El reloj apremia a Alberto Núñez Feijóo. Ante el quinto aniversario de la caducidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el respaldo que ha obtenido el Gobierno de Pedro Sánchez del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, sobre la urgencia de renovar el Consejo antes de cambiar el sistema de elección de los vocales, al líder del PP se le tuerce su estrategia de bloqueo, o al menos va a tener muy complicado justificar una nueva negativa para propiciar un acuerdo con el PSOE para la renovación. 

De momento, el PP sigue escudado en su estrategia de bloqueo y este mismo jueves ha rechazado la mesa de trabajo ad hoc propuesta por el PSOE para llegar a varios pactos de Estado, como sería la renovación del órgano de gobierno de los jueces. 

Pero si algo está empezando a vislumbrarse es la disposición del Gobierno de forzar esa renovación sorteando el papel del PP en la misma. Durante los corrillos en los actos de celebración del aniversario de la Constitución, este miércoles, Sánchez deslizó que estaría dispuesto a valorar el recorte de competencias del CGPJ como forma de propiciar la renovación del órgano,  tal y como ha propuesto recientemente el presidente suplente del CGPJ, Vicente Guilarte. 

Guilarte, perteneciente a la cuota del PP dentro del CGPJ, se ha desmarcado del bloque conservador, que apoya los postulados del partido de Feijóo, y ha propuesto recortar las competencias del órgano para que no pueda realizar nombramientos discrecionales de altos cargos judiciales, una función que no puede realizar ahora, ya que la ley le impide hacer nombramientos cuando se encuentra con el mandato caducado. Guilarte considera que su propuesta facilitaría la renovación, convencido de que los partidos perderían interés en el órgano de gobierno de los jueces si este no puede realizar dichos nombramientos. 

Según su propuesta, serían los jueces quienes, directamente, sin mediar la intervención del CGPJ, elegirían a sus presidentes en las audiencias provinciales y los tribunales superiores de justicia, en un proceso electoral que se asemeja al ya existente en las Salas de Gobierno de los tribunales superiores.

En cuanto a los magistrados del Tribunal Supremo, Guilarte plantea un "proceso objetivado", en el que se conozcan los méritos que se exigen y que cuente con un tribunal, presidido por un vocal del CGPJ e integrado por magistrados de la Sala del Supremo en liza y juristas de distintos ámbitos. Este tribunal tendría una designación aleatoria y rotatoria "para evitar cualquier atisbo de contaminación".  

Sumar ya lo propuso

Esta propuesta del presidente suplente del CGPJ va en la línea de la planteada por Sumar, adelantada por este diario: restar competencias al Consejo y pasar algunas al Ministerio de Justicia, como ocurre en otros países europeos. 

Sumar apuesta por "reducir al mínimo las competencias del CGPJ". "Durante los últimos cinco años, el PP ha demostrado que no tiene interés en renovar el CGPJ y que lo da por prescindible", alega Enrique Santiago, portavoz parlamentario de IU y portavoz en temas de Justicia de Sumar. La formación plurinacional aboga por retirarle al CGPJ las competencias que no sean estrictamente constitucionales, como la formación de jueces, las relaciones internacionales en materia de justicia y fijar el presupuesto del órgano, y derivarlas al Ministerio de Justicia, como ocurre en Francia, por ejemplo. 

Respecto a la competencia de realizar nombramientos en la cúpula judicial, que está plasmada en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y apuntada en la Constitución, Sumar cree que "podría ser factible una redefinición del alcance de la capacidad de nombramientos del CGPJ, ya que la Constitución no entra a detallar qué nombramientos concretos debe efectuar". 

Reformar la Ley del Poder Judicial

En todo caso, la propuesta de retirar las competencias al Consejo para hacer nombramientos discrecionales pasa por una reforma de la LOPJ. 

La Constitución indica en su artículo 122 que la Ley Orgánica del Poder Judicial establecerá las funciones del Consejo General del Poder Judicial, "en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario" de los jueces. 

Y la LOPJ establece que será competencia del CGPJ el nombramiento de los cargos judiciales: los presidentes de las audiencias provinciales, Audiencia Nacional, tribunales superiores, el Tribunal Supremo y además dos magistrados del Tribunal Constitucional. Esta es su tarea fundamental: la de hacer nombramientos en la cúpula judicial.

