El Gobierno da por hecho que Sánchez y Torra se reunirán en Barcelona

El Gobierno da por prácticamente seguro que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, mantendrán el próximo viernes un encuentro en Barcelona aprovechando la celebración del Consejo de Ministros en la Ciudad Condal en el que se aprobarán medidas "simbólicas".

Fuentes del Ejecutivo creen que todo apunta a que se celebrará esa reunión bilateral, "cara a cara" y sin más miembros de sus respectivos gobiernos, lo que evitaría la cumbre entre ambos ejecutivos a la que aspira el presidente catalán.

Aunque oficialmente sigue sin confirmarse la reunión, las fuentes apuntan a que podría celebrarse tras la sesión del Consejo de Ministros, previsto en la Llotja de Mar de Barcelona, muy cerca del Parque de la Ciutadella, donde se ubica el Parlament.

En una conversación informal con los periodistas durante la tradicional copa de Navidad que ofrece el Ejecutivo en el Palacio de la Moncloa, Pedro Sánchez solo ha dado viabilidad a un encuentro uno a uno con Torra y ha reiterado que el que haya o no reunión depende del president.

Tampoco ha confirmado que vaya a estar presente la víspera del Consejo de Ministros en el acto de entrega de los premios Ferrer Salat, que concede anualmente la patronal Foment del Treball, y en el que también podría coincidir con Torra. Lo que sí está previsto es que a esta gala acudan seis ministros del Gobierno central del área económica.

Sánchez espera mantener la mejor interlocución con Torra y un diálogo fructífero sobre las cuestiones que realmente importan a los ciudadanos. No obstante, el Ejecutivo sí aprecia una división en el frente independentista. En relación con la seguridad en Barcelona y la previsión de que puedan producirse incidentes por parte de grupos independentistas radicales, el Ejecutivo confía en que no haya altercados graves y que todo discurra mejor de lo que podrían prever algunos.

Sobre el contenido del Consejo de Ministros de Barcelona, Sánchez ha informado de que, además de aprobar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros al mes, tramitará alguna medida de carácter laboral que anunciará mañana en su comparecencia ante el pleno del Senado. De la misma forma, aprobará decisiones relativas a Catalunya en materia de infraestructuras, inversiones y alguna de carácter "simbólico", aunque no ha ofrecido más detalles al respecto.

Tal y como ya avanzó el Gobierno, la intención de Sánchez es seguir llevando el Consejo de Ministros a todas las comunidades autónomas, y la próxima que albergará una reunión del Gabinete será Extremadura, después de la petición que en ese sentido le ha realizado el presidente autonómico, Guillermo Fernández Vara. En su agenda para el nuevo año incluye un viaje a México sin fecha concreta en respuesta a una invitación que le ha cursado el nuevo presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador.

Cartas a los principales líderes europeos

Los cuatro presos independentistas que están en huelga de hambre en la cárcel de Lledoners (Barcelona) han enviado este lunes más de 40 cartas a los principales líderes europeos para "internacionalizar" su denuncia de "bloqueo" por parte del Tribunal Constitucional, que también llevarán al Tribunal de Estrasburgo. Durante una rueda de prensa en el Centro Cultural Blanquerna de Madrid para analizar la situación de estos presos, Jordi Turull y Jordi Sànchez, Josep Rull y Joaquim Forn, se ha informado de que recurrirán en los próximos días al Tribunal Europeo de Estrasburgo, pese a no haber agotado las vías ordinarias en España.

La portavoz de los presos en huelga de hambre, Pilar Calvo, ha explicado que Pedro Sánchez ha sido informado asimismo por carta del envío de las misivas dirigidas a los dirigentes de los países de la UE, así como a los presidentes del Consejo y de la Comisión Europea y del Europarlamento. En la carta, sobre las nueve personas que se encuentran en prisión por el "procés", se asegura que el procedimiento judicial evidencia una "vulneración muy severa" de sus derechos fundamentales y una "situación injusta" por la "politización" de los órganos judiciales españoles.