El Gobierno no ha querido confirmar si congelará el sueldo a los funcionarios en 2021. Este jueves, las vicepresidentas Carmen Calvo y Nadia Calviño han mantenido posturas dispares al ser preguntadas por ello en sus intervenciones ante los medios de comunicación tras las informaciones que aseguran que el Ejecutivo se está planteando esa congelación salarial. 

Calvo ha sido la más tajante y ha negado que el Gobierno haya incluido la cuestión en el borrador de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que está preparando. "No. No está eso en la mesa. En la mesa está ya una fase interna de avance de una propuesta de Presupuestos Generales del Estado para la que estamos pidiendo a todo el arco parlamentario que ayude, cada cual con lo que puede", ha asegurado la vicepresidenta primera en una entrevista en Antena 3.

Sin embargo, poco antes Calviño no descartaba la posibilidad de congelar el sueldo de los empleados públicos. "Estamos montando la arquitectura de los PGE, las decisiones se tomarán teniendo en cuenta una multiplicidad de factores", ha respondido en una entrevista en Cope.

Además, durante la misma intervención, la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha recordado que se prevé que haya "inflación cero", con lo que, ha dicho, tras las ganancias obtenidas en los últimos años, los funcionarios y pensionistas no perderán poder adquisitivo en caso de que se congelen los sueldos.

"Este año los funcionarios han dado lo mejor de sí mismos. Hablamos de profesores, médicos, policías, Ejército, gente que trabaja en la Administración... Tenemos que reconocer todo su esfuerzo y trabajo", ha declarado Calviño antes de valorar como "importante y positivo" las "ganancias de poder adquisitivo" de los empleados públicos y de los pensionistas. 

En tanto, fuentes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública han asegurado a Europa Press que hasta que no se apruebe el proyecto de ley de PGE "no hay nada" decidido al respecto.

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha rechazado que se congele el salario de los funcionarios y ha reclamado un acuerdo de mejora de las condiciones laborales de todos los empleados públicos.

El sindicato ha recordado en un comunicado que los empleados públicos están en primera línea manteniendo el país frente a la pandemia del coronavirus y que el sindicato no aceptará medidas unilaterales por lo que urge a iniciar una negociación con el Gobierno "ya".

Ha recordado que los empleados públicos arrastran una pérdida de poder adquisitivo de entre el 12,9% y el 17,9% desde 2010 y, por ello, reclama un acuerdo de legislatura que contemple una recuperación progresiva de la estructura salarial previa.

"Exploraremos todos los escenarios"

Por otra parte, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que, ante la posibilidad de que la crisis económica obligue a 'congelar' los sueldos públicos para el próximo año, "le corresponde a Función Pública explorar todos los escenarios".

"Exploraremos todos los escenarios y, cuando se tenga tomada una decisión así lo comunicaremos", ha dicho, en una rueda de prensa en el Congreso, en el que ha comparecido tras defender ante el Pleno de la Cámara Baja el decreto ley aprobado por el Gobierno para dar salida a los remanentes de tesorería de los ayuntamientos.

Además, Montero ha recordado que estos sueldos públicos han sido actualizados por encima del IPC, por lo que funcionarios y demás empleados públicos han "ganado poder adquisitivo en los últimos años", ha dicho, antes de aclarar que no le consta que haya una decisión adoptada al respecto.

"Los recursos son limitados" y habrá "ajustes fiscales"

La portavoz del Ejecutivo ha explicado que "el país se enfrenta a una situación muy complicada" y que por ello debe "estudiar todas las alternativas". "Los recursos son limitados y estamos trabajando, el Ministerio de Función Pública y Política Territorial está trabajando en ese entorno, viendo todas las posibilidades posibles", ha aseverado.

Montero ha explicado que la crisis económica ha provocado una caída de los ingresos tributarios, mermando la capacidad de recaudación de las administraciones y que por ello serán necesarios "algunos ajustes fiscales" en los próximos Presupuestos Generales del Estado de 2021.

"Pero intentando que la capacidad que tenemos en este momento blinde los servicios públicos, que es un elemento fundamental para que los ciudadanos cuenten con un colchón de seguridad", ha apostillado, citando además el abono de los ERTE y el ingreso mínimo vital, nueva prestación reconocida por la Seguridad Social que "ha venido para quedarse".