¿Está la Fiscalía General del Estado siendo indulgente con el rey emérito?

Un mes después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo designara ponente --la magistrada Carmen Lamela-- para la querella de la Asamblea Republicana de Vigo contra la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y contra el director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Jesús Gascón, por presunta inacción en relación a los presuntos delitos fiscales del rey emérito, Hacienda por fin ha anunciado que abre una inspección sobre las dos regularizaciones voluntarias efectuadas por Juan Carlos de Borbón.

Sin embargo, no se conocen los pormenores técnicos, ni el periodo fiscal que se va a investigar ni los impuestos afectados, ni siquiera los expertos fiscales consultados por Público están seguros de que se trate de una inspección en toda regla. "Da la impresión, por las noticias publicadas, de que puede ser la comprobación de una declaración complementaria o puede ser un informe sobre la regularización de los ocho millones de euros que recibió en pagos en especie de la Fundación Zagatka, de su primo Álvaro de Orleans", explica José María Mollinedo, portavoz del Sindicato de Técnicos de Hacienda Gestha, que incide en que "no podemos decir con absoluta seguridad que Hacienda esté investigando al rey emérito, porque no conocemos el expediente". 

La Agencia Tributaria fue alertada en septiembre de 2018 por la Fiscalía Anticorrupción de que el rey emérito podía disponer de una fortuna oculta en Suiza; también entonces el sindicato Gestha pidió que Hacienda investigara ese patrimonio. Han pasado casi tres años desde entonces. El rey emérito ha efectuado dos regularizaciones voluntarias y supuestamente espontáneas que según la legislación desactivan el delito fiscal. Para el sindicato Gestha, "ha existido una inexplicable lentitud en abrir investigaciones tributarias en relación al rey emérito, las cuales debían haberse abierto al menos hace tres años".

En la primera regularización, en diciembre de 2020, el emérito abonó casi 700.000 euros al declarar fuera de plazo la percepción de un mínimo de 800.000 euros entregados por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Después del pago, la Fiscalía aseguró que un mes antes había informado a Juan Carlos de Borbón del inicio de diligencias de investigación por el uso de las llamadas 'tarjetas black', nutridas con fondos del mexicano. Esa comunicación en teoría tendría que dejar sin valor el acto espontáneo del emérito de regularización fiscal para evadir un delito fiscal, como contempla de ley y como alertan los expertos fiscales consultados por este medio.

La segunda regularización tuvo lugar el pasado mes de febrero, cuando Juan Carlos de Borbón abonó 4,4 millones de euros por los fondos puestos a su disposición en la Fundación Zagatka. Un dinero que fue abonado por amigos del rey emérito y cuya procedencia ahora parece que investiga Hacienda. De nuevo, al regularizar antes de que se le comunicara la apertura de una investigación tanto penal como administrativa, se podría librar de ser acusado de delito fiscal. ¿Se lo ha permitido la Fiscalía? ¿Ha facilitado que Juan Carlos de Borbón pueda librarse de ser acusado de delito fiscal, entre otros supuestos delitos?

Esto es lo que apunta la Agrupación Republicana de Vigo, que fundamenta su querella --aún no ha sido admitida a trámite-- contra Dolores Delgado y Jesús Gascón en la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa en su modalidad omisiva o, alternativamente, por la inacción ante los presuntos delitos fiscales que pudiera haber cometido Juan Carlos de Borbón. "Nuestra querella no es contra el rey emérito, sino contra la fiscal general del Estado y el director general de la Agencia Tributaria por no iniciar investigaciones cuando hay tantas indicios desde hace tanto tiempo contra esta persona por presuntamente ocultar patrimonio y no hacer cumplido con sus deberes para con Hacienda", explica Antón Beiras, el abogado que ha redactado la querella, técnico de Hacienda en excedencia, economista, auditor  y delegado en Pontevedra de la Asociación Española de Asesores Fiscales. 

La querella señala "la inexplicable apática inactividad de la AEAT y de la propia Fiscalía en la persecución de los posibles delitos fiscales de Don Juan Carlos que ha generado consecuencias exculpatorias".  "Se ha permitido a Juan Carlos de Borbón poder regularizar su situación con el fisco, esto parece evidente", sostiene Beiras, que pide en nombre de la Agrupación Republicana de Vigo que tanto la fiscal general del Estado como el director general de la AEAT declaren como investigados. Solicitan que también declare el abogado del emérito para que aclare si ha habido colaboración con la Fiscalía.

De momento, la Fiscalía ha emitido un informe en el que se pide la inadmisión de la querella. "El dato fáctico de que parte el redactor de la querella es radicalmente inexacto, si es que no absolutamente falso", dice en el informe el teniente Fiscal del Tribunal Supremo Juan Ignacio Campos, designado precisamente por Dolores Delgado para investigar los presuntos delitos relacionados con el cobro de comisiones por parte del exjefe del Estado; así como el uso de las 'tarjetas black' y una fortuna opaca aparecida en un paraíso fiscal. Tres diligencias informativas de la Fiscalía del Tribunal Supremo --17/20, 40/20 y 44/20-- que aún no han concluido con ninguna imputación concreta para el emérito. El caso de las 'tarjetas black' lleva ya un año con diligencias abiertas.

Para el abogado Antón Beiras se ha podido cometer una irregularidad al no informar al rey emérito por parte de la Fiscalía de que estaba siendo investigado en relación a esas tres cuestiones y "dejar así que pudiera regularizar fiscalmente", incide el letrado. 

Esperando la tercera regularización fiscal

 El futuro procesal del rey emérito depende, pues, de la Fiscalía, y mientras, Juan Carlos de Borbón podría acometer una tercera regulación fiscal que le libraría de otro hipotético delito contra la Hacienda pública. La localización por parte del Servicio contra el Blanqueo de Capitales (Sepblac) de diez millones de euros en una sociedad radicada en la Isla de Jersey en la que figura Juan Carlos de Borbón como beneficiario y que se nutre de fondos de otra sociedad similar, conocidas como trust, en las Islas del Canal de la Mancha que fue constituida en la década de los noventa. 

"Sí podría realizar otra regularización siempre que sea por otros ejercicios fiscales o impuestos no incluidos en la inspección que se la ha abierto ahora", explica José María Mollinedo, de Gestha. También la querella de Beiras recoge esta hipótesis. "Asombrosamente, desde que el 6 de noviembre de 2020 la Fiscalía anunciara una investigación sobre esta nueva fortuna opaca, sigue sin presentarse denuncia ni querella, ni siquiera emplazar formalmente al investigado para se interrumpa la prescripción y se impida la

regularización voluntaria", consta en la querella. 

"Hoy sabemos que el rey emérito ha regularizado su situación tributaria, no

una, sino dos veces, y por un importe total de casi 5.200.000 euros, cuando el  tipo objetivo del delito fiscal son 120.000 euros", señala Antón Beiras.