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El inminente fin de la política de alejamiento contra los presos de ETA abre un nuevo escenario en Euskadi

La red ciudadana Sare anuncia que centrará sus esfuerzos en conseguir que los reclusos sean trasladados a cárceles situadas en el País Vasco. El Gobierno de Iñigo Urkullu asumirá formalmente en octubre la competencia de Prisiones.

Movilización de Sare
Imagen de archivo de una movilización de la red ciudadana Sare. H. Bilbao / EUROPA PRESS

Tres años después de la disolución de ETA, los presos vascos condenados por delitos de terrorismo están más cerca de Euskadi. El Gobierno ha dado pasos para poner fin a la política penitenciaria de dispersión que inauguró a finales de los ochenta otro Ejecutivo socialista, entonces en manos de Felipe González. Aquellas medidas de alejamiento, denunciadas por la mayoría política  y sindical de Euskadi como un castigo añadido a sus familias, están ya condenadas a formar parte del pasado.

"En el camino quedaron el cansancio físico y mental de personas de
avanzada edad, así como de criaturas abrumadas por largos desplazamientos; los subsiguientes accidentes de tráfico, que se han cobrado la vida de 16 personas; un gran esfuerzo económico para todas ellas... En definitiva, un cruel castigo para quienes nunca fueron juzgados por delito alguno, pero que han
sufrido las consecuencias de una política penitenciaria inhumana y diseñada para represaliar", ha destacado este jueves la red ciudadana Sare, que nació precisamente para denunciar esos casos y que ahora, en medio de un nuevo escenario, ha anunciado un cambio de rumbo.

La decisión del Gobierno de coalición de poner fin a la dispersión se nota ya en las cárceles: en Almería y Murcia, por ejemplo, ya no hay integrantes del denominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK por sus siglas en euskera). Desde que Pedro Sánchez anunciara en el verano de 2018 que empezarían a darse cambios en materia de política penitenciaria, Interior ha acercado de forma progresiva a decenas de reclusos.

En ese contexto, el Foro Social Permanente destaca en un informe reciente que "la inmensa mayoría de las 184 personas encarceladas en el Estado español que componen el EPPK, independientemente del grado en el que estén, han aportado motu proprio escritos desde su trayectoria vital y su vivencia personal, en los que hacen un reconocimiento expreso del daño causado, un reconocimiento del dolor de las víctimas y muestran su empatía hacia el sufrimiento de las víctimas".

"Asimismo, expresan su compromiso exclusivo por las vías pacíficas y democráticas desvinculándose de la violencia como medio de acción política de futuro y muestran una voluntad o compromiso de recorrer la vía penitenciaria", destaca el Foro. 

Con esos datos sobre la mesa, Sare ha destacado este jueves que "un número importante de presos y presas continúan dispersadas por la mitad norte de la Península, a la espera de su ubicación en los centros penitenciarios de Euskal Herria", algo que "continúa siendo un objetivo irrenunciable para una gran parte de la sociedad vasca".

Esta organización ha citado la transferencia de la competencia de Prisiones a Euskadi, que se materializará el próximo 1 de octubre, como un punto clave en ese "nuevo tiempo". En tal sentido, instó a la aplicación por parte del Gobierno Vasco de "una nueva política penitenciaria de carácter humanista y tendente a la
sustitución, con el estudio previo de cada uno de los casos, de las penas privativas de libertad por otras más acordes a la nueva situación que estamos viviendo". 

"Estamos reivindicando amortizar una política penitenciaria de excepción, basada en el Derecho penal del enemigo y diseñada para tiempos pasados, y sustituirla por otra basada en la ley ordinaria", sostiene Sare, que llama a dar pasos hacia una política penitenciaria basada en los principios de "humanidad, reparación y convivencia". 

"Criterios políticos"

Entre otros aspectos, destacó que "más del 90% de estas personas encarceladas, si no hubieran sido objeto de una política de clasificación basada en criterios estrictamente políticos, podrían haber disfrutado con la normativa penitenciaria ordinaria, de los permisos propios del segundo grado", lo que les hubiese permitido "situarse hace tiempo en el umbral del tercer grado".

Del mismo modo, "más de un tercio ha cumplido -en algunos casos desde hace tiempo- las tres cuartas partes de las condenas impuestas por los tribunales", por lo que "con la aplicación de una política penitenciaria no excepcional habrían llegado ya al tercer grado y accedido a la libertad condicional".

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