MADRID.- La Fiscalía General del Estado que dirige Consuelo Madrigal ha difundido un comunicado en el que tilda de "ataque inadmisible" a la institución del ministerio público las críticas vertidas por Francesc Homs porque se haya abierto una investigación por su participación en la consulta soberanista del 9-N.

En concreto, el ministerio público considera que Homs, entonces conseller de Presidencia, pudo incurrir en un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional que había anulado dicha consulta. Al ser diputado, está aforado en el Tribunal Supremo, por lo que la Fiscalía ha solicitado al instructor de las diligencias que eleve una exposición razonada al alto tribunal para que resuelva si debe ser investigado.

Homs, actual portavoz de Democràcia i Llibertat (DiL, antigua Converència), ha considerado que se le investiga 14 meses después de la consulta porque los votos de su grupo en el Congreso pueden ser "determinantes" en el inicio de legislatura.

"No creo en las casualidades, ni en que las cosas caigan del cielo, y veo una causa-efecto evidente y lógica, que es que soy el portavoz de un grupo que, en según qué circunstancias en el proceso de inicio de la legislatura sus votos son determinantes", ha destacado.

En su nota, la Fiscalía General del Estado (FGE) considera que estas acusaciones contra la actuación de la Fiscalía Superior de Catalunya en las Diligencias seguidas por la consulta soberanista del 9-N constituye un ataque inadmisible contra la Institución.

La FGE defiende la actuación de sus fiscales ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y sostiene que su petición se ha producido "tras conocer el resultado de las diligencias solicitadas por la Fiscalía. Esta actuación ha permitido incorporar al proceso documentación de la que resulta indiciariamente dicha responsabilidad y se ha efectuado, como siempre, con pleno respeto al principio de imparcialidad".

Este martes, la Fiscalía ha solicitado al instructor de la querella por el 9-N, Joan Abril, que eleve exposición razonada al Tribunal Supremo ante la posible responsabilidad penal del entonces conseller de Presidencia del Gobierno catalán.

En concreto, quiere investigar al exconseller para determinar si indicó a una empresa contratista del 9-N que las gestiones para preparar la consulta no vulneraban la suspensión del Tribunal Constitucional, invocando unos informes jurídicos que supuestamente no existen.