La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, que impute a la expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes en la pieza sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid, que Aguirre presidió durante 12 años. Además, la Fiscalía también pide la imputación de la empresa Indra y de su presidente de honor, Javier Monzón.

Según han informado fuentes de la Fiscalía, las fiscales Anticorrupción Carmen Cerdá y María Teresa Gálvez han presentado este viernes un informe al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el que piden reordenar las piezas del caso y que se impute en una de ellas (la número 9) a Aguirre por delitos de corrupción.

Las fiscales Anticorrupción se han apoyado en varios informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que sitúan a Aguirre en reuniones clave en las que presuntamente se habría negociado la financiación irregular de la formación política durante varias campañas electorales. Por todo ello, las dos fiscales solicitan al magistrado instructor que la cite a declarar en calidad de investigada.

Fuentes jurídicas apuntan que el juez García Castellón estudiará a fondo el escrito presentado por Anticorrupción antes de tomar una decisión sobre la imputación o no de Aguirre. Las acusaciones populares de este caso, e incluso el que fuera su mano derecha, Francisco Granados, llevan tiempo insistiendo al magistrado en que incluya a la investigación a la exdirigente madrileña por este mismo asunto.

En cuanto a Cifuentes, la UCO también la vinculó con irregularidades en pagos a Fundescam y distintos gastos electorales de campañas del PP de Madrid en 2007. También destacó que era "partícipe y conocedora" de irregularidades en la adjudicación del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en los años 2009 y 2011.

Las citadas fiscales han reordenado la macrocausa y reducido de 16 a 11 las piezas separadas que conforman este caso de corrupción, que se lleva investigando desde 2014. Una labor que el Ministerio Público ha tardado medio año en hacer, desde que a principios de año el juez instructor instase a las fiscales a hacer una reestructuración de la causa, precisando los hechos y sujetos afectados en cada una de las líneas de investigación, "con referencia a los correspondientes informes definitivos de la Guardia Civil", según informa Anticorrupción en un comunicado. 

Al escrito se adjuntan anexos en los que se describen más minuciosamente los hechos correspondientes a las piezas relativas con la contratación de las empresas Cofely y Alfedel; las actuaciones del que fuera secretario general del PP de Madrid Francisco Granados, considerado el 'cabecilla' de la trama Púnica; y la presunta financiación irregular de los 'populares' madrileños, en las que la Fiscalía interesa la práctica de más diligencias, como declaraciones de investigados, testigos y la aportación de diferente documentación.