El Gobierno ha respondido hoy a los críticos con las ocho detenciones de la Guardia Civil efectuadas en el marco de la llamada operación Jaque el pasado miércoles en el País Vasco y Navarra y que afectan al entorno de los presos de ETA, principalmente a sus abogados. La vicepresidenta ha señalado a quienes, como el Ejecutivo vasco, acusan al Ministerio del Interior de oportunismo, 'ligereza y cortoplacismo' con la operación por tratar de recuperar el favor de las víctimas de los terroristas -que acusan a Mariano Rajoy de haberles traicionado- que es un juez quien autoriza las detenciones y que éstas 'no se deciden de la noche a la mañana'.

Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha explicado que la actuación llevada a cabo cuatro días después del acto de expresos en Durango (Bizkaia) es fruto de una preparación 'muy larga y extensa', que ha requerido 'una profunda organización, análisis y estudio de las fuerzas de seguridad', pero también de 'una autorización judicial'.

La número dos del Gobierno se ha referido asimismo a la votación del PSOE de Euskadi (PSE) en San Sebastián, donde ha apoyado una resolución de PNV y Bildu que tildaba de 'obstáculo' para la paz la operación Jaque. Para la portavoz, lo 'normal es que partidos y oposición exijan a los gobiernos el cumplimiento de la ley' y no lo contrario, como en este caso, aunque ha garantizado que este Ejecutivola cumplirá 'también en materia antiterrorista' y 'aunque nadie se lopida'.

Respecto a la filtración de las detenciones del miércoles, efectuada media hora antes de que éstas comenzasen desde el Ministerio del Interior, Santamaría ha zanjado el asunto rápidamente, primero, insistiendo en el 'fallo humano' que 'ojalá no se hubiese producido', pero que es normal que ocurra. Y segundo, recordando que la Fiscalía, tras escuchar el testimonio del exresponsable de Comunicación del Departamento de Jorge Fernández Díaz, ha cerrado la investigación sobre este asunto. La vicepresidenta ha alabado al ex alto cargo deInterior por haber presentado su dimisión.

Tras la polémica generada en el seno del Partido Popular por laaprobación del anteproyecto de la reforma de la ley del aborto, presentado por el ministro de Justicia el pasado 20 de diciembre, lavicepresidenta ha garantizado hoy que hay abierto un 'trámite' de estudio y análisis de los informes que se han pedido hasta a nueve organismos (ministerios de Educación y de Sanidad o Consejo Generaldel Poder Judicial, entre otros) y a todas las comunidades autónomas.

Asimismo, Sáenz de Santamaría ha informado de que el Ejecutivo estáabierto a escuchar todas las 'sugerencias' que hagan los grupos políticos durante el trámite parlamentario de la ley Gallardón. El anteproyecto aún tiene que volver al Consejo de Ministros antes deiniciar su proceso en Cortes, aunque el titular de Justicia habíaasegurado en dos entrevistas al menos que su texto original 'no se tocaría'.