800 noches después, Adur Martínez de Alda sigue esperando la noticia que no llega. Aguarda, como el primer día, el fin de la pesadilla. El regreso a la normalidad. La vuelta a casa. Este joven es uno de los ocho condenados del caso Altsasu. Él y otros dos llevan en la cárcel desde noviembre de 2016. Esta semana, la Audiencia Nacional revisará el expediente que lleva sus nombres. Y a Adur, 800 días después, le cuesta tener esperanza.

Tras las condenas de entre dos y 13 años emitidas en junio pasado por los delitos de atentado, lesiones, desórdenes públicos y amenazas con el agravante de abuso de superioridad y odio, el recorrido judicial de esta historia aún está lejos de terminar. Este miércoles y jueves, la Sala de Apelación recibirá los testimonios de seis testigos de la defensa cuyas declaraciones no fueron admitidas durante el juicio. Ahora, por fin, podrán contar lo que vieron aquella noche del 15 de octubre de 2016, cuando se produjo la pelea de bar en la que se vieron involucrados dos guardias civiles sin uniforme.

Las defensas de los acusados habían recurrido la inadmisión de estos testigos, algo que finalmente ha sido tenido en cuenta por el tribunal. No obstante, entre las familias de los jóvenes condenados –recluidos ahora en la cárcel alavesa de Zaballa- reina la cautela. ¿Si tenemos esperanza? Pues si ocurre lo mismo que en el juicio, ninguna”, afirma a Público Bel Pozueta, madre de Adur y una de las portavoces habituales del colectivo de familiares.

Su escepticismo tiene base. A mediados de diciembre pasado, la Audiencia Nacional impuso una multa de 600 euros a seis de los ocho condenados que habían presentado una recusación contra los tres magistrados de la Sala de Apelación, a quienes consideraban carentes de imparcialidad. El tribunal no sólo no les dio la razón, sino que les castigó con dicha pena económica por “actuar de mala fe”.

La cosa no termina ahí. El fiscal de la Audiencia Nacional, José Perals (quien en varias ocasiones se alineó con la teoría del “Todo es ETA”) ya presentó la correspondiente apelación para tratar de conseguir lo que no logró en la sentencia: quiere que los jóvenes sean condenados por terrorismo, lo que implicaría penas que, en total, alcanzarían los 375 años de cárcel. “Cuando la gente nos escucha, se lleva las manos a la cabeza”, dice Pozueta.

La Sala de Apelación (la misma que seis de los condenados intentaron recurrir por supuesta falta de imparcialidad) deberá decidir ahora si Perals tiene o no razón. Del mismo modo, también deberá valorar los recursos interpuestos por la defensa. “Hemos hecho un abanico de planteamientos que van desde la absolución hasta pedir que, si se considera que estas personas han cometido esos delitos, las penas sean rebajadas, ya que las lesiones son mucho menos graves de lo que aparece en la sentencia”, explica a Público la abogada Amaia Izko, una de las defensoras de los jóvenes condenados.

“Voluntad política”

A pocas horas de volver a viajar a Madrid, Pozueta no oculta su poca fe en el sistema judicial. “Todo esto no va a depender de un juez, sino de voluntad política. Quien ha puesto en marcha todo esto aún puede pararlo”, afirma. “Cuando nos dicen que tenemos que respetar la división de poderes –continúa- es como si se rieran en nuestra cara. Ya no podemos creer que existe división de poderes, y sin ella no hay democracia”.

La madre de Adur dice que su hijo vive la revisión judicial del caso con cierta intranquilidad. “Sabe que ha sido un proceso muy duro, con castigo sobre castigo”, señala. En ese preciso instante de la conversación, Pozueta se retrotrae al comienzo de esta pesadilla. “En un principio los medios de comunicación construyeron un relato para poder encajar que una trifulca de bar fuera terrorismo”, sostiene. 800 días después, su hijo sigue preso.