La regularización fiscal del rey emérito ha dado un giro inesperado en 24 horas. En base al comunicado de este miércoles de su abogado, el exfiscal Javier Sánchez-Junco, se sabe que Juan Carlos de Borbón abonó voluntariamente casi 700.000 euros a la Hacienda pública para regularizar su situación tributaria y declarar, fuera de plazo, la percepción de un mínimo de 800.000 euros entregados por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. "Ha procedido a presentar una declaración sin requerimiento previo de la que ha resultado una deuda tributaria, ya satisfecha, por importe de 678.393,72 €, incluyendo intereses y recargas", se indica en el citado comunicado.

Los principales expertos fiscales y tributarios se han pasado todo el día explicando a la opinión pública el significado de este movimiento del rey emérito. Una acción voluntaria, sin requerimiento judicial previo, que conlleva un recargo del 20 por ciento, y que está orientada, como indica el artículo 305 del Código Penal, a desactivar cualquier investigación por delito fiscal. 

"Siempre que el contribuyente regularice antes de que se le notifique formalmente el inicio de diligencias por parte del Ministerio Fiscal o juez instructor se da por finiquitado el tema. Ya no se puede hablar de delincuencia fiscal", dice José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, GESTHA.

Sin embargo, a ultima hora se ha conocido por fuentes del Ministerio Fiscal que a principios del pasado mes de noviembre se le notificó formalmente el inicio de diligencias, a través del bufete Sánchez-Junco. Este hecho resulta desconcertante. Al menos, para el experto José María Mollinedo, que no entiende para qué ha pagado casi 700.000 euros, con el recargo correspondiente, "si ya se le había notificado el comienzo de una investigación, que llegará hasta el final. De esta manera, reconoce que ha delinquido, ocultando a la Agencia Tributaria unos fondos, y quedándose sin defensa". 

Otros expertos consultados por Público también plantean dudas. No es el procedimiento habitual, indican, aunque coinciden en señalar que ahora se deben comprobar los datos que el emérito ha consignado en su declaración complementaria. "En caso de ser correctos, lo normal en cualquier caso es que se decrete auto de archivo, ya que se le aplicaría el concepto de excusa absolutoria, es decir, haber regularizado voluntariamente, sin requerimiento previo, su situación fiscal, siempre que no se lo hubiera notificado previamente", explica Ransés Pérez Boga, presidente de Inspectores de Hacienda del Estado. 

Aunque desde 2017 se conocen las presuntas irregularidades en torno al patrimonio de Juan Carlos de Borbón y a las donaciones o comisiones que ha podido recibir y que jamás ha declarado a la Hacienda española, no existe una investigación en firme contra él; aún no ha sido llamado a declarar como investigado. Ni siquiera la Agencia Tributaria le ha abierto un expediente.

Para Ransés Pérez Boga, en este caso no se puede culpar a la Agencia Tributaria de inacción y "mucho menos, acusarnos de llegar a un acuerdo con el rey emérito. Cuando hemos querido intervenir, nos dimos cuenta de que ya lo estaba haciendo la fiscalía del Tribunal Supremo. Y según la legislación, cuando esto ocurre debe ser el órgano jurisdiccional el que se encargue".

 El presidente de Inspectores de Hacienda del Estado advierte de que en caso de que en el transcurso de alguna otra investigación se descubrieran fondos sin declarar, "esta regularización que acaba de hacer quedaría sin efecto".

El caso Messi

El caso del rey emérito recuerda a los que protagonizaron varios futbolistas, como Leonel Messi, aunque en aquella ocasión fue la Agencia Tributaria la que inició la investigación por delito tributario que después llegó a un juzgado. El futbolista del FC Barcelona reconoció el fraude y saldó sus cuentas con el fisco, pero aun así hubo una sentencia condenatoria, en 2017, de 21 meses de prisión, que eludió al pagar una multa.

"Si no lo había hecho antes es que jamás pensaba declarar ese dinero", dice a Público Adolfo Jiménez, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (ASEFIGET). Este experto explica que "todo apunta a que el rey emérito ha presentado una declaración por una donación recibida, en la que debe figurar el nombre del donante y las cuentas de las que salió el dinero y a las que llegó. Ahora los servicios tributarios de la Comunidad de Madrid -que es donde se presentó la declaración complementaria- deben comprobar que todos los datos son correctos. Y tienen cuatro años para hacerlo antes de que prescriba alguna presunta irregularidad. Si es una donación debería haber una escritura de donación ante un notario, aunque se haya hecho en el extranjero", asegura Jiménez.