El Gobierno desactiva la política penitenciaria de excepción contra los presos de ETA que diseñó Felipe González

Las "Mirentxin" ya no bajan a Andalucía. Las furgonetas que cada fin de semana trasladan a los familiares de presos de ETA hasta las cárceles donde se encuentran los miembros de ese colectivo han puesto fin a los viajes kilométricos hasta las prisiones del sur de España. La razón hay que buscarla en Madrid: el Gobierno ha acelerado los pasos necesarios para poner fin a la cara más dura de la dispersión carcelaria aplicada durante más de 30 años contra los presos vascos condenados por delitos de terrorismo. 

Diez años después de la Conferencia de Aiete y de la declaración de cese definitivo de la violencia por parte de ETA, el capítulo que giraba en torno a la política penitenciaria también empieza a escribir su final. Lo hace entre los recuerdos de las familias que perdieron a 16 allegados en accidentes de carretera ocurridos cuando iban o volvían de una visita carcelaria. 

Los cambios, en realidad, no empezaron a vaticinarse hasta el verano de 2018. En junio de ese año, tras la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de La Moncloa, el presidente Pedro Sánchez anunció que la política penitenciaria comenzaría a ser aplicada "de otra manera". Entonces comenzó un goteo de acercamientos de presos que aproximadamente un año después cobró cierto impulso y que hoy ya es un hecho tan palpable como admitido por todas las partes. 

"Es evidente que el cambio en el mapa ha sido notable. Hemos conseguido vaciar las cárceles de Andalucía, Levante y Galicia", afirma a Público Patricia Vélez, portavoz del colectivo de familiares Etxerat. "No es lo mismo viajar a Burgos que a Algeciras", ejemplifica. 

Según datos de esa organización, en España hay actualmente 176 presos de ETA, de los cuales 78 están en centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra. El resto "sigue en cárceles periféricas", explica Vélez. Aranjuez  y Estremera, ubicadas en un radio superior a los 500 kilómetros de Euskadi, son ahora mismo las prisiones más lejanas en la que hay reclusos del denominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK, por sus siglas en euskera). Asimismo, 20 están en La Rioja y otros 19 en Cantabria.

De acuerdo a los datos facilitados por Etxerat, otros 21 reclusos se encuentran en prisiones francesas. De ellos, 13 están en Lannemezan, a 330 kilómetros de Euskal Herria, y otros tres en Mont de Marsan, a 260 kilómetros. 

"Se ha movido el elefante: se están dando pasos en la solución de este problema, pero hay que intentar que sean lo más definitivos posibles", afirma a Público la ex presa Kiziktza Gil de San Vicente, ahora responsable de Acción Política de Sortu. En tal sentido, señala que actualmente "se está dando un desbloqueo para que los presos y presas puedan tramitar el camino jurídico y humanizar su situación".

Los acercamientos impulsados por el Gobierno –ajustándose además estrictamente a la legalidad penitenciaria vigente– supone la desactivación de la política penitenciaria de excepción que puso en práctica el Gobierno de Felipe González en los años 80 y que consistió básicamente en la dispersión y alejamiento de los presos condenados por delitos relacionados con ETA.

"Entre 1987 y 1988 se dan los primeros pasos en la política de dispersión y en el mayor alejamiento de las presas y presos políticos. La aplicación universal, sistemática y generalizada tiene lugar en mayo de 1989. Las presas y presos vascos son alejados incluso a cárceles de las Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla", recoge un informe de la hemeroteca de Etxerat. 

"Contra los familiares no se dictó ninguna condena, pero hemos tenido un castigo añadido", afirma Vélez, quien se refiere así al "desgaste físico, psicológico y económico" que supuso la política de alejamiento. "Para la persona presa, la dispersión supone obstáculos añadidos a la hora de tener una relación normalizada con tu familia y con tu entorno", destaca por su parte San Vicente.

Acercamientos y cambio de grado

En ese contexto surge otro dato relevante: el Gobierno Vasco acaba de asumir la competencia de Prisiones, algo marcado por el Estatuto de Gernika. "No se trata solo de transferir edificios y funcionarios: también a los presos que están fuera de la CAV", señala por su parte el exconsejero de Justicia del Gobierno Vasco en la época de Ibarretxe y actual portavoz de la red ciudadana Sare, Joseba Azkarraga, quien prevé que "será un proceso gradual", en el que los reclusos "irán solicitando ser llevados a las cárceles de vascas". 

Del mismo modo, los cambios en política penitenciaria se observan también en las clasificaciones de grado en la que se encuentran los presos agrupados en el EPPK: "Hoy solo queda un preso en primer grado, cuando antes estaba el 100%. Eso es un alivio tanto para la vida del preso como para los familiares", afirma la portavoz de Etxerat.