreso". Los populares creen que la reforma catalana, que aborda la inclusión del colectivo trans o el consentimiento expreso en línea con las leyes de Igualdad, invade las competencias estatales. Además, también presentaron otro recurso a la ley que regula el precio de los alquileres.

Bonus track: ley del divorcio y ley antitabaco

El PP no llegó a recurrir la ley del divorcio ni la ley antitabaco, pero lideró una oposición sin tregua a ambas leyes. En el año 1981 Coalición Popular, la coalición en la que se encontraba Alianza Popular, precursora del PP, se opuso con sus diez diputados a la ley del divorcio, que se aprobó con 102 votos a favor, 22 en contra y 117 abstenciones. Salió adelante incluyendo cautelas temporales y formales, entre las que se encontraba la obligatoriedad de separarse como fase previa y se estableció un plazo mínimo de dos años para divorciarse.

En el año 2006, el Ejecutivo de Zapatero aprobó la norma que prohibía fumar en lugares como centros de trabajo y centros culturales. La ley se modificó en 2010 extendiendo la prohibición a cualquier tipo de espacio de uso colectivo. El PP votó a favor, pero trató de que hubiera prórrogas y presentó enmiendas para intentar que se permitieran zonas de fumadores en casinos, bingos y salas de juego. Es más, las comunidades gobernadas por el PP intentaron moderar la legislación estatal desde su puesta en marcha, lo que provocó un choque entre el Gobierno central y esas autonomías, que llegó a a los tribunales.