La Fiscalía niega toda vulneración de los derechos de los acusados, endurece el tono y acusa a los 12 dirigentes independentistas a los que el Tribunal Supremo juzga desde este martes de intentar presentarse "como víctimas de una persecución política", pese a haber "fracturado el orden constitucional", para intentar "sentar en el banquillo al Estado", que sólo habría "intentado restaurar el orden jurídico", según su tesis.

El fiscal Javier Zaragoza ha abierto este miércoles la segunda jornada del juicio al procés [aquí, en directo] para rechazar los argumentos que las defensas expusieron este martes -en los que ve intención "acusatoria"-, despreciando la "ridícula e injustificada" denuncia sobre la violación de derechos que los procesados aseguran haber sufrido.

Según su relato, las defensas se han servido de "múltiples falsedades para "menospreciar la calidad democrática de nuestro país" y del "Estado de derecho". "No se vulneran sus derechos, sino los derechos del resto de ciudadanos", apuntaba, en referencia a la "mayoría silenciosa", "casi el 60% de la ciudadanía" catalana que no participó en la consulta soberanista del 1-O. "A nadie debe extrañarle que la justicia penal reaccione", argumentaba, cuando se recurre a "procedimientos ilegales y métodos violentos".

En la línea, Zaragoza ha negado rotundamente que se trate de un juicio político -"Nadie es o ha sido perseguido por sus ideas", "No es el independentismo lo que se juzga"- y, en su lugar, ha defendido a capa y espada la actuación del tribunal, su respeto por los trámites procesales, e incluso la naturaleza de este procedimiento: "Éste es un juicio en defensa de la democracia española y del orden constitucional". "Nadie está por encima de la ley y actuar al margen de la legalidad no puede quedar impune", apostillaba. 

Por otro lado, el fiscal ha negado también que el derecho a la autodeterminación cuente con "cobertura normativa nacional o internacional", como esgrimen las defensas, y que pueda permitirse la comparecencia como testigo del expresident Carles Puigdemont -"Procesado por rebelde"-, como piden las defensas y como ha rechazado el Supremo. De hecho, el representante del Ministerio Público ha dejado caer que la Justicia alemana incumplió "palmariamente" el marco legal que regula la Euroorden al rechazar la extradición de Puigdemont por un presunto delito de rebelión. "Asumió las funciones de enjuiciamiento".

El tono de Zaragoza ha ido mutando, tornándose más agresivo en ocasiones, hacia el final de su intervención, cuando ha exculpado al "Estado" -más bien al Gobierno- de la "falta de diálogo" político con la Generalitat. El desprecio de los soberanistas por el marco legal, según su relato, habría desembocado en una "secesión consumada" que "afortunadamente fue neutralizada". "El diálogo desde la imposición y al margen de la legalidad, no es aceptable en una sociedad democrática", apostillaba.

Por justificar, el primer representante del Ministerio Público en la jornada ha tildado hasta en dos ocasiones de "uso legítimo y proporcionado" de la fuerza policial el que hicieron los agentes del operativo que intentó impedir las votaciones del referéndum del 1-O. Las imágenes de las cargas dieron la vuelta al mundo y provocaron las críticas de organizaciones como la ONU o Amnistía Internacional, pero el fiscal sostenía este miércoles que sólo hubo "dos heridos graves", lo que supone un "uso legítimo y proporcionado de la fuerza".

En cualquier caso, estos "hechos violentos" tampoco serían, en su juicio, atribuibles a los agentes, sino a los dirigentes independentistas: "Los hechos violentos del 1-O no creo que deban ser atribuidos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino a los que movilizaron a miles de ciudadanos que como muros humanos impidieron la legítima actuación policial". 

El "cóctel explosivo" de mossos y "murallas humanas"

Tras el turno de Zaragoza ha tomado la palabra el fiscal Fidel Cadena, segundo representante del Ministerio Público en la causa. Con un tono más pausado, pero con planteamientos similares –"No hay legalidad democrática fuera de la legalidad constitucional, no hay atajos, no hay extramuros"; "Éste juicio es el triunfo de la democracia”-, Cadena ha asegurado que el “plan organizado y minucioso” de los independentistas contemplaba el uso de la violencia en “murallas humanas que se lanzan contra las fuerzas de seguridad del Estado". 

Según este relato, a esas "murallas humanas" que los dirigentes soberanistas querían usar "como escudos humanos" se unió "el poder del uso coercitivo del derecho", el de los "Mossos d'Esquadra que se ponen completamente al lado de la rebelión", lográndose un "cóctel explosivo" que obligó a recurrir al derecho penal.
(Habrá ampliación)