El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que estuvo al frente de la Xunta de Galicia durante casi trece años, dejó un agujero de 630,9 millones de euros en forma de deuda de los organismos descentralizados de la Administración autonómica, entre ellos chiringuitos, fundaciones, consorcios, agencias y empresas públicas, cuyos gastos en sueldos superan los 320 millones de euros.  Sólo en los últimos cinco años de mandato éstos crecieron un 21%.

Así lo recoge un informe del Consello de Contas de Galicia, la institución encargada de fiscalizar las cuentas autonómicas y de prevenir la corrupción en el sector público, que analiza las finanzas de esas entidades durante el ejercicio de 2021, el último año completo de gobierno de Feijóo en la Xunta.

Según el estudio del Consello de Contas, que se realiza con carácter anual y que fue aprobado por el pleno del organismo a finales del mes pasado, las entidades descentralizadas de la Administración gallega gestionaron en 2021 más de 1.788 millones de euros, es decir el 15,5% de todo el presupuesto de la Xunta para ese año. En el ejercicio anterior la deuda que acumulaban no sobrepasaba los 560 millones, lo que significa un aumento del 13% en tan sólo doce meses.

Desde que dejó la Xunta en mayo del año pasado, Feijóo ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de elevar sobremanera la deuda del Estado e incluso de "dejar a cada español un pufo de 6.000 euros". Durante la pasada campaña electoral presumió falsamente de ser el presidente autonómico que menos aumentó el endeudamiento en su comunidad, e incluso utilizó esa misma mentira durante el debate cara a cara en televisión con el presidente socialista.

En realidad, durante los mandatos en Galicia del líder del PP la deuda pública autonómica se triplicó -pasó de menos de 4.000 millones de euros en 2008 a más de 11.700 millones en 2021, un 196% más-, por encima del incremento que experimentaron Madrid y Balears. Un pufo, en la misma terminología que emplea Feijóo, de unos 4.300 euros por cada gallego.

Administración paralela

La gestión paralela a través de organismos descentralizados es una práctica habitual en la administración pública española, cuyas comunidades autónomas cuentan con más de 1.800 de esos entes. Incluyen instituciones como las que administran los sistemas públicos de salud, fundaciones de interés general y empresas públicas que compiten realmente en los mercados de sus respectivos sectores, u organismos de control como el propio Consello de Contas. Pero también entidades de dudosa eficacia y utilidad.

Galicia, con 114 de esos organismos instrumentales, es la sexta en número después de Catalunya (362), Andalucía (219), Euskadi (152), Madrid (135) y País Valencià (128), pero la segunda en cifras relativas, con una por cada 26.000 habitantes.

Cuando Feijóo llegó a la Xunta en 2009 prometió eliminar lo que él mismo calificó como "chiringuitos", y el Consello de Contas reconoce en su estudio que desde 2011 se produjo una "reducción considerable" de su número. Pero también alerta de que paralelamente se produjo un notable incremento en el volumen de fondos públicos que manejan. Principalmente "por la generalización del modelo de agencia", por que el presidente del PP apostó decididamente durante sus gobiernos.

Las agencias públicas estaban pensadas en la legislación española para promover la gestión de ese dinero a través del cumplimiento de objetivos, pero el informe del Consello de Contas de Galicia critica que, a diferencia de lo sucedido en la Administración del Estado y en otras comunidades, la Xunta de Galicia optó durante los últimos 13 años  por emplearlas para gestionar "importantes áreas de gasto que hasta ese momento eran desarrolladas de forma centralizada" y, por lo tanto, más controlada.

La prueba de que las agencias son un instrumento que rechazan la práctica totalidad de las administraciones autonómicas salvo la Xunta  es que Galicia no sólo es la comunidad autónoma que cuenta con más (16), sino casi la única que las emplea, porque de las 16 autonomías restantes sólo Andalucía también las usa: tiene tres, según el estudio.

Las agencias gallegas gestionaron durante los gobiernos del presidente del PP la promoción económica, la energía, el desarrollo rural, el control del medio marino, las emergencias, la industria cultural, las infraestructuras, la modernización tecnológica, la innovación, el turismo, los tributos autonómicos, los servicios sociales, la gestión del conocimiento en salud, la donación de órganos y sangre, la industria forestal y la calidad alimentaria.

Las agencias manejan 860 millones de dinero de la Xunta

Sólo en 2021, esas agencias, que pueden contratar personal, bienes y servicios con normas mucho menos rígidas que la Administración convencional, manejaron 860 millones de fondos públicos autonómicos.

También están sometidas a controles mucho más laxos, y de hecho el Consello de Contas advierte de que a pesar de que estaba previsto que en 2021 todas ellas contaran con contrato de gestión que permitiera reforzar la vigilancia y supervisión de su funcionamiento, al cierre de ese ejercicio sólo seis de ellas contaban con él.

El informe advierte también de la excesiva dependencia financiera de casi todas las entidades instrumentales de la Xunta, y no sólo de las agencias, del presupuesto público, dada su incapacidad para generar recursos propios y cumplir así uno de los principales propósitos de su creación.

"La mayor parte de los recursos del conjunto de entidades dependientes fueron proporcionados por la Administración autonómica, vía transferencias de financiación y subvenciones, por lo que el grado de dependencia financiera del sector instrumental es muy alto, sin que obtengan porcentajes significativos de sus fondos sin recurrir al Tesoro autonómico", dice el Consello de Contas

En el caso de varias sociedades y empresas públicas ese escaso nivel de generación de ingresos propios  "cuestiona que las actividades que desarrollan sean mercantiles o empresariales", es decir el objetivo para el que fueron creadas, dice el organismo.

Fundaciones incapaces de cumplir sus objetivos

En cuanto a las fundaciones -la Xunta de Feijóo ha creado o mantenido 40 de esas entidades-  su "dependencia de las subvenciones autonómicas, superior al 75%, evidencia la incapacidad para usar el modelo para incentivar la participación de la financiación privada en actividades de interés general", que era su finalidad básica.

Pese a ello, las fundaciones siguen siendo las entidades dependientes de la Xunta que mejor pagan a sus empleados, que además pueden nombrar a dedo. El coste por trabajador en las fundaciones públicas gallegas ascendió en 2021 a 52.800 euros, muy por encima de la media de los funcionarios de carrera de la Administración convencional. Salvo en los consorcios, en el resto de organismos autónomos, agencias, sociedades y empresas públicas se superan también los 40.000 euros anuales de gastos salariales por persona. 

Curiosamente, el Consello de Contas advierte de que para el cálculo de los costes laborales de la administración paralela de la Xunta, que da empleo a más de 7.900 personas, no ha podido disponer de los datos del Consorcio dos Peares, la pequeña localidad ourensana donde Feijóo dice haberse criado, porque esa entidad, promovida por él cuando llegó al poder, sencillamente no se los ha facilitado.

Finalmente, el Consello advierte de la falta de transparencia en la gestión de los entes descentralizados y de la escasa calidad de la información que le proporcionan para fiscalizar su actividad, además de la ausencia de auditorias externas que permitan constatar la ausencia de irregularidades e ilegalidades en la contabilidad y administración del dinero público.

También denuncia que la Xunta de Feijóo haya incumplido durante doce años su obligación legal de crear un registro de esas entidades dependientes -la de su sucesor, Alfonso Rueda, sigue haciéndolo- "en el que se depositen las cuentas anuales para su remisión al Consello". Ese incumplimiento obliga a la institución a emplear en sus estudios la información que sí le facilita el Ministerio de Hacienda a través de su inventario de entidades del sector público .