Sin esa competencia, que implica la designación, entre otros, de los magistrados de la Sala Segunda del Supremo, encargada de enjuiciar a los parlamentarios como aforados, Vicente Guilarte y Sumar consideran que los partidos ya no tendrían tanto interés en participar en la designación de los 20 vocales del CGPJ y su renovación sería más sencilla.

Sumar celebra el paso de Sánchez

"Nos alegramos mucho de que haya vocales del CGPJ que estén de acuerdo con la propuesta que llevamos tiempo haciendo de modificar la LOPJ para quitarle competencias al CGPJ", apunta Enrique Santiago. Celebra el portavoz de Sumar en asuntos de Justicia que "el presidente del Gobierno ratifique la idoneidad de nuestra propuesta" y sostiene que "el contenido que ha difundido Guilarte nos parece manifiestamente mejorable, pero es un primer paso". 

Pero la propuesta estrella de Sumar en relación al CGPJ, que comparten otros grupos parlamentarios, es la del cese automático de los vocales cuando se cumplan los cinco años de mandato. La propuesta implicaría la reforma de la LOPJ, que ahora en su artículo 570.2 prevé la prórroga sine die del Consejo caducado hasta que se designe uno nuevo. Esta reforma se aplicaría con carácter retroactivo, con lo que una vez aprobada, los actuales consejeros tendrían que cesar en sus cargos, apuntan fuentes del grupo plurinacional. 

"Tanto la propuesta del vencimiento de los vocales como la de redefinición de las competencias del CGPJ están encima de la mesa --apunta Enrique Santiago --. Ojalá podamos avanzar para sacarlas adelante, porque el PP no puede seguir manteniendo rehén al CGPJ". 

El PSOE no acepta cambiar la ley

No va a ser tarea fácil a priori aprobar estas dos cuestiones. Pedro Sánchez ha anunciado que quiere intentar el pacto con el PP y para ello va a llamar a Feijóo a una reunión antes de Navidad; una cita a la que el PP no ha dicho que no, aunque ha rechazado participar en la mesa de diálogo propuesta por el PSOE para tratar entre los dos partidos tres cuestiones importantes: la reforma del artículo 49 de la Constitución para sustituir el término "disminuidos" por el de "personas con discapacidad"; la financiación autonómica y la renovación del CGPJ. 

Según el PSOE, el acuerdo para renovar el CGPJ tendría que partir del punto en que se quedó en octubre de 2022, cuando Feijóo anunció que lo rompía ante la inminente reforma del delito de sedición, la vigésima excusa que usaba el PP para negarse a la renovación del órgano constitucional. 

La propuesta del PP, la última, es que se renueve el CGPJ con la ley actual pero paralelamente quiere aprobar, con un pacto con los socialistas, la reforma de la Ley del Poder Judicial para cambiar el sistema de elección de los vocales judiciales y que sea la carrera judicial la que les elija sin intermediación del Parlamento. El PSOE no acepta esta propuesta, entre otras cosas, porque el Congreso la ha tumbado en dos ocasiones.

La postura inamovible del PP

En el Partido Popular no ven ninguna posibilidad para el acuerdo. Fuentes populares aseguran a Público que Feijóo "no puede moverse" de su posición —que es la de condicionar la renovación del Consejo a una reforma de la ley pactada con el PSOE para cambiar el sistema de elección de los vocales— porque "nadie lo entendería". No hay ninguna voz discordante entre los presidentes autonómicos consultados por este medio que se salga de esta postura, informa Amanda García. 

Aunque reconocen la presión de la Comisión Europea, los populares ven "imposible" el acuerdo "mientras se tramita la ley de amnistía", dicen distintas fuentes del partido. En cuanto a la tercera vía que se ha abierto con una reforma de la ley que quite competencias al CGPJ, el PP sigue cerrado en banda. Fuentes de la dirección nacional defienden que su posición "es clara" y que quieren trabajar sobre la base de la propuesta de ley que llevaron en mayo al Congreso y que fue rechazada por la Cámara. Según el texto, los jueces elegirían de forma directa, al menos, a la mitad de los vocales.