El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se ha mostrado este lunes en contra de la 'reforma exprés' que se va a llevar a cabo para aforar al rey Juan Carlos, lo que, en su opinión, trasmite a la ciudadanía una sensación de que 'algo ocurre'. En declaraciones a los periodistas antes de participar en las Jornadas Derechos Sociales: propuestas para el cambio, celebradas en el Parlamento andaluz, Garzón ha dicho ser contrario a los aforamientos con 'carácter general' y a aquellos urbi et orbi con un aforamiento 'hacia adelante y hacia atrás en lo civil y en lo penal'.

'No deben ser una norma, aunque reconozco que sí tiene que haber determinadas protecciones cuando se ejerce un cargo como es el parlamentario o el de determinadas autoridades que tienen que estar protegidas por aquellos hechos que se refieren al desarrollo de su función', ha añadido. Para Garzón, los aforamientos suponen una 'desconfianza clara y manifiesta' hacia el poder judicial en un estado democrático. 'Parece que son más fiables determinados jueces que han sido nombrados de una determinada forma que los jueces profesionales que han sido nombrados y que de manera independiente desarrollan su trabajo', ha apostillado.

En este contexto, ha insistido en que los aforamientos son una 'excepción' y una prerrogativa que tiene que ir 'muy aparejada' al ejercicio de la función, 'y para nada después de la función, lo que supone una extensión intolerable, que en España no existe'.

En su opinión, lo, que se procura con la ley orgánica para aforar al rey Juan Carlos, exjefe del Estado, es 'contrario' a toda la dinámica que hasta ahora se había producido. Y es que, según ha señalado Garzón, 'el fuero va hasta el momento en el que se cesa en la función, a partir de entonces vuelves a ser un ciudadano normal'. 'En este caso yo entiendo que se establezcan unas garantías pero no tiene mucho sentido hacer una reforma exprés prácticamente como la de la jurisdicción universal', ha apuntado Garzón, quien ha advertido de que 'parece que ocurre algo si no llegamos a tiempo'.

Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha señalado que el aforamiento del rey, que prevé incluirse vía enmienda en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), 'no es un privilegio' porque supone una 'renuncia obligada' a la segunda instancia y lo que busca es 'fortaleza institucional'. Ruiz-Gallardón se ha referido a este asunto al término de su intervención en el congreso organizado en Madrid por el Club Español de Arbitraje y ha defendido la 'corrección absoluta parlamentaria' de la opción elegida para aprobar el aforamiento de Juan Carlos I, que es la de introducir una enmienda en dicho sentido en la reforma de la LOPJ que se tramita esta semana para regular la jubilación y los días de permiso para asuntos propios de los funcionarios de Justicia.

Para el ministro, la opción elegida por el grupo parlamentario popular es correcta porque la enmienda se realiza a la LOPJ, que es la norma que debe regular esta figura pues es la que establece quiénes son el resto de aforados en este país. A su juicio, 'carece de sentido' que teniendo en cuenta quienes son aforados en este país no lo sea quien ha sido el jefe del Estado durante los últimos 40 años.