La Generalitat apuesta por un "referéndum a la escocesa" avalado por un informe de expertos
Aragonès ha anunciado que, una vez celebrada la investidura, convocará a los partidos del Parlament para explorar la propuesta.
Emma Pons Valls
Barcelona-Actualizado a
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, apuesta por un referéndum acordado con el Estado como herramienta para resolver el conflicto político. Es la vía escogida dentro de las propuestas por los expertos del conocido como Acuerdo de Claridad, que han presentado su informe este lunes y sobre el que el Govern ha debatido en un Consejo Ejecutivo extraordinario.
"Un referéndum es posible, viable, legal y puede ser una solución compartida"
"La apuesta es clara: un referéndum es posible, viable, legal y puede ser una solución compartida para resolver el conflicto", ha afirmado Aragonès en una comparecencia en el Palau de la Generalitat. Sería una consulta sobre la independencia, con respuesta de 'sí' o 'no' y que tenga consecuencias para implementar el resultado.
Superada la investidura del presidente del Gobierno español, actualmente en negociación, Aragonès convocará una mesa de partidos para exponer la propuesta. Se trata de un movimiento que el PSC ha reclamado en numerosas ocasiones para abordar el conflicto.
Búsqueda de los instrumentos jurídicos
Este referéndum "a la escocesa", tal y como ha dicho Aragonès, es una de las cinco fórmulas de consulta acordada que han propuesto los expertos en el informe sobre el Acuerdo de Claridad, además de dos mecanismos alternativos que no implican votación. Se trata de un consejo académico que asesora al Govern sobre vías para resolver el conflicto.
Aragonès encarga un nuevo informe sobre los instrumentos jurídicos
Ahora Aragonès encargará al Instituto de Estudios sobre el Autogobierno un nuevo informe que explore los instrumentos jurídicos que podrían utilizarse para llevar a cabo esta consulta. "Hay que concretar los caminos jurídicos para hacerlo posible", ha asegurado.
Precisamente, el trabajo realizado por el equipo de expertos liderado por el politólogo Marc Sanjaume admite que el encaje jurídico sería uno de los arrecifes a superar de un hipotético referéndum. En este sentido, recuerda la jurisprudencia contraria a los referéndums secesionistas que ha fijado el Tribunal Constitucional a partir de las propuestas unilaterales vasca y catalana. Y, de este modo, insiste en la necesidad de que la solución sea acordada para facilitar una respuesta distinta al TC.
En esta línea, el president de la Generalitat ha destacado la necesidad de un "acuerdo" con el Estado para avanzar en la resolución del conflicto político y también ha mencionado que "un referéndum sobre el territorio afectado no es una solución extraña, sino habitual, en los conflictos de soberanía".
Las diferentes vías
El trabajo académico, comenzado hace seis meses por encargo del president, plantea dos posibles direcciones para la resolución del conflicto: "La acomodación de la demanda de secesión", que "debería contar con una posibilidad de expresión institucionalizada en el marco del acuerdo y, por tanto, convertirse en un horizonte político realizable en caso de que tuviera los apoyos necesarios por parte de la ciudadanía"; y "la acomodación en el seno del estado vigente", que también pasaría por un incremento del autogobierno.
En una rueda de prensa previa a la comparecencia de Aragonès, Sanjaume ya había manifestado que el Comité Académico se decanta también por un referéndum acordado, en el que solo se vote en Catalunya, como mejor vía de solución del conflicto. Además, "recomienda" la figura del mediador internacional pero no la considera "indispensable".
Entre las cinco vías propuestas por los expertos estaba también la opción de celebrar un referéndum en el conjunto del Estado, pero alertan de que si hay resultados divergentes esto "podría atizar aún más el choque entre mayorías estatales y minorías territoriales".
El politólogo también ha avisado de que el Estado podría "bloquear" la resolución del conflicto, en caso de que un referéndum "final" en todo el territorio español rechazara la opción mayoritaria en una consulta "inicial" en Catalunya.
